Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
|
[352] Corte Constitucional. Sentencia C-082 de 2018.
[353] Por medio del cual se dictan disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado.
[354] "ARTÍCULO 22A. Como una garantía de No Repetición y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, y en particular de la Fuerza Pública, en todo el territorio, se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes".
"La ley regulará los tipos penales relacionados con estas conductas, así como las sanciones disciplinarias y administrativas correspondientes".
[355] "De común acuerdo se aceptó la propuesta del constituyente Antonio Navarro Wolff, para redactar un Artículo transitorio en los siguientes términos: || 'Como consecuencia del espíritu de paz y concordia que inspira esta Constituyente y en desarrollo del Artículo 48 de la actual Constitución, el Gobierno dispondrá el recaudo de armas de uso privativo de la Fuerza Pública y no contempladas en la Ley, que estén en poder de los particulares".
[356] Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-038 de 1995 y C-296 de 1995.
[357] Corte Constitucional. Sentencia C-038 de 1995.
[358] Corte Constitucional. Sentencia C-038 de 1995.
[359] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Orientaciones de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden, p. 47.
[360] Ib., p. 1. Por ejemplo, los proyectiles de impacto cinético, de ser apuntados a la cara o a la cabeza, "puede provocar la fractura del cráneo y lesiones cerebrales, daños en los ojos, incluida la ceguera permanente, e incluso la muerte" (ib., p. 40).
[361] Ib., p. 47.
[362] Organización de las Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. A/HRC/26/36, 2014, párr. 102.
[363] Ib., párr. 104 y 105.
[364] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Protesta y Derechos Humanos, párr. 120 (OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.22/19, septiembre de 2019).
[365] Ib., párr. 121.
[366] Cfr. Decreto 1563 de 2022, art. 2.2.4.5.4.
[367] Ib., arts. 2.2.4.5.5 y 2.2.4.5.6.
[368] Ib., art. 2.2.4.5.7.
[369] Ib., art. 2.2.4.5.8.
[370] "Por el cual se adicionan unos artículos al Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 3 del Decreto 1070 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa sobre la clasificación y reglamentación de la tenencia y el porte de las armas traumáticas".
[371] Decreto 1417 de 2021, en el que se cita el estudio balístico de armas de fuego vs. armas traumáticas, suscrito por la Jefatura de Policía Científica y Criminalística, Área de Respuesta Antiterrorista e Incidentes NBQRE (CIARA), Laboratorio de Balística Forense de 19 de mayo de 2021.
[372] "Por medio del cual se adiciona el Capítulo 5 al Libro 2, Parte 2, Título 4 del Decreto 1070 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa sobre la clasificación y reglamentación del porte de las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales"
[373] Gaceta del Congreso número 1725 del 29 de noviembre de 2021, p. 23.
[374] "No obstante, el número de armas no letales existentes en Colombia sigue siendo incierto, calculándose que en el 2019 se importaron 193.107, mientras que para el 2022 fueron 190.706, para un total de 383.813; lo que representa un incremento del 307% en comparación de las armas no letales importadas en los años 2017 y 2018, que correspondió a un total de 125.079.
"Ahora, entre el 2017 y el 2020 fueron importadas 508.892 armas no letales, lo que permite deducir, que si cada una de éstas fue adquirida por una persona diferente, se estaría hablando de una cantidad que duplica el número de personas naturales a quienes le fueron expedidos permisos para porte y tenencia, en el marco del Decreto Ley 2535 de 1993 'Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos" reglamentado por el Decreto 1809 de 1994 que para el 2019 correspondió a un total de 339.160" (Ib. p. 23)
[375] "[...] Sin embargo, las armas no letales compradas por los ciudadanos del común no cuentan con estudios que garanticen su idoneidad para el uso dentro del conglomerado social". (Ib. p. 23).
[376] De conformidad con la jurisprudencia constitucional, "[l]a integración de la unidad normativa es un mecanismo excepcional que se traduce en 'una facultad (...) [de] la Corte (...) [para] integrar enunciados o normas no demandadas, a efectos de ejercer debidamente el control constitucional y dar una solución integral a los problemas planteados por el demandante o los intervinientes'. El uso de esa potestad le permite a esta Corporación garantizar la coherencia del ordenamiento y la seguridad jurídica, mediante la economía procesal" (Sentencia C-095 de 2019. También ver las sentencias C-055 de 2010, C-149 de 2018, C-124 de 2011 y C-579 de 2013, entre otras).
[377] Una de las hipótesis por las que procede la integración de la unidad normativa consiste en que se "demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada" (Corte Constitucional. Sentencia C-539 de 1999, reiterada en las sentencias C-055 de 2010 y C-149 de 2018).
[378] La jurisprudencia constitucional ha señalado que "la integración normativa procede cuando [...] la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad" (Corte Constitucional. Sentencia C-320 de 1997, citada en la Sentencia C-055 de 2010).
[379] Cfr. https://www.controlarmas.mil.co/conozcanos/mision. "El Departamento Control Comercio de Armas, Municiones, Explosivos y Sustancias Químicas Controladas es una Dependencia del Comando General de las Fuerzas Militares, cuya misión es autorizar y controlar el porte y tenencia de las armas y municiones; el uso y comercialización de explosivos y sustancias químicas controladas, a los particulares y organismos del Estado diferentes a la Fuerza Pública, con el apoyo interinstitucional de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, y otras entidades del Estado, dentro del ámbito de aplicación de la normatividad vigente".
[380] Constitución Política, art. 115.
[381] Decreto 2535 de 1993, art. 5.
[382] Corte Constitucional. Sentencia C-038 de 1995.
[383] Corte Constitucional. Sentencia C-082 de 2018. En esta decisión, además, se indicó que "la aceptabilidad de la coacción armada se fundamenta en que está subordinada a quienes ostentan legitimidad política y, a su vez, su validez se funda en que la actuación de dichas autoridades está delimitada y controlada por el orden jurídico y bajo un modelo respetuoso de la separación de poderes".
[384] En la Sentencia C-193 de 2020 se explicó que, con base en el artículo 115 Superior, "el Gobierno está conformado de manera general por el Presidente de la República, los Ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos, y para '(...) cada negocio particular' por el Presidente y el Ministro o Director de Departamento correspondientes".
[385] Corte Constitucional. Sentencia C-193 de 2020.
[386] Gaceta del Congreso No. 1725 de 2021, pp. 13 a 15.
[387] Corte Constitucional. Sentencia C-630 de 2017.
[388] Es de advertir que el artículo anterior al que se refiere la norma modificó el artículo 348 de la Ley 348 de la Ley 599 de 2000 que reza: // ARTÍCULO 15. MODIFÍQUESE EL ARTÍCULO 348 DE LA LEY 599 DE 2000, EL CUAL QUEDARÁ ASÍ. // Artículo 348. Instigación a delinquir. El que publica y directamente incite, financie o promueva a otro u otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos, incurrirá en multa. // Si la conducta se realiza para cometer delitos de hurto calificado o agravado, daño en bien ajeno simple o agravado o cualquiera de las conductas previstas en el Capítulo II del Título XII del Libro Segundo del Código Penal, la pena será de cuarenta y ocho (48) a (72) setenta y dos meses de prisión. // Si la conducta se realiza para cometer cualquiera de las conductas de genocidio, homicidio agravado, desaparición forzada de personas, secuestro, secuestro extorsivo, tortura, traslado forzoso de población, desplazamiento forzado, homicidio o con fines terroristas, o violencia contra servidor público, la pena será de ciento veinte (120) a doscientos cuarenta (240) meses de prisión y multa de ochocientos (800) a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
[389] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-843 de 1999. MP. Alejandro Martínez Caballero.
[390] Ibid.
[391] Ibid.
[392] Ibid.
[393] Ibid.
[394] En la sentencia C-121 de 2012. MP. Luis Ernesto Vargas Silva. Efectuó el siguiente recuento así: "en la sentencia C-559 de 1999. MP. Alejandro Martínez Caballero se declaró la inconstitucionalidad de dos tipos penales debido a "la ambigüedad de la descripción penal." La misma decisión se tomó en la sentencia C-843 de 1999, que halló contraria a la Constitución una norma sancionatoria pues ella no predeterminaba claramente las conductas punibles, las sanciones y el procedimiento para imponerlas. También en la sentencia C-739 de 2000. MP. Fabio Morón Díaz, en que la Corte declaró la inconstitucionalidad parcial del artículo 6 de la Ley 422 de 1998, que tipificaba el delito de acceso o prestación ilegales de los servicios de telecomunicaciones, debido a que contenía algunas normas demasiado amplias y equívocas. En la sentencia C-205 de 2003. MP. Clara Inés Vargas Hernández la Corte declaró la inconstitucionalidad de una disposición que preveía la sanción penal de quien comerciara con autopartes usadas de vehículos automotores y no demostrara su procedencia bajo el delito de receptación. A juicio de esta Corporación resultaba vulnerado el principio de legalidad, puesto que la tipificación no era suficientemente específica, de manera que podían resultar sancionados "quienes, por ejemplo, no conservan las facturas correspondientes, pero comercian con bienes que pueden tener un origen lícito, ya que sólo quedará exento de responsabilidad quien logre demostrar la adquisición lícita de los mismos". La Corte encontró que "la norma penal resulta siendo ambigua para el ciudadano por cuanto no establece una clara frontera entre cuándo resulta ser lícito o no comerciar con esta clase de mercancías, violándose así el principio de nullum crimen, nulla poena sine lege certa". En esa providencia, luego de una extensa reflexión sobre el principio de legalidad en materia penal, particularmente sobre la importancia del principio de reserva material de ley para la creación de tipos penales, en tanto que manifestación del principio democrático y garantía del pluralismo político, la Corte enunció las manifestaciones más relevantes del principio de legalidad: 1. La prohibición de la analogía (nullum crimen, nulla poena sine lege stricta); 2. La prohibición del derecho consuetudinario para fundamentar y agravar la pena (nullum crimen, nulla poena sine lege scripta); 3. La prohibición de la retroactividad (nullum crimen, nulla poena sine lege praevia); 4. La prohibición delitos y penas indeterminados (nullum crimen, nulla poena sine lege certa); 5. El principio de lesividad del acto (nulla lex poenalis sine iniuria); 6. El principio de la necesidad de tipificar un comportamiento como delito (nullum crimen sine necessitate)".
[395] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-121 de 2012. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[396] Ibid.
Página 2 de 484
"Leyes desde 1992 - Vigencia Expresa y Sentencias de Constitucionalidad"
ISSN [1657-6241 (En linea)]
Última actualización: 15 de julio de 2024 - (Diario Oficial No. 52.797 - 24 de junio de 2024)
Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.