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[351] Exp. D-14691. Demanda, p. 52.
[352] Corte Constitucional. Sentencia C-082 de 2018.
[353] Por medio del cual se dictan disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado.
[354] "ARTÍCULO 22A. Como una garantía de No Repetición y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, y en particular de la Fuerza Pública, en todo el territorio, se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes".
"La ley regulará los tipos penales relacionados con estas conductas, así como las sanciones disciplinarias y administrativas correspondientes".
[355] "De común acuerdo se aceptó la propuesta del constituyente Antonio Navarro Wolff, para redactar un Artículo transitorio en los siguientes términos: || 'Como consecuencia del espíritu de paz y concordia que inspira esta Constituyente y en desarrollo del Artículo 48 de la actual Constitución, el Gobierno dispondrá el recaudo de armas de uso privativo de la Fuerza Pública y no contempladas en la Ley, que estén en poder de los particulares".
[356] Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-038 de 1995 y C-296 de 1995.
[357] Corte Constitucional. Sentencia C-038 de 1995.
[358] Corte Constitucional. Sentencia C-038 de 1995.
[359] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Orientaciones de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden, p. 47.
[360] Ib., p. 1. Por ejemplo, los proyectiles de impacto cinético, de ser apuntados a la cara o a la cabeza, "puede provocar la fractura del cráneo y lesiones cerebrales, daños en los ojos, incluida la ceguera permanente, e incluso la muerte" (ib., p. 40).
[361] Ib., p. 47.
[362] Organización de las Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. A/HRC/26/36, 2014, párr. 102.
[363] Ib., párr. 104 y 105.
[364] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Protesta y Derechos Humanos, párr. 120 (OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.22/19, septiembre de 2019).
[365] Ib., párr. 121.
[366] Cfr. Decreto 1563 de 2022, art. 2.2.4.5.4.
[367] Ib., arts. 2.2.4.5.5 y 2.2.4.5.6.
[368] Ib., art. 2.2.4.5.7.
[369] Ib., art. 2.2.4.5.8.
[370] "Por el cual se adicionan unos artículos al Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 3 del Decreto 1070 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa sobre la clasificación y reglamentación de la tenencia y el porte de las armas traumáticas".
[371] Decreto 1417 de 2021, en el que se cita el estudio balístico de armas de fuego vs. armas traumáticas, suscrito por la Jefatura de Policía Científica y Criminalística, Área de Respuesta Antiterrorista e Incidentes NBQRE (CIARA), Laboratorio de Balística Forense de 19 de mayo de 2021.
[372] "Por medio del cual se adiciona el Capítulo 5 al Libro 2, Parte 2, Título 4 del Decreto 1070 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa sobre la clasificación y reglamentación del porte de las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales"
[373] Gaceta del Congreso número 1725 del 29 de noviembre de 2021, p. 23.
[374] "No obstante, el número de armas no letales existentes en Colombia sigue siendo incierto, calculándose que en el 2019 se importaron 193.107, mientras que para el 2022 fueron 190.706, para un total de 383.813; lo que representa un incremento del 307% en comparación de las armas no letales importadas en los años 2017 y 2018, que correspondió a un total de 125.079.
"Ahora, entre el 2017 y el 2020 fueron importadas 508.892 armas no letales, lo que permite deducir, que si cada una de éstas fue adquirida por una persona diferente, se estaría hablando de una cantidad que duplica el número de personas naturales a quienes le fueron expedidos permisos para porte y tenencia, en el marco del Decreto Ley 2535 de 1993 'Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos" reglamentado por el Decreto 1809 de 1994 que para el 2019 correspondió a un total de 339.160" (Ib. p. 23)
[375] "[...] Sin embargo, las armas no letales compradas por los ciudadanos del común no cuentan con estudios que garanticen su idoneidad para el uso dentro del conglomerado social". (Ib. p. 23).
[376] De conformidad con la jurisprudencia constitucional, "[l]a integración de la unidad normativa es un mecanismo excepcional que se traduce en 'una facultad (...) [de] la Corte (...) [para] integrar enunciados o normas no demandadas, a efectos de ejercer debidamente el control constitucional y dar una solución integral a los problemas planteados por el demandante o los intervinientes'. El uso de esa potestad le permite a esta Corporación garantizar la coherencia del ordenamiento y la seguridad jurídica, mediante la economía procesal" (Sentencia C-095 de 2019. También ver las sentencias C-055 de 2010, C-149 de 2018, C-124 de 2011 y C-579 de 2013, entre otras).
[377] Una de las hipótesis por las que procede la integración de la unidad normativa consiste en que se "demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada" (Corte Constitucional. Sentencia C-539 de 1999, reiterada en las sentencias C-055 de 2010 y C-149 de 2018).
[378] La jurisprudencia constitucional ha señalado que "la integración normativa procede cuando [...] la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad" (Corte Constitucional. Sentencia C-320 de 1997, citada en la Sentencia C-055 de 2010).
[379] Cfr. https://www.controlarmas.mil.co/conozcanos/mision. "El Departamento Control Comercio de Armas, Municiones, Explosivos y Sustancias Químicas Controladas es una Dependencia del Comando General de las Fuerzas Militares, cuya misión es autorizar y controlar el porte y tenencia de las armas y municiones; el uso y comercialización de explosivos y sustancias químicas controladas, a los particulares y organismos del Estado diferentes a la Fuerza Pública, con el apoyo interinstitucional de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, y otras entidades del Estado, dentro del ámbito de aplicación de la normatividad vigente".
[380] Constitución Política, art. 115.
[381] Decreto 2535 de 1993, art. 5.
[382] Corte Constitucional. Sentencia C-038 de 1995.
[383] Corte Constitucional. Sentencia C-082 de 2018. En esta decisión, además, se indicó que "la aceptabilidad de la coacción armada se fundamenta en que está subordinada a quienes ostentan legitimidad política y, a su vez, su validez se funda en que la actuación de dichas autoridades está delimitada y controlada por el orden jurídico y bajo un modelo respetuoso de la separación de poderes".
[384] En la Sentencia C-193 de 2020 se explicó que, con base en el artículo 115 Superior, "el Gobierno está conformado de manera general por el Presidente de la República, los Ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos, y para '(...) cada negocio particular' por el Presidente y el Ministro o Director de Departamento correspondientes".
[385] Corte Constitucional. Sentencia C-193 de 2020.
[386] Colegio de Abogados Penalistas. Intervención de 28 de abril de 2020, pp. 10 y 11.
[387] Ib. pp. 10 a 14.
[388] Ib., pp. 15 y 16.
[389] Ib., p. 18.
[390] Universidad Santo Tomás. Intervención de 1 de agosto de 2022, p. 2.
[391] Ib.
[392] Universidad Externado de Colombia. Centro de Investigación en filosofía y derecho. Concept técnico, p. 1.
[393] Ib., p. 2.
[394] Ib., p. 4.
[395] Ib.
[396] Universidad Sergio Arboleda. Escuela Mayor de Derecho. Departamento de Derecho Penal. Intervención de 4 de agosto de 2022, p. 16.
[397] Ib., p. 27.
[398] Ib., p. 22.
[399] Ib., p. 32.
[400] Ib., p. 34.
"Leyes desde 1992 - Vigencia Expresa y Sentencias de Constitucionalidad"
ISSN [1657-6241 (En linea)]
Última actualización: 31 de octubre de 2024 - (Diario Oficial No. 52.908 - 13 de octubre de 2024)
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