Sobre el particular, ha dicho esta Corte que:

"...incorporar sin sustituir, esto es, sin producir la derogatoria  de las disposiciones legales que se pretende subsumir en un régimen jurídico de imperativo cumplimiento, que puede estar contenido en uno o varios textos,  equivale a realizar labores de compilación carentes de fuerza vinculante, similares a las que efectúan  los particulares."  Dicho en otras palabras, "...significaría no ejercer una competencia de naturaleza eminentemente legislativa, como quiera que, lo que caracteriza a la función de regulación normativa desde el punto de vista material, es la creación de proposiciones jurídicas "con fuerza de ley", esto  es,  la producción de normas jurídicas obligatorias, coercibles y vinculantes." (Sentencia C-558/92, M.P. Ciro Angarita Barón)

Este criterio jurisprudencial encuentra pleno respaldo en el artículo 3° de la Ley 153 de 1887, según el cual se estima "insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regule íntegramente la materia a que la anterior disposición se refiera." (Negrillas y subrayas fuera de texto)

En cuanto a la pensión de invalidez reconocida por el artículo 90 del Decreto 094 de 1989 para los soldados y grumetes, si bien la Corte no encuentra que la misma haya sido incorporada en ninguno de los estatutos especiales a los que se ha hecho referencia, lo cierto es que dicho precepto fue modificado parcialmente por el literal h) del artículo 39 de la Ley 48 de 1993 "Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización".

En estos términos, podría argüirse que los dispositivos demandados, al haber sido modificados e incorporados en sendos estatutos especiales, se encuentran tácitamente derogados y, por tanto, excluidos del correspondiente juicio de inconstitucionalidad por carencia actual de objeto. Sin embargo, como el término de la incapacidad materia de reproche se proyecta en los actuales dispositivos que regulan el tema, y existe la posibilidad de que las normas acusadas estén produciendo efectos jurídicos en razón de su aplicación durante el término en que permanecieron vigentes, resulta necesario emitir pronunciamiento de fondo sobre su contenido material, con el propósito de determinar si se ajusta o no al texto de la Carta Política.

3. La aplicación del principio de igualdad frente a la existencia de regímenes prestacionales diferentes.

Tal como lo enseña la abundante jurisprudencia de esta Corte, el principio constitucional de la igualdad material no sufre desmedro alguno por la sola existencia de regímenes especiales de seguridad social, pues esta específica normatividad tiene como propósito proteger los derechos adquiridos y, al mismo tiempo, regular unas condiciones prestacionales más favorables para cierto grupo de trabajadores a quienes se aplican.

En estos términos, aunque aparentemente resulta válido que, frente a una determinada prestación, exista una regulación distinta a la fijada en el régimen común, hecho que descartaría un posible juicio comparativo por vía de la acción pública de inconstitucionalidad, lo cierto es que también la jurisprudencia de este tribunal ha reconocido que, excepcionalmente, cuando se demuestra que sin razón justificada las diferencias surgidas de la aplicación de los regímenes especiales generan un trato inequitativo y desfavorable para sus destinatarios, frente a quienes se encuentran sometidos al régimen común de la Ley 100 de 1993, se configura una evidente discriminación que impone el retiro de la normatividad especial, por desconocimiento del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 Superior.

Sobre este particular, la Corte afirmó:

"Por las razones anteriores la Corte considera que el establecimiento de regímenes pensionales especiales, como aquellos señalados en el artículo 279 de la Ley 100, que garanticen en relación con el régimen pensional, un nivel de protección igual o superior, resultan conformes a la Constitución, como quiera que el tratamiento diferenciado lejos de ser discriminatorio, favorece a los trabajadores a los que cobija. Pero si se determina que al permitir la vigencia de regímenes especiales, se perpetúa un tratamiento inequitativo y menos favorable para un grupo determinado de trabajadores, frente al que se otorga a la generalidad del sector, y que el tratamiento dispar no es razonable, se configuraría un trato discriminatorio en abierta contradicción con el artículo 13 de la Carta." (Sentencia C- 461/95, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)

Posteriormente, reiteró:

"En general, esta Corporación ha considerado que la consagración de regímenes especiales de seguridad social, como los establecidos en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, no vulnera la igualdad, en la medida en que su objetivo reside, precisamente, en la protección de los derechos adquiridos por los grupos de trabajadores allí señalados. Salvo que se demostrare que la ley efectuó una diferenciación arbitraria, las personas vinculadas a los regímenes excepcionales deben someterse integralmente a éstos sin que pueda apelarse a los derechos consagrados en el régimen general." (T-348/97, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

A partir de tales criterios hermenéuticos, resulta procedente que, por vía de excepción, se realice una valoración constitucional del principio de igualdad material respecto de aquellas prestaciones que, en los regímenes especiales de seguridad social, reciben un trato diferente al reconocido por el sistema general contenido en la Ley 100 de 1993.

Sin embargo, apelando al carácter restrictivo de este juicio de igualdad, derivado de la complejidad e independencia que identifica a los regímenes excepcionales, para establecer la aludida discriminación es necesario que se cumplan los siguientes presupuestos: 1) que la prestación objeto de análisis sea autónoma y separable del conjunto de beneficios contenidos al interior del ordenamiento especial, 2) que éste le otorgue un beneficio inferior al reconocido por el régimen común, y 3) que no esté prevista gracia o dádiva que compense el trato diferente.

Sobre este particular, dijo la Corte en reciente pronunciamiento:

"El análisis precedente muestra que, conforme a la jurisprudencia de esta Corte, en principio no es posible comparar las prestaciones individuales de los regímenes especiales de seguridad social frente a la regulación establecida por el sistema general de pensiones o de salud. Sin embargo, en algunos casos, y de manera excepcional, es procedente un examen de igualdad. Para tal efecto, se requiere que se trate de una prestación claramente separable del conjunto de beneficios previstos por el régimen, en la medida en que tiene una suficiente autonomía y no se encuentra indisolublemente ligada a las otras prestaciones. Por ejemplo, la concesión de un tratamiento médico para ciertas dolencias puede, en muchos casos, no ser separable del conjunto de prestaciones previstas para la salud, por cuanto el régimen provee en general un paquete general de servicios. Así, el régimen de salud de un régimen especial puede ser globalmente superior, aunque sea menos benéfico en relación a un determinado servicio concreto,  sin que por ello exista violación a la igualdad. Pero en cambio, la mesada pensional adicional  o la pensión de sobreviviente del cónyuge supérstite gozan de suficiente autonomía para ser consideradas prestaciones individualizables y separables del conjunto del sistema pensional, por lo cual ha sido procedente en tales eventos un examen específico de una eventual violación a la igualdad, debido a una regulación distinta en el sistema general de seguridad social y en los regímenes especiales.  

"Así las cosas, es posible concluir que existe una discriminación (i) si la prestación es separable y (ii) la ley prevé un beneficio inferior para el régimen especial, sin que (iii) aparezca otro beneficio superior en ese régimen especial que compense la desigualdad frente al sistema general  de seguridad social. Sin embargo, en virtud de la especialidad de cada régimen de seguridad social, en principio éste es aplicable en su totalidad al usuario, por lo cual la Corte considera que estos requisitos deben cumplirse de manera manifiesta para que puede concluirse que existe una violación a la igualdad. Por consiguiente, (i) la autonomía y separabilidad de la prestación deben ser muy claras, (ii) la inferioridad del régimen especial debe ser indudable y (iii) la carencia de compensación debe ser evidente." (Sentencia C-080/99, M.P. Alejandro Martínez Caballero).

En este orden de ideas, para efectos de establecer la posible vulneración del principio de igualdad por parte de las normas acusadas, le corresponde a este Tribunal determinar si la pensión de invalidez reconocida a los miembros de la fuerza pública es una prestación separable y autónoma dentro de la normatividad prestacional que los gobierna e, igualmente, si no existe en el mismo ordenamiento otro beneficio superior que compense la diferencia que se presenta frente al régimen general de seguridad social.

3.1 Autonomía de la pensión de invalidez.

La pensión de invalidez constituye un derecho esencial e irrenunciable de aquel trabajador que ha visto afectada parcial o totalmente su capacidad laboral y carece, en consecuencia, de las condiciones sicofísicas necesarias para abastecerse de los recursos mínimos que le garanticen una subsistencia digna, en lo posible, ajustada a la situación social y económica en que se encontraba antes de adquirir la afección o lesión patológica que limitó sus actitudes de trabajo.

Ahora bien, a partir de la estrecha relación que existe entre la pensión de invalidez y los derechos a la vida, al trabajo y a la seguridad social, la Corte Constitucional le ha reconocido a esta prestación el carácter de derecho fundamental, siempre y cuando concurran las condiciones legales para acceder a ella. A este respecto, ha dicho:

"En cuanto al derecho al trabajo (Preámbulo y arts. 1, 25, 26, 39, 53, 55 y 56 C.N.), que es sin la menor duda un derecho fundamental, basta decir para los propósitos de este fallo que él da lugar a una serie de prestaciones que se reflejan en la seguridad social, pero que en este caso, ésta, por ser derivación directa e inmediata del trabajo, no es la seguridad social genérica y programáticamente universal de que trata el artículo 48 ibidem y de cuyo carácter como derecho fundamental puede dudarse.  La pensión de invalidez de que trata este asunto, aunque está enmarcada dentro del régimen de la seguridad social -específica y concreta, como se ha dicho- es resultado directo e inmediato del trabajo y, como éste, es derecho fundamental y merece especial protección del Estado." (Sentencia T- 481/92, M.P. Jaime Sanin Greiffenstein).

En armonía con el pronunciamiento anterior, en decisión posterior la Corte complementó:

"No sólo la íntima conexidad entre la pensión de invalidez y los derechos a la vida y el trabajo llevan a la Corte a afirmar su linaje de derecho fundamental. La pensión de invalidez es una especie del derecho a la seguridad social, el cual ostenta igualmente el carácter de fundamental cuando su titularidad se predica de personas de la tercera edad (Sentencias T-426/92; T-011/93; T-135/93) o de disminuidos físicos, sensoriales o psíquicos (Sentencia T-427/92)." (Sentencia T-239/93, M.P.

De su naturaleza jurídica, y del tratamiento otorgado por la jurisprudencia constitucional, se infiere entonces la autonomía propia e independencia de la pensión de invalidez, circunstancias que a su vez la hacen separable de las demás prestaciones que conforman el conjunto de servicios de la seguridad social y, en particular, del régimen especial de pensiones, en cuanto se trata de un beneficio económico y de servicio que pretende favorecer exclusivamente al trabajador cuya condición física, sensorial o psíquica ha resultado seriamente afectada.

Así las cosas, la desagregación e inconexión de la pensión de invalidez con el universo de las prestaciones sociales conduciría a pensar que, en relación con su reconocimiento, el régimen especial establecido para los miembros de la fuerza pública en el Decreto 0094 de 1989 es desfavorable frente al régimen común contenido en la Ley 100 de 1993. Ello, por cuanto la pensión de invalidez se concede a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional a partir del 75% de incapacidad sicofísica, mientras la población en general accede a tal beneficio cuando ha perdido el 50% o más de su capacidad laboral.

No obstante lo anterior, para efectos de establecer si la diferencia porcentual puede conducir a una discriminación y, en consecuencia, a la violación del principio de igualdad en los términos señalados por la demanda, es necesario revisar las normas que regulan la prestación en ambos regímenes, a efecto de establecer si las mismas son equiparables y si existen beneficios adicionales en el sistema especial, que tiendan a compensar la aparente diferencia.

3.2 Regulación legal de la pensión de invalidez en el régimen común de la ley 100 de 1993 y en el régimen especial de la Fuerza Pública.

a) La Pensión de invalidez en el régimen común.

De acuerdo con el Sistema de Seguridad Social Integral, contenido en la ley 100 de 1993 y en las demás disposiciones que lo adicionan, reglamentan y complementan, se considera inválida la persona que ha perdido el 50% o más de su capacidad laboral, por circunstancias no provocadas intencionalmente. Con fundamento en la naturaleza de la causa que motivó la incapacidad, el propio ordenamiento establece una diferencia entre la pensión de invalidez por riesgo común (art. 38) y la generada por enfermedad profesional o accidente de trabajo (art. 249).

En relación con el reconocimiento de la pensión de invalidez por causa no profesional o riesgo común, tanto en el régimen de prima media con prestación definida como en el de ahorro individual con solidaridad, el afiliado debe cumplir uno cualquiera de los siguientes requisitos: i) que se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de producirse el estado de invalidez, o ii) que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la incapacidad (art. 39). Una vez cumplidos los requisitos señalados, el monto de está pensión de invalidez lo determina por el ingreso base de liquidación así:

a. El 45% del ingreso, más el 1.5% de dicho ingreso por cada 50 semanas de cotización que el afiliado hubiese acreditado con posterioridad a las primeras 500 semanas de cotización, en los casos en que la disminución de su capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 66%.

b. El 54% del ingreso, más el 2% del mismo por cada 50 semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras 800 semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral es igual o superior al 66%. No obstante lo anterior, en ningún caso la pensión de invalidez por riesgo común puede superar el 75% del ingreso base de liquidación.

Si al momento de invalidarse por riesgo común, el afiliado no hubiere reunido los requisitos exigidos para acceder a la pensión, éste tiene derecho a que se le reconozca el pago de una indemnización sustitutiva (art. 45).

Por su parte, cuando el estado de invalidez se adquiere como consecuencia directa de la labor que desempaña el trabajador –riesgo profesional-, el reconocimiento de la prestación no queda condicionada a cotizaciones mínimas, y su monto se determina de la siguiente manera:

a. Sí la invalidez es superior al 50% e inferior al 66%, se tiene derecho a una pensión de invalidez equivalente al 60% del ingreso base de liquidación.

b. Cuando la invalidez sea superior al 66%, se tiene derecho a una pensión de invalidez equivalente al 75% del ingreso base de liquidación. En los casos en que el pensionado por invalidez necesite el auxilio de otra u otras personas para realizar las funciones más elementales de su vida, el monto de la pensión referida se aumentará en un 15%.

En todos los casos en que la pensión de invalidez se origine en accidente de trabajo o enfermedad profesional, el afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad tiene derecho a que se le entregue la totalidad del saldo abonado a su cuenta individual de ahorro pensional, en cuyo caso no habrá lugar a que se le reconozca el respectivo bono pensional (Ley 100: art. 253).

b- La pensión de invalidez en el régimen especial de la fuerza pública.

De conformidad con lo preceptuado en el último inciso de los artículos 217 y 218 de la Carta Política, le corresponde a la ley determinar el régimen prestacional especial para los miembros de la fuerza pública, en razón de las especiales funciones que le han sido asignadas y que se concretan en la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del orden constitucional, el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y la garantía de una convivencia pacífica y justa.

En armonía con dicha preceptiva, es el Decreto 0094 de 1989 el que regula de manera general lo relativo a la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Soldados, Grumetes, Agentes y Alumnos de las Escuelas de Formación.

El tema de la capacidad sicofísica, encuentra desarrollo en el título segundo del mencionado decreto, que la define como las condiciones físicas y psíquicas que debe reunir el personal para el ingreso y permanencia en el servicio, teniendo en cuenta su categoría y su cargo (art. 2°). Así, se considera apto "el que presente condiciones sicofísicas que permitan desarrollar normal y eficientemente la actividad militar, policial y civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones" (art. 3°). Los exámenes de capacidad sicofísica se practican siempre que concurran las siguientes situaciones: a) reclutamiento, b) ingreso, c) escalafonamiento, d) ascenso, e) controles para curso o especialización, f) comisión al exterior, g) retiro o licenciamiento, h) reintegro, i) definición de la situación médico-laboral y j) revisión ordenada por sanidad militar (art. 5°).

En lo que se refiere a las incapacidades, es el título tercero el encargado de su regulación, señalando que hay lugar a ella cuando se presenta una disminución o pérdida de la capacidad sicofísica y de trabajo, causada por lesiones o enfermedades adquiridas durante el servicio por el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Soldados, Grumetes, Agentes y Alumnos de las Escuelas de Formación (art. 14). El título cuarto señala los organismos y autoridades médico-militares y de policía encargadas de determinar la capacidad sicofísica del personal, correspondiéndole a la respectiva junta Médico-Laboral fijar el índice de disminución de la capacidad laboral y de la capacidad sicofísica que se requiere para el servicio (art. 23).

Por su parte, el título noveno contiene una clasificación de las lesiones y afecciones que dan lugar a la disminución de la capacidad laboral, el origen y grado de las incapacidades y los factores que originan la respectiva indemnización y pago de la pensión de invalidez. Allí mismo, aparecen cuatro tablas de evaluación de incapacidades las cuales se aplican teniendo en cuenta el índice de la lesión y la edad de la persona; La primera tabla ("A") señala los porcentajes de disminución de la capacidad laboral y las demás ("B", "C" y "D") las indemnizaciones a que haya lugar, teniendo en cuenta si la lesión fue adquirida por riesgo común o enfermedad profesional (art. 87).

A partir de estos criterios técnicos, el título undécimo regula lo referente al reconocimiento de la pensión por invalidez para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y agentes (art. 89), los soldados y grumetes de las Fuerzas Militares (art.90) y los alumnos de las escuelas de formación de ambas fuerzas (art.91). Las normas citadas consideran inválido al miembro de la fuerza pública que durante el servicio adquiera una incapacidad sicofísica igual o superior al 75%. El monto de está pensión se liquida con base en las partidas señaladas en los respectivos estatutos de carrera así:

Para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y Agentes (art. 89):

"a. El 50% de dichas partidas, cuando el índice de lesión fijado determina una disminución del 75% de la capacidad sicofísica.

"b. El 75% de dichas partidas cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de la capacidad sicofísica que exceda del 75% y no alcance al 95% .

"c. El 100% de dichas partidas, cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%."

Para el personal de Soldados y Grumetes (art. 90):

"a. El 75% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de la capacidad sicofísica del 75% y no alcance al 95%.

"b. El 100% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%."

Para el personal de Alumnos de las Escuelas de Formación (art.91):

"a. Alumnos de Escuelas de Formación de Oficiales:

"1. El 75% del sueldo básico de un Subteniente o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de la capacidad sicofísica del 75% y no alcance al 95%.

"2. El 100% del sueldo básico de un Subteniente o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%.

"b. Alumnos de Escuelas de Formación de Suboficiales y Agentes:

"1. El 75% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de la capacidad sicofísica del 75% y no alcance al 95%.

"2. El 100% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%."

Además del reconocimiento de la pensión de invalidez, siguiendo lo establecido en las tablas de valoración de incapacidades contenidas en el artículo 87 del citado estatuto, los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y Agentes, los Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares y los Alumnos de las Escuelas de Formación de ambas fuerzas, tiene derecho al pago de una indemnización en meses de sueldo así: i) de 1 a 36 meses si se trata de lesiones adquiridas en el servicio pero no por causa ni razón del mismo; ii) de ? a 54 meses si las lesiones se produjeron por causa y razón del servicio y iii) de 2 a 72 meses cuando las lesiones son consecuencia de heridas recibidas en combate, en actos meritorios del servicio o por la acción del enemigo.

También, entratándose de incapacidad absoluta o gran invalidez, los Decretos: 1211, 1212 y 1213 de 1990, en sus artículos 182 y 183, 160 y 161, y 118 y 119, que como se anotó incorporan la prestación objeto de estudio, le reconocen al personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y Agentes, una pensión equivalente al ciento por ciento (100%) de las partidas tomadas por cada estatuto especial como base de su liquidación, y una indemnización igual a la fijada para la respectiva lesión. Asimismo, si la incapacidad absoluta o gran invalidez es consecuencia de heridas recibidas en actos meritorios del servicio o por acción del enemigo, el personal militar tiene derecho a un ascenso al grado superior y a una bonificación especial.

4. Ausencia de violación al principio de igualdad.

Revisadas las disposiciones que integran la aludida prestación en cada uno de los regímenes citados, la Corte encuentra que la diferencia porcentual a partir de la cual se reconoce el estado de invalidez a los integrantes de la Fuerza Pública, no genera  per se una discriminación de la cual pueda predicarse la violación del principio de igualdad material. Dos razones fundamentales conducen a dicha conclusión: la primera, que el régimen especial tiene previstos algunos beneficios, no contenidos en el sistema general, que definitivamente compensan la diferencia porcentual a partir de la cual se reconoce la pensión de invalidez. Y la segunda, que la forma de calificación, calculo, liquidación y monto de esta prestación establecida en el régimen especial de la fuerza pública, difiere sustancialmente del sistema regulado en el régimen general, ya que, como se dijo, aquel se ha programado a partir de las especiales funciones que le han sido asignadas por la Constitución Política y que se concretan en la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del orden constitucional y en el mantenimiento de la paz y de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. Así, lo que importa al régimen especial es regular la pensión de invalidez a partir de las incapacidades que afectan de manera directa la prestación del servicio militar o de policía, en tanto que al régimen común le interesa calificar aquellas incapacidades que por regla general impiden desempeñarse en cualquier área de servicio.

También existe una diferencia clara de beneficio a favor del régimen especial en lo que toca con el acceso a la pensión de invalidez. Obsérvese que mientras los militares y policías tienen derecho a esta prestación por el sólo hecho de adquirir una lesión o enfermedad durante el servicio, la mayoría de la población, adscrita al sistema de la Ley 100, requiere un mínimo de cotización (26 semanas) cuando la incapacidad se produce por riesgo común o enfermedad no profesional.

Respecto de la pensión de invalidez de los soldados, grumetes y alumnos de las escuelas de formación de suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, puede afirmarse que éstos reciben un beneficio adicional -materializado en un aparente ascenso de grado- en cuanto su liquidación y pago se lleva a cabo de acuerdo al sueldo básico recibido por un Cabo Segundo o su equivalente. Lo mismo sucede con los alumnos de las escuelas de formación de oficiales a quienes, para efectos prestacionales, se les asimila al grado de Subteniente o su equivalente (arts. 90 y 91 del Decreto 0094/89).

Por otra parte, tampoco es posible establecer un término de comparación entre los porcentajes para acceder a la pensión de invalidez en el régimen general y los del régimen especial, porque la estructura de los sistemas difiere sustancialmente en la medida en que su acceso y sus métodos de calificación están regulados por patrones distintos, no habiendo coincidencia entre los sistemas de cálculo, liquidación y monto de las prestaciones. Como ya se anotó, al estar diseñados para regular situaciones diversas, acordes con las características específicas de los grupos sociales cubiertos, los regímenes prestacionales en materia de pensión por invalidez no pueden someterse a la misma regla de comparación, por lo que tampoco es viable establecer una norma de correspondencia matemática entre los porcentajes utilizados por cada uno.

Para efectos de ilustrar la diferencia que existe entre los métodos de calificación de las incapacidades en cada uno de los sistemas, resulta de importancia presentar el siguiente ejemplo.

En el sistema prestacional de las fuerzas militares, la pérdida anatómica de miembro superior derecho en un persona diestra de 20 años de edad, arroja 20 índices de incapacidad, dando lugar, una vez confrontadas las respectivas tablas, a una incapacidad del 100%. A este tipo de lesión corresponde una indemnización acorde con el grado que el militar detenta, y el derecho a una pensión de invalidez equivalente al 100% del sueldo o de las partidas respectivas, según lo establecido en los diferentes estatutos especiales.