Sentencia C-602/97
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL
Referencia: Expediente D-1717
Demanda de inconstitucionalidad contra algunos apartes del artículo 107 de la ley 136 de 1994.
Demandante: Henry Pacheco Casadiego
Magistrado Ponente:
Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Santafé de Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano HENRY PACHECO CASADIEGO, presentó demanda contra el último inciso y el parágrafo del artículo 107 de la ley 136 de 1994, por vulnerar los artículos 260 y 314 de la Carta.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales establecidos para procesos de esta índole, procede la Corte a decidir.
II. NORMA ACUSADA
Los apartes demandados son los que se subrayan dentro del artículo al que pertenecen:
"LEY 136 DE 1994"
"Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios"
".....
"Artículo 107. Convocatoria a elecciones. Si la falta absoluta se produjere antes de transcurridos veinticuatro (24) meses del período del Alcalde, el Presidente de la República o el Gobernador respectivo, según sus competencias, en el decreto de encargo señalarán la fecha para la elección de nuevo alcalde, la cual deberá realizarse dentro de los dos meses siguientes a la expedición del decreto.
El candidato a nuevo Alcalde deberá anexar a la inscripción de su candidatura, la cual debe ser treinta días antes de la elección, el programa de gobierno que someterá a consideración ciudadana.
Si la falta absoluta se produjere después de transcurridos veinticuatro (24) meses del periodo del Alcalde, el Presidente de la República o el Gobernador respectivo, según sus competencias, designará al Alcalde para el resto del período, e la misma filiación política del anterior, quien deberá gobernar con base en el programa que presentó el Alcalde electo.
Parágrafo. Si la falta absoluta del Alcalde Municipal es la muerte ocasionada en forma violenta por terceros, no se convocará a nueva elección y el Presidente o Gobernador designará Alcalde de la misma filiación y grupo político del titular, de terna de candidatos presentada por quienes inscribieron la candidatura del anterior."
III. LA DEMANDA
Dice el demandante que "el constituyente primario, debidamente representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, colocó en cabeza exclusiva y excluyente de los ciudadanos de la República de Colombia la facultad y potestad de elegir en forma directa a sus mandatarios locales, sin ni siquiera abrir la compuerta o la posibilidad, de que tales prerrogativas fueran eventual, ocasional o transitoriamente transferidas al señor Presidente de la República y menos, a los Gobernadores. Es nuestro criterio, que el cargo de burgomaestre, única ay exclusivamente puede ser proveído en propiedad (por expreso mandato de la Carta) por mandato popular debidamente canalizado (el sufragio), mediante las formalidades legales estatuídas, y en ejercicio de su poder soberano (art. 3 C.N.) y no, mediante decreto elector de una terna que para nada, en la mayoría de los casos, consulta el querer e interés popular, por la potente razón de que su designación no obedece al mandamiento constitucional, sino al vaivén y devenir político."
Y más adelante agrega, que el artículo 314 de la Constitución "sólo marca la posibilidad al Presidente y a los Gobernadores, en los casos taxativamente señalados por la ley, de suspender o destituir a los alcaldes. Empero, no autoriza en la eventualidad o en circunstancia alguna, la posibilidad de proveer el cargo mediante decreto de nombramiento, que a la final se convierte en un encargo en propiedad o definitivo." En consecuencia, considera que los preceptos acusados son inconstitucionales.
IV. INTERVENCION CIUDADANA
El Ministro del Interior, actuando por medio de apoderado, solicita a la Corte declarar exequibles las disposiciones acusadas, con este argumento:
- "La Constitución es la universalidad y ella establece las jurisdicciones correspondientes obligando a la ley a particularizar los eventos para su desarrollo, tenemos, entonces, que el Congreso de la República en uso de sus atribuciones constitucionales reglamentó el debate electoral y dispuso el procedimiento que se debe adoptar en el caso especial cuando se da la falta absoluta del primer mandatario municipal. Es obvio que como todos los deberes y derechos ciudadanos no caben en la Carta Magna, es preciso que el legislador se ocupe en fijar los parámetros frente a las posibilidades que se le puedan presentar al ejecutivo para sortear situaciones coyunturales."
V. CONCEPTO FISCAL
El Procurador General de la Nación al emitir el concepto correspondiente, señala que sobre este mismo asunto se pronunció dentro del proceso No. 1655, en el que se acusó la misma disposición que hoy se demanda. En consecuencia, transcribe el concepto que rindió en esa oportunidad para pedir la declaratoria de exequibilidad de los apartes acusados del artículo 107 de la ley 136 de 1994.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
VI. 1. Competencia
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 241-4 de la Carta, compete a esta Corporación decidir sobre la constitucionalidad de las disposiciones demandadas.
VI.2 Cosa Juzgada
Dado que el artículo 107 de la ley 136 de 1994, que aquí se acusa parcialmente, fue retirado del ordenamiento jurídico, en virtud de la decisión adoptada por esta Corte en la sentencia C-448 del 18 de septiembre de 1997, no es posible volver a pronunciarse sobre él pues ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 C.N.). En consecuencia, solo resta ordenar estarse a lo resuelto.
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E:
ESTARSE A LO RESUELTO EN LA SENTENCIA C-448 del 18 de septiembre de 1997.
Cópiese, notifíquese, comuníquese a quien corresponda, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
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JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
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