Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
|
Sentencia C-472/04
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Prohibiciones respecto de gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de juntas administradoras locales
Referencia: expediente D-4971
Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el inciso 2° del artículo 1° de la Ley 821 de 2003.
Actor: Juan Ricardo Rueda Medina
Magistrado Ponente
Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá D. C., dieciocho (18) de mayo de dos mil cuatro (2004).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Juan Ricardo Rueda Medina demandó el inciso 2° del artículo 1° de la Ley 821 de 2003, “por la cual se amplía el régimen de incompatibilidades a los gobernadores, alcaldes Municipales y Distritales, consejales Municipales y Distritales y sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”.
Mediante auto del 27 de Noviembre de 2003, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda presentada contra el inciso 2° del artículo 1° de la Ley 821 de 2003, y como consecuencia dispuso correr traslado de la misma al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, ordenó fijar en lista la norma acusada, así como comunicar la iniciación del proceso al Presidente del Congreso y al Presidente de la República e invitó a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y a la Universidad Santo Tomás, a fin de que emitan su opinión sobre la disposición acusada en el proceso.
Cumplidos los trámites ya relacionados, propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación, se transcribe el texto de la disposición acusada, subrayando parte del inciso 2° que es sobre el que en realidad se dirige la demanda, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 45.244 del 10 de Julio de 2003:
LEY 821 DE 2003
(Julio 10)
“Por la cual se modifica el articulo 49 de la ley 617 de 2000
El Congreso de Colombia
DECRETA:
“ ARTÍCULO 1°. El artículo 49 de la ley 617 de 2000 quedara así:
(...)INCISO 2 “Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y Distritales y concejales municipales y Distritales, y miembros de juntas administradoras locales municipales y Distritales y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser designados funcionarios del respectivo departamento, Distrito o municipio o de sus entidades descentralizadas”
(...)”
III. LA DEMANDA
A juicio del actor el inciso 2° artículo 1° de la Ley 821 de 2003 debe ser declarado inexequible, por vulnerar el inciso 2° del artículo 292 de la Constitución Política, por cuanto aquella amplía hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad las prohibiciones a los parientes de diputados y concejales para desempeñar cargos públicos. Cuando la norma Constitucional infringida lo que establece es que dichas prohibiciones tengan el alcance hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad.
Plantea el demandante que la norma que hoy se acusa debió respetar los limites impuestos por la Carta en su artículo 292, toda vez que el Legislador no puede sobrepasar los límites que la Constitución ha señalado. Que si lo que se pretende es ampliar los grados de consanguinidad o de afinidad como se dispuso en la Ley cuestionada, debe hacerse por medio de un acto legislativo, y siguiendo el trámite previsto en los artículos 375 y siguientes de la Constitución Política.
En ese orden de ideas, el procedimiento llevado a cabo por el Legislador para modificar una norma de carácter constitucional, se opone a la rigidez de nuestra Constitución, que establece el trámite especial y riguroso con que se deben modificar las normas cuando son de rango Constitucional.
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación rindió el concepto de rigor en el presente proceso mediante escrito del 16 de enero de 2004, cuyos argumentos centrales se resumen a continuación.
Indica el Procurador que del aparte acusado ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre su inexequibilidad, en los conceptos Nos. 3401, 3412 y 3419, emitidos dentro de los expedientes Nos. D – 4832, D – 4853 y D – 4931 respectivamente, que es posible que al momento de ser resuelto el proceso aquí referido, se pueda presentar el fenómeno de la cosa juzgada, que de ser así, solicitará a esta Corporación estarse a lo resuelto en las providencias correspondientes.
Consecuente con los conceptos antes señalados el Jefe del Ministerio Público considera que el límite de inhabilidades en materia de parentesco en relación con los diputados y concejales para desempeñar cargos en las correspondientes entidades territoriales fue expresamente regulado por el Constituyente, razón por la que el Legislador en la Ley 821 de 2003 no podía ampliarla, pues en ese evento, su libertad de configuración está limitada por la misma Constitución.
De igual forma sostiene que conforme a lo dispuesto por el artículo 4° de la Constitución Política las normas de carácter ordinaria deben ser acordes con los postulados del Estatuto Superior y, en caso de incompatibilidad entre éste y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones Constitucionales. Que en ese orden de ideas, el Legislador al expedir la Ley 821 de 2003, debió respetar los límites impuestos por la Constitución en su artículo 292, por ser ésta, la norma matriz. Lo anterior, no obstante el articulo 126 de la misma Constitución, consagre la misma prohibición que la norma acusada, sin embargo, el artículo 292 por ser posterior y de carácter especial, prevalece sobre la prohibición general que prescribe el mencionado artículo 126.
De otra parte, sostiene que la Corte Constitucional en sentencia C-952 de 5 septiembre de 2001, en relación con la naturaleza del régimen de inhabilidades para el ejercicio de cargos públicos señaló:
“La fijación de estas condiciones positivas o negativas (inhabilidades e incompatibilidades) que habrán de regir el acceso a un determinado cargo o función públicos, constituye materia de la competencia del legislador de conformidad con los artículos 123 y 150-23, siempre y cuando no exista una determinación constitucional especifica sobre el particular.
“De manera que, la definición de los hechos configuradores de las causales de inhabilidades como de su duración en el tiempo, son competencia del legislador y objeto de una competencia discrecional amplia pero subordinada a los valores, principios y derechos constitucionalmente reconocidos (...)” ( negrilla fuera de texto).
Así las cosas y como consecuencia de lo anteriormente expuesto el Procurador General de la Nación solicita a la Corte Constitucional declarar la INEXEQUIBILIDAD del inciso segundo del artículo 1° de la ley 821 de 2003. Que en subsidio de lo anterior, en caso de haberse producido fallo dentro de los procesos D-4832, D4853 y D-4931, estarse a lo allí resuelto.
V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4° de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la disposición parcialmente acusada forma parte de una ley de la República.
Cosa juzgada
2.- La Corte examinó el inciso 2° del artículo 1° de la Ley 821 de 2003 en la Sentencia C-311 de 2004[1] y resolvió “[d]eclarar exequible el inciso segundo del artículo 49 de la Ley 617 de 2000, tal como quedó modificado por la Ley 821 de 2003, en el entendido que respecto de diputados y concejales se aplica el inciso segundo del artículo 292 de la Constitución y que esta inhabilidad se aplica dentro del ámbito territorial de competencia del respectivo gobernador, alcalde o miembros de junta administradora local, municipal y distrital”.
En consecuencia, se ordenará estarse a lo allí dispuesto, debido a que los cargos formulados en esa oportunidad coinciden con los examinados en esta sentencia.
VI. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-311 de 2004, que resolvió “[d]eclarar exequible el inciso segundo del artículo 49 de la Ley 617 de 2000, tal como quedó modificado por la Ley 821 de 2003, en el entendido que respecto de diputados y concejales se aplica el inciso segundo del artículo 292 de la Constitución y que esta inhabilidad se aplica dentro del ámbito territorial de competencia del respectivo gobernador, alcalde o miembros de junta administradora local, municipal y distrital”.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Presidenta
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)
Aclaración de voto a la Sentencia C-472/04
Referencia: expediente D-4971
Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el inciso 2° del artículo 1° de la Ley 821 de 2003.
Actor: Juan Ricardo Rueda Medina
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA
A pesar de haber actuado como ponente en el proceso de la referencia, me permito aclarar el voto, pues en la sentencia C-311 de marzo 31 de 2004, a la cual se remite el fallo dictado hoy por la Corte Constitucional, dejé expresamente consignada mi posición disidente respecto de la decisión adoptada en esa oportunidad, en relación con el mismo artículo aquí impugnado. En consecuencia, los argumentos que allí expuse son igualmente predicables al presente caso y a ellos me remito.
Fecha ut supra.
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
[1] M. P. Alvaro Tafur Gálvis. Salvamento de voto de Jaime Araújo Rentería. Aclaración de voto de Rodrigo Escobar Gil.
"Leyes desde 1992 - Vigencia Expresa y Sentencias de Constitucionalidad"
ISSN [1657-6241 (En linea)]
Última actualización: 31 de octubre de 2024 - (Diario Oficial No. 52.908 - 13 de octubre de 2024)
Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.