Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [C-440

Última actualización: 31 de octubre de 2024 - (Diario Oficial No. 52.908 - 13 de octubre de 2024)
Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción

Inicio

Sentencia C-440/19

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS INTERNACIONALES Y SUS LEYES APROBATORIAS-Competencia de la Corte Constitucional

LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Aspectos formales

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Verificación de la realización de la consulta previa a las comunidades étnicas

CONSULTA PREVIA COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS COMUNIDADES ETNICAS-Requisito previo antes de un trámite legislativo en el que se adopten medidas que puedan afectarlas directamente

DERECHO FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y GRUPOS ETNICOS-Convenio 169 de la OIT, bloque de constitucionalidad y jurisprudencia constitucional

CONTROL CONSTITUCIONAL DE ACUERDO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Reglas y subreglas jurisprudenciales

LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS INTERNACIONALES-Procedimiento de formación previsto para leyes ordinarias

La Constitución Política no señaló trámite especial para las leyes aprobatorias de los tratados internacionales y su incorporación a la legislación interna, por lo que a éstas les corresponde el trámite previsto para las leyes ordinarias, contemplado en los artículos 157, 158, 160 y 165 de la Carta Política. Sin embargo, este trámite tiene dos particularidades, a saber: (i) por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales, en virtud de lo previsto en el artículo 154 superior, el debate debe iniciarse en el Senado de la República, y (ii) una vez ha sido sancionada la ley por el Presidente, deberá remitirla a la Corte Constitucional dentro de los 6 días siguientes, para efectos de la revisión de constitucionalidad, según lo establecido en el numeral 10 del artículo 241 Superior

LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite de ley ordinaria con inicio de debates en el Senado de la República/LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS INTERNACIONALES-Trámite legislativo

REQUISITOS DE QUORUM Y MAYORIAS EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento/PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Término máximo de dos legislaturas/LEY APROBATORIA DE ACUERDO INTERNACIONAL-Sanción presidencial

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO Y LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Elemento material

RELACIONES INTERNACIONALES-Régimen constitucional/PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL ACEPTADOS POR COLOMBIA-Jurisprudencia constitucional

(...) los principios constitucionales que dirigen las relaciones internacionales de Colombia deben ser aquellos dispuestos en la Constitución, pero además pueden interpretarse con aquellos aceptados por Colombia en la Carta de las Naciones Unidas. Este mismo instrumento internacional, en su artículo 103, establece que las obligaciones asumidas en este tratado prevalecen sobre cualquier otra obligación contraída en otro tratado que le sea contraria u opuesta. Con base en lo anterior, un acuerdo marco entre Colombia y la Unión Europea para la participación de aquel Estado en las operaciones de gestión de crisis debe ser analizado acorde con los contenidos de los principios internacionales y constitucionales antes señalados.

CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS-Principios relevantes para el mantenimiento de la paz con un organismo internacional

De tal forma, la jurisprudencia ha sostenido que la frase los principios de derecho internacional aceptados por Colombia (artículo 9º CP) hace referencia, al menos, a los consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Con fundamento en lo anterior, y teniéndose presente que en la sentencia C-214 de 2017 se estaba analizando la constitucionalidad de una ley que aprobó un acuerdo que permite la contribución de Colombia en operaciones de mantenimiento de paz con un organismo internacional, la Sala identificó los siguientes principios relevantes: (a) el arreglo pacífico de controversias y de la prohibición del uso de la fuerza, (b) el principio de soberanía nacional, (c) el principio de no intervención, (d) el principio pacta sunt servanda, (e) la paz como derecho fundamental y fin primordial del Estado y (d) el principio de reciprocidad en el régimen de inmunidades.

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS-Propósitos

Uno de los propósitos principales de la Naciones Unidas es "Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz"

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS-Funciones/OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS-Características/OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS-Carácter multidimensional

ACUERDO ENTRE LA UNION EUROPEA Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA-Contenido/ACUERDO ENTRE LA UNION EUROPEA Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA-Disposiciones

RELACIONES EXTERIORES-Principio de reciprocidad

Cabe recordar que el principio de reciprocidad en las relaciones internacionales representa un comportamiento mutuo en la interacción política entre los sujetos de la comunidad internacional. Los distintos entes que participan en las relaciones internacionales en los diferentes ámbitos de interacción actúan de buena fe y con el objetivo de favorecerse a cambio del beneficio de otros. El concepto de reciprocidad en las relaciones internacionales exige una correspondencia en el comportamiento de la política exterior y se encuentra relacionado con el término de cooperación entre los Estados

PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES-Jurisprudencia constitucional

PRINCIPIO DE NO INTERVENCION-Jurisprudencia constitucional

DERECHO A LA PAZ-Naturaleza/DERECHO A LA PAZ-Consagración en instrumentos internacionales/DERECHO A LA PAZ EN EL DERECHO INTERNACIONAL-Propósito fundamental/DERECHO A LA PAZ-Derecho de tercera generación/DERECHO A LA PAZ-Derecho subjetivo/DERECHO A LA PAZ-Deber jurídico

FUERZA PUBLICA-Objeto/ENVIO DE TROPAS AL EXTERIOR-Jurisprudencia constitucional

(...) La función constitucional de la fuerza pública también se encuentra sujeta a los principios de derecho internacional aceptados por Colombia. La participación de su personal en territorio extranjero no es contrario a la Constitución siempre y cuando se actúe dentro de los parámetros de la Carta de las Naciones Unidas. El Acuerdo que se estudia en esta ocasión permite que personal de la fuerza pública se despliegue en territorio extranjero con el objeto de cumplir con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales

CELEBRACION DE ACUERDOS DE PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO-Jurisprudencia constitucional

ACUERDO ENTRE LA UNION EUROPEA Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA-Exequibilidad

Referencia: Expediente LAT-453

Revisión oficiosa de la Ley 1925 de 2018 "Por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la Unión Europea y Colombia, por el que se crea un marco para la participación de este último en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea".

Magistrada sustanciadora:

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

Dentro del proceso de revisión de constitucionalidad de la Ley 1925 de 2018 "Por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la Unión Europea y Colombia, por el que se crea un marco para la participación de este último en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea" suscrito en la ciudad de Bogotá D.C., el 5 de Agosto de 2014".

I. ANTECEDENTES

En ejercicio del control de constitucionalidad previsto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política de Colombia, el día treinta (30) de julio del año dos mil dieciocho (2018), la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República hizo llegar a esta Corporación el oficio número OFI18-00084564/JMSC110200 del veintisiete (27) de julio del mismo año y una fotocopia autenticada de la Ley 1925 de 2018, para efectos de su revisión constitucional.

Por medio del auto del diecisiete (17) de agosto de dos mil dieciocho (2018), la Corte Constitucional avocó el conocimiento de la mencionada ley, ordenando entre otras cosas: (i) Oficiar a los secretarios generales del Senado de la República y de la Cámara de representantes, así como a los secretarios generales de la Comisión Segunda del Senado de la República y la Cámara de Representantes con el fin de que remitieran los documentos requeridos por esta Corporación para efectos probatorios; (ii) Oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que remitiera la copia auténtica de la aprobación ejecutiva impartida por el Presidente de la República; (iii) Fijar en lista el proceso una vez culminada la etapa probatoria; (iv) Comunicar el presente proceso al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI), a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad- Dejusticia, a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, a las facultades de Jurisprudencia y de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, a las facultades de Derecho, Ciencias Sociales y al Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, al Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y a la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Javeriana para que, si lo estimaran conveniente, participaran del presente debate jurídico; finalmente se ordenó: (v) Correr traslado del proceso al Procurador General de la Nación.

Igualmente y advirtiendo la ausencia de pruebas sobre el respectivo trámite legislativo, por medio de los autos del diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) y del veinticinco (25) de octubre de dos mil dieciocho (2018), el despacho requirió al Secretario General del Senado de la República y al Secretario General de la Cámara de Representantes, y en este último auto únicamente al Secretario General de la Cámara de Representantes, que hicieran entrega de los originales o copias auténticas de las Gacetas del Congreso.

Una vez cumplida la remisión completa de las gacetas del Congreso de la República, mediante auto del 27 de noviembre de 2018 se ordenó dar trámite al proceso de constitucionalidad oficioso de la Ley 1925 de 2018 y cumplir con los numerales cuarto, quinto y sexto del auto del 17 de agosto de 2018.

La Sala Plena mediante Auto 063 de 2019 resolvió abstenerse de decidir hasta tanto se aclararan ciertos contenidos del tratado internacional. Al respecto se solicitó lo siguiente:

"PRIMERO-. ORDENAR al Ministerio de Defensa Nacional que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación del presente auto suministre, en medio físico y magnético, la siguiente información, en relación al contenido de la Ley 1925 de 2018 "Por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la Unión Europea y Colombia, por el que se crea un marco para la participación de este último en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea":

La definición y alcance de los conceptos de: i) "gestión de crisis"; ii) "operaciones de gestión de crisis"; iii) "operaciones civiles de gestión de crisis"; iv) "operaciones militares de gestión de crisis" y, v) las diferencias entre "operaciones civiles de gestión de crisis" y "operaciones militares de gestión de crisis".

Indicar si el concepto "crisis" incluye situaciones de conflicto armado internacional y/o no internacional, según las definiciones vigentes en el Derecho Internacional Humanitario –DIH, el Derecho Internacional de los Conflictos Armados -DICA y en el Derecho Operacional.

Según la respuesta al punto anterior, respecto de la expresión "operaciones militares de gestión de crisis", por favor explicar si dichas operaciones pueden implicar el apoyo militar a una de las partes enfrentadas en un conflicto armado.

SEGUNDO-. ORDENAR al Ministerio de Relaciones Exteriores que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación del presente auto suministre, en medio físico y magnético, la siguiente información, respecto del "Acuerdo entre la Unión Europea y Colombia, por el que se crea un marco para la participación de este último en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea":

Indicar si el concepto "crisis" al que hace referencia el tratado incluye situaciones de conflicto armado internacional y/o no internacional, según las definiciones vigentes en el Derecho Internacional Humanitario –DIH, el Derecho Internacional de los Conflictos Armados -DICA y en el Derecho Operacional.

Según la respuesta al punto anterior, respecto de la expresión "operaciones militares de gestión de crisis" del acuerdo, por favor explicar si dichas operaciones pueden implicar el apoyo militar a una de las partes enfrentadas en un conflicto armado.

TERCERO-. ORDENAR al Ministerio de Relaciones Exteriores que en el término de dos (2) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación del presente auto, en el marco de sus competencias, solicite a la Delegación de la Unión Europea en Colombia, en relación al contenido del "Acuerdo entre la Unión Europea y Colombia, por el que se crea un marco para la participación de este último en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea", que en el término de diez (10) días hábiles, le suministre la siguiente información:

Una vez el Ministerio de Relaciones Exteriores reciba la información, deberá enviarla a esta Corte en un término máximo de dos (2) días hábiles."

Posteriormente, mediante providencias del 20 de marzo y 4 de abril de 2019 se requirió la información solicitada y se concedió un término de 10 días a la Dirección de Política de Seguridad y Defensa de la Unión Europea en Bruselas para dar respuesta a los interrogantes formulados.

Cumplidos los trámites y requisitos constitucionales referentes a este control consagrado en la Constitución, procede la Corte a realizar el estudio de constitucionalidad del instrumento internacional y de su ley aprobatoria.

II. TEXTO DE LA NORMA BAJO EXAMEN

El texto de la ley aprobatoria del tratado cuyo examen de constitucionalidad se revisa, fue publicada en el Diario Oficial el día veinticuatro (24) de Julio de dos mil dieciocho (2018).

LEY 1925 DE 2018

(julio 24)

Diario Oficial No. 50.664 de 24 de julio de 2018

PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA

Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia por el que se crea un marco para la participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea", suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 5 de agosto de 2014.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 153 DE 2016

por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia por el que se crea un marco para la participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea", suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 5 de agosto de 2014.

El Congreso de la República

Visto el texto del "Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia por el que se crea un marco para la participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea", suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 5 de agosto de 2014.

(Para ser transcrito: se adjunta copia fiel y completa del precitado instrumento internacional, certificada por la Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que reposa en el archivo del Grupo Interno de Trabajo de Tratados y consta en doce (12) folios).

El presente proyecto de ley consta de veintiún (21) folios.

ACUERDO

ENTRE LA UNIÓN EUROPEA

Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

POR EL QUE SE CREA UN MARCO

PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

EN LAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE CRISIS

DE LA UNIÓN EUROPEA

LA UNIÓN EUROPEA («la Unión»),

por una parte, y

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

por otra.

en lo sucesivo denominadas conjuntamente «las Partes»,

CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

(1) En el contexto de la Política Común de Seguridad y Defensa, la Unión Europea puede decidir llevar a cabo operaciones de gestión de crisis que, según lo decida el Consejo, incluyan las misiones indicadas en el artículo 42, apartado 1 y en el artículo 43, apartado I del Tratado de la Unión Europea.

(2) La República de Colombia y la UE reconocen la importancia de la paz mundial a efectos del desarrollo de todos los Estados, y prosiguen en su empeño de contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad en sus respectivos entornos y en el mundo en general, basándose en los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

(3) Considerando el compromiso entre las Partes de reforzar su cooperación en asuntos relacionados con la seguridad y la defensa, y reconociendo que las capacidades y aptitudes de las fuerzas de seguridad de la República de Colombia podrían emplearse en operaciones de gestión de crisis de la UE.

(4) La República de Colombia y la UE desean fijar unas condiciones generales relativas a la participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la UE en un acuerdo por el que se cree un marco para dicha posible participación futura, en lugar de definir dichas condiciones caso por caso para cada operación.

(5) Un acuerdo de este tipo debe entenderse sin perjuicio de la autonomía de decisión de la Unión y no debe prejuzgar tampoco la capacidad de la República de Colombia de decidir en cada caso concreto si desea participar en una operación de gestión de crisis de la UE.

(6) La Unión decidirá si se invitará a terceros Estados a participar en una operación de gestión de crisis de la UE. La República de Colombia puede aceptar la invitación de la Unión Europea y ofrecer su contribución. En ese caso, la Unión decidirá si acepta la contribución propuesta por Colombia.

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1

Decisiones relativas a la participación

1. A raíz de una decisión de la Unión de invitar a la República de Colombia a participar en una operación de gestión de crisis de la UE, la República de Colombia, en la aplicación del presente Acuerdo, comunicará a la Unión Europea la decisión de su autoridad competente relativa a su participación, con inclusión de su propuesta de contribución.

2. La Unión evaluará la contribución propuesta por la República de Colombia, en consulta con ella.

3. La Unión facilitará lo antes posible a la República de Colombia una primera indicación de la contribución posible a los costes comunes de la operación, con objeto de ayudar a dicho Estado a formular su oferta.

4. La Unión comunicará por escrito a la República de Colombia el resultado de su evaluación y su decisión relativa a la propuesta de contribución de la República de Colombia presentada por dicho Estado con miras a garantizar la participación de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo.

5. La oferta de la República de Colombia de conformidad con el apartado 1 y su aceptación por la UE con arreglo al apartado 4 constituirán la base para la aplicación del presente Acuerdo a cada operación concreta de gestión de crisis.

6. La República de Colombia podrá retirarse total o parcialmente y en cualquier momento, por iniciativa propia o a petición de la Unión, y previa consulta entre las Partes, de la participación en una operación de gestión de crisis de la UE.

ARTÍCULO 2

Marco

1. La República de Colombia se asociará con aquella Decisión del Consejo mediante la cual el Consejo de la Unión Europea decide que la Unión va a realizar una operación de gestión de crisis, y con cualquier otra Decisión mediante la cual el Consejo de la Unión Europea decida prorrogar una operación de gestión de crisis de la UE, de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y de los acuerdos de implementación que resulten necesarios.

2. La contribución de la República de Colombia a una operación de gestión de crisis de la UE se entenderá sin perjuicio de la autonomía de decisión de la Unión.

ARTÍCULO 3

Estatus del personal y de las fuerzas de la República de Colombia

1. El estatus del personal enviado por la República de Colombia en comisión de servicios a una operación civil de gestión de crisis de la UE, y/o el estatus de las fuerzas que aporte la República de Colombia a una operación militar de gestión de crisis de la UE, se regirán por el acuerdo pertinente sobre el estatus de las fuerzas o de la misión, en caso de haberse celebrado tal acuerdo, o por cualquier otro régimen acordado entre la Unión y el Estado o los Estados en los que se realice la operación. Se informará de ello a la República de Colombia.

2. El estatus del personal adscrito al cuartel general o a los elementos de mando que se hallen fuera del Estado o de los Estados en los que se realice la operación de gestión de crisis de la UE se regirá por acuerdos entre el cuartel general y los elementos de mando interesados y las autoridades competentes de la República de Colombia.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el acuerdo sobre el estatus de las fuerzas o de la misión citado en el apartado 1, la República de Colombia ejercerá su jurisdicción sobre su personal que participe en la operación de gestión de crisis de la UE. En los casos en que las fuerzas de la República de Colombia operen a bordo de una nave o aeronave de un Estado miembro de la Unión Europea, dicho Estado ejercerá su jurisdicción, supeditada a cualquier acuerdo bilateral o multilateral vigente o futuro, con arreglo a sus propias disposiciones legales y reglamentarias y al Derecho internacional.

4. La República de Colombia deberá atender cualquier reclamación vinculada a su participación en una operación de gestión de crisis de la UE que presente un miembro de su personal o que afecte a dicho miembro, y le corresponderá emprender acciones, en particular las legales o disciplinarias, contra cualquier miembro de su personal de conformidad con sus disposiciones legales y reglamentarias.

5. Las Partes acuerdan renunciar a toda reclamación, que no sea de tipo contractual, contra la otra Parte por daños, pérdidas o destrucción de material perteneciente a cada Parte o utilizado por ella, o por lesiones o muerte de su personal, que resulten del ejercicio de sus funciones oficiales relacionadas con las actividades previstas en el presente Acuerdo, salvo en caso de negligencia grave o de conducta dolosa.

6. La República de Colombia se compromete a formular una declaración con respecto a la renuncia a presentar reclamaciones contra cualquier Estado que participe en una operación de gestión de crisis de la UE en la que participe la República de Colombia y a hacerlo en el momento de la firma del presente Acuerdo.

7. La Unión se compromete a garantizar que los Estados miembros de la Unión Europea formulen una declaración con respecto a la renuncia a presentar reclamaciones contra la República de Colombia en una operación de gestión de crisis de la UE, y a hacerlo en el momento de la firma del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 4

Información clasificada

1. La República de Colombia adoptará las medidas adecuadas para garantizar que la información clasificada de la UE esté protegida de conformidad con las normas de seguridad del Consejo para la protección de la información clasificada de la UE contenidas en la Decisión 2013/488/UE del Consejo^<1>, y con otras directrices que puedan emitir las autoridades competentes, incluido el comandante de la operación de la UE, cuando se trate de una operación militar de gestión de crisis de la UE, o el jefe de la misión cuando se trate de una operación civil de gestión de crisis de la UE.

2. Cuando las Partes hayan celebrado un acuerdo sobre los procedimientos de seguridad para el intercambio de información clasificada, dicho acuerdo será de aplicación en el contexto de una operación de gestión de crisis de la UE.

SECCIÓN II

DISPOSICIONES SOBRE PARTICIPACIÓN EN OPERACIONES CIVILES DE GESTIÓN DE CRISIS DE LA UE

ARTÍCULO 5.

Personal enviado en comisión de servicios a una operación civil de gestión de crisis de la UE

1. La República de Colombia:

a) velará por que el personal que destine en comisión de servicios a la operación civil de gestión de crisis de la UE desempeñe su misión de conformidad con:

i) la Decisión pertinente del Consejo a que se refiere el artículo 2, apartado 1, así como sus modificaciones posteriores,

ii) el plan de la operación,

iii) los acuerdos de implementación;

b) informará a su debido tiempo al comandante de la operación civil de cualquier cambio en su contribución a la operación civil de gestión de crisis de la UE.

2. El personal enviado en comisión de servicios por la República de Colombia a una operación civil de gestión de crisis de la UE será sometido a un reconocimiento médico, será vacunado, y la autoridad médica competente de la República de Colombia certificará su aptitud para el servicio, certificación de la que los miembros del personal presentarán copia.

3. El personal enviado en comisión de servicios por la República de Colombia ejercerá sus funciones y se conducirá teniendo presentes únicamente los intereses de la operación civil de gestión de crisis de la Unión.

ARTÍCULO 6

Cadena de mando

1. Todo el personal que participe en una operación civil de gestión de crisis de la UE seguirá estando enteramente a las órdenes de sus autoridades nacionales.

2. Las autoridades nacionales transferirán el mando operativo al Comandante de la operación civil de la Unión.

3. El Comandante civil de la operación asumirá la responsabilidad y ejercerá el mando y el control de la operación civil de gestión de crisis de la UE en el plano estratégico.

4. El Jefe de Misión asumirá la responsabilidad y ejercerá el mando y el control de la operación civil de gestión de crisis de la UE en el teatro de operaciones y se hará cargo de su gestión cotidiana.

5. La República de Colombia tendrá los mismos derechos y obligaciones en la gestión cotidiana de la operación que los Estados miembros de la Unión Europea que participen en la operación, de conformidad con los instrumentos jurídicos citados en el artículo 2, apartado 1.

6. El Jefe de Misión será responsable del control disciplinario del personal de la operación civil de gestión de crisis de la UE. Cuando proceda, la autoridad nacional correspondiente ejercerá las acciones disciplinarias.

7. La República de Colombia nombrará un punto de contacto («PCN») del contingente nacional que represente a su contingente nacional en la operación. Este PCN responderá ante el Jefe de Misión en lo relativo a cuestiones nacionales y será responsable de la disciplina diaria del contingente de la República de Colombia.

8. La decisión de poner fin a la operación será adoptada por la Unión, tras consultar con la República de Colombia, si ésta sigue contribuyendo a la operación civil de gestión de crisis de la UE en la fecha de su terminación.

ARTÍCULO 7

Financiación

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, la República de Colombia asumirá la totalidad de los costes ligados a su participación en una operación civil de gestión de crisis de la UE, salvo en lo que se refiere a los costes de funcionamiento, de conformidad con el presupuesto operativo de la operación.

2. En caso de muertes, lesiones, pérdidas o daños a personas físicas o jurídicas del o de los Estados en que se realice la operación, las situaciones que pudieran conllevar responsabilidades e indemnizaciones a cargo de la República de Colombia se regirán por las condiciones estipuladas en el acuerdo aplicable sobre el estatuto de la misión, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, o a cualesquiera otras disposiciones que sean de aplicación.

ARTÍCULO 8

Contribución al presupuesto de funcionamiento

1. A reserva de lo dispuesto en el apartado 4 del presente artículo, y no obstante lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 1, la República de Colombia contribuirá a la financiación del presupuesto de la operación civil de gestión de crisis de la UE de que se trate.

2. La contribución financiera de la República de Colombia al presupuesto operativo se calculará sobre la base de aquella fórmula, entre las dos siguientes, con la que se obtenga la cantidad menor:

a) la parte del importe de referencia que corresponda de forma proporcional a la parte de la renta nacional bruta (RNB) de la República de Colombia respecto del total de las RNB de todos los Estados que contribuyan al presupuesto de funcionamiento de la operación; o

b) la parte del importe de referencia para el presupuesto operativo que sea proporcional a la parte del personal de la República de Colombia que participe en la operación respecto del total del personal de todos los Estados que participen en ella.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, la República de Colombia no hará contribución alguna a la financiación de las dietas pagadas al personal de los Estados miembros de la Unión Europea.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la Unión eximirá en principio a la República de Colombia de contribuir financieramente a una operación civil concreta de gestión de crisis de la UE cuando determine que la República de Colombia aporta una contribución significativa a dicha operación.

5. A reserva de lo dispuesto en el apartado 1, cualquier acuerdo sobre el pago de las contribuciones de la República de Colombia al presupuesto de funcionamiento de una operación civil de gestión de crisis de la UE se firmará entre las autoridades competentes de las Partes e incluirá, entre otras, las siguientes disposiciones sobre:

a) el importe de la contribución financiera afectada;

b) los mecanismos de pago de la contribución financiera; y

c) el procedimiento de auditoría.

SECCIÓN III

DISPOSICIONES SOBRE PARTICIPACIÓN

EN OPERACIONES MILITARES DE GESTIÓN DE CRISIS DE LA UE

ARTÍCULO 9

Participación en una operación militar de gestión de crisis de la UE

1. La República de Colombia velará por que las fuerzas y el personal con que contribuya a una operación militar de gestión de crisis de la UE desempeñen su misión en conformidad con:

a) la decisión pertinente del Consejo a la que se refiere el artículo 2, apartado 1, así como sus modificaciones posteriores;

b) el plan de la operación; y

c) los acuerdos de implementación.

2. La República de Colombia informará oportunamente al Comandante de la Operación de la UE de cualquier cambio en su participación en la operación.

3. El personal enviado en comisión de servicios por la República de Colombia ejercerá sus funciones y se conducirá teniendo presente únicamente el interés de la operación militar de gestión de crisis de la UE.

ARTÍCULO 10

Cadena de mando

1. Todas las fuerzas y el personal que participen en una operación militar de gestión de crisis de la UE seguirán estando enteramente bajo el mando de sus autoridades nacionales.

2. Las autoridades nacionales traspasarán el mando o control operativo y táctico de sus fuerzas y de su personal al Comandante de la Operación de la UE, quien podrá delegar su autoridad.

3. La República de Colombia tendrá los mismos derechos y obligaciones en la gestión ordinaria de la operación que los Estados miembros de la Unión Europea que participen en la operación, de conformidad con los instrumentos jurídicos citados en el artículo 2, apartado 1.

4. El Comandante de la Operación de la UE podrá pedir en cualquier momento, previa consulta a la República de Colombia, la retirada de la contribución de la República de Colombia.

5. La República de Colombia nombrará un Alto Representante Militar (ARM), que representará a su contingente nacional en la operación militar de gestión de crisis de la UE. El ARM consultará con el Comandante de la Fuerza de la UE todas las cuestiones relacionadas con la operación y será el responsable de la disciplina diaria del contingente de la República de Colombia.

ARTÍCULO 11

Financiación

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 del presente Acuerdo, la República de Colombia asumirá la totalidad de los costes ligados a su participación en la operación, salvo que los costes sean objeto de financiación común, conforme a lo dispuesto en los instrumentos jurídicos citados en el artículo 2, apartado 1, así como en la Decisión 2011/871/PESC del Consejo^<1>.

2. En caso de muertes, lesiones, pérdidas o daños a personas físicas o jurídicas del o de los Estados en que se realice la operación, las situaciones que pudieran conllevar responsabilidades e indemnizaciones a cargo de la República de Colombia se regirán por las condiciones estipuladas en el acuerdo aplicable sobre el estatuto de las fuerzas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, o a cualesquiera disposiciones alternativas que sean de aplicación.

ARTÍCULO 12

Contribución a los costes comunes

1. A reserva de lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo, y no obstante lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 1, la República de Colombia contribuirá a la financiación de los costes comunes de la operación militar de gestión de crisis de la UE.

2. Dicha contribución a los costes comunes se calculará sobre la base de aquella fórmula, entre las siguientes, con la que se obtenga la cantidad menor:

a) la parte de los costes comunes que corresponda de forma proporcional a la parte de la renta nacional bruta (RNB) de la República de Colombia respecto del total de las RNB de todos los Estados que contribuyan a los costes comunes de la operación; o

b) la parte de los costes comunes que corresponda de forma proporcional a la parte del personal de la República de Colombia que participe en la operación respecto del total del personal de todos los Estados que participen en ella.

Cuando se utilice la fórmula enunciada en la letra b) y la República de Colombia contribuya solo con personal al cuartel general de la operación o de la fuerza, la proporción que se utilice será la de su personal respecto de la cifra total del personal del cuartel general correspondiente. En los demás casos, la proporción será la de todo el personal con el que contribuya la República de Colombia respecto de la cifra total de personal de la operación.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la Unión eximirá en principio a la República de Colombia de contribuir financieramente a los costes comunes de una operación concreta de gestión militar de crisis de la UE cuando determine que la República de Colombia aporta una contribución significativa a dicha operación.

4. A reserva de lo dispuesto en el apartado 1, cualquier acuerdo sobre el pago de las contribuciones de la República de Colombia a los costes comunes se firmará entre las autoridades competentes de las Partes e incluirá, entre otras, las siguientes disposiciones sobre:

a) el importe de la contribución financiera afectada;

b) los mecanismos de pago de la contribución financiera; y

c) el procedimiento de auditoría.

SECCIÓN IV

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 13

Disposiciones para la aplicación del Acuerdo

Sin perjuicio de los artículos 8, apartado 5, y 12, apartado 4, todo acuerdo de orden técnico o administrativo que se considere necesario para la implementación del presente Acuerdo deberá ser acordada entre las autoridades competentes de las Partes.

ARTÍCULO 14

Autoridades competentes

A efectos del presente Acuerdo, y salvo notificación en contrario remitida a la Unión Europea, la autoridad competente de la República de Colombia será el Ministerio de Defensa Nacional.

ARTÍCULO 15

Incumplimiento

Si una de las Partes incumpliera las obligaciones contraídas en virtud del presente Acuerdo, la otra Parte tendrá derecho a poner término al presente Acuerdo, notificándolo por escrito con un mes de antelación.

ARTÍCULO 16

Resolución de litigios

Los litigios sobre la interpretación o aplicación del presente Acuerdo serán resueltos por cauces diplomáticos entre las Partes.

ARTÍCULO 17

Entrada en vigor, vigencia y denuncia del Acuerdo

1. El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del primer mes siguiente a la fecha en que las Partes se hayan notificado la conclusión de los procedimientos legales internos necesarios para su entrada en vigor del presente Acuerdo.

2. El presente Acuerdo se revisará a instancia de cualquiera de las Partes.

3. El presente Acuerdo podrá modificarse mediante acuerdo escrito de las Partes. Las modificaciones entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento dispuesto en el apartado 1.

4. El presente Acuerdo podrá ser denunciado por una de las Partes mediante la entrega de la notificación escrita de la denuncia a la otra Parte. La denuncia surtirá efecto a los seis meses de la recepción de la notificación por la otra Parte.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados ambos al efecto por las respectivas Partes, suscriben el presente Acuerdo.

Hecho en Bogotá, el 5 de Agosto de dos mil catorce en español y inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos."

III. INTERVENCIONES

Ministerio de Relaciones Exteriores – Asuntos Jurídicos Internacionales

Mediante escrito radicado en la Secretaría General de la Corte Constitucional, Alejandra Valencia Gärtner, en calidad de Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores[1] explicó las razones por las cuales considera que la Corte Constitucional debe declarar exequible la Ley 1025 de 2018 aprobatoria del "Acuerdo entre la Unión Europea y Colombia, por el que se crea un marco para la participación de este último en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea".

En primer lugar se refiere a las operaciones de gestión de crisis en la Unión Europea. Al respecto precisa que la relación de la UE y terceros países se encuentra contemplada en el Tratado de Lisboa del 1º de diciembre de 2009 "mediante el cual se reformó la estructura y funcionamiento de la Unión Europea y, a su vez, se reforzó su política exterior".[2] Afirma que aquel tratado internacional le confirió a la UE la personalidad jurídica necesaria para negociar y ser parte de tratados internacionales. Desde ese entonces, en asuntos de política exterior la UE se encuentra representada por el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política y de Seguridad y el Servicio Europeo de Acción Exterior. Aclara que en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa "la UE recurre a las fuerzas que sus países miembros ponen a su disposición a fin de realizar operaciones conjuntas de desarme, operaciones humanitarias y de rescate, asesoramiento y asistencia en cuestiones militares, prevención de conflictos y mantenimiento de la paz, gestión de crisis (incluyendo el restablecimiento de la paz y estabilización al término de los conflictos cuando así le es solicitado por el órgano competente de las Naciones Unidas)".[3] Advierte que todas las decisiones relativas al "despliegue de componentes militares o de policía compete a los ministros nacionales de los Estados miembros de la UE, reunidos en el Consejo de la UE".[4] De igual forma, aduce que las operaciones y misiones internacionales que se han adelantado han sido bajo el mandato de las Naciones Unidas. Hasta el momento la UE ha celebrado alrededor de 18 acuerdos marco de participación con otras naciones, relacionados con la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional.

En segundo lugar, se refiere al Acuerdo por el que se crea un marco para la participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea. Afirma que el tratado se firmó en desarrollo y sustento de los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas como lo es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Aduce que "la suscripción del Acuerdo obedece a la ejecución de la estrategia internacional de la Republica de Colombia en materia de defensa y seguridad, y consolida la participación de nuestra Nación en escenarios internacionales, bajo la perspectiva del futuro de las Fuerzas Armadas, contribuyendo con sus capacidades y profesionalismo en los escenarios allí previstos. Esta relación permitirá fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares de Colombia, mediante el establecimiento de estándares que permiten la interoperabilidad, en diversos frentes, entre las Fuerzas Armadas colombianas y las de los países que hacen parte de esta Alianza".[5] Resalta que el objetivo específico del Acuerdo consiste en "fijar las condiciones generales para la futura participación del Estado colombiano en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea, con el fin de promover, desarrollar y fortalecer los intereses mutuos de paz y seguridad mundial".

A continuación, hace una descripción de los artículos del acuerdo y las declaraciones unilaterales que hacen parte del tratado. De conformidad con el contenido descrito, el Ministerio de Relaciones Exteriores resalta tres puntos del Acuerdo: (i) ninguna disposición implica la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano y tampoco la membresía de Colombia a la Unión Europea, (ii) las contribuciones o despliegues de unidades militares de Colombia en las operaciones de gestión de crisis u operaciones de mantenimiento de la paz "serán acordadas mediante arreglos posteriores de implementación, que constituyen acuerdos simplificados".[7] Lo anterior implica que el Acuerdo suscrito establece unos lineamientos marco a fin de regular la participación de Colombia en las operaciones, pero muchas de las disposiciones contemplan la necesidad de suscribir acuerdos de carácter técnico y/o administrativo para ser efectivamente aplicados. (iii) El Acuerdo respeta la autonomía soberana de las partes de definir su participación en una operación de gestión de crisis concreta, en ese sentido "la suscripción del Acuerdo no implica que la República de Colombia se vea obligada a participar en todas las operaciones de gestión de crisis amparadas y adelantadas por la Unión Europea. Por el contrario, con fundamento en la correspondiente invitación de participación, el Estado Colombiano podrá decidir autónomamente si encuentra conveniente participar. En caso de encontrar viable su participación, ofrecerá una contribución y será competencia de la Unión Europea decidir si acepta la oferta propuesta por el Estado colombiano".

En tercer lugar, la entidad interviniente manifiesta que la firma del Acuerdo es una forma de dar cumplimiento a los principios fundantes de la Carta de las Naciones Unidas, los cuales se sustentan en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Además expresa que este Acuerdo complementará las capacidades operativas internacionales de la Fuerza Pública junto con otros Acuerdos que Colombia ya ha ratificado, como lo es el "Acuerdo Marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de Colombia relativo a las contribuciones al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las Naciones Unidas para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz", suscrito en Nueva York el 26 de enero de 2015.

Finalmente concluye que el trámite de aprobación interna del tratado cumplió con cada uno de los requisitos constitucionales y legales, tanto en la fase de negociación y firma como en el proceso legislativo.

Ministerio de Defensa Nacional

Mediante escrito radicado en la Secretaría General de la Corte Constitucional, Sandra Marcela Parada Acero, en calidad de apoderada especial de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional,[9] explicó las razones por las cuales debe declararse exequible la Ley 1925 de 2018.

En primer lugar, realiza una reseña del contenido del Acuerdo y transcribe cada uno de los artículos. Luego la entidad interviniente afirma que el tratado es producto del interés de Colombia y la Unión Europea del mantenimiento de la paz mundial y la garantía de la seguridad como valores esenciales en el ámbito internacional. A propósito de este punto, recuerda el Tratado de Lisboa de 2009, mediante el cual la UE impulsó la política exterior y resalta que en los últimos años la UE ha manifestado un interés creciente en las negociaciones de paz adelantadas por el Gobierno y una significativa disposición para participar en la implementación y en las dinámicas del posconflicto.

Manifiesta que en virtud de la ejecución de la estrategia internacional del Sector Defensa el Ministerio viene desarrollando una estrategia de cooperación internacional que se despliega en el ámbito bilateral y multilateral. Afirma que "se fundamenta en consolidar la participación de la Fuerza Pública en escenarios internacionales. Esto, bajo la perspectiva del futuro de la Fuerza Pública, contribuyendo con las capacidades desarrolladas en los últimos años, y, a su vez, proyectando nuevas capacidades y estándares, fundamentados en el profesionalismo de los hombres y mujeres de las Fuerzas militares y la Policía Nacional".[10] Al respecto, afirma que la participación en operaciones multinacionales da a al país una importante proyección y prestigio internacional que sirve para poner a disposición de otros países la experiencia y profesionalismo de nuestra fuerza pública. En efecto, manifiesta que Colombia ha venido adelantando conversaciones con la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, "con el objeto de desarrollar un amplio marco de actividades de cooperación que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas y así elevar sus estándares profesionales y operacionales".

En segundo lugar, el Ministerio de Defensa se refiere a las operaciones de gestión de crisis en la Unión Europea. Concretamente, afirma que con la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior bajo la autoridad del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, esta organización ha adelantado 30 operaciones de gestión de crisis alrededor del mundo, todas bajo el mandato de las Naciones Unidas. Precisa que "los Estados miembros de la Unión Europea han destinado su propio personal militar, civil y policial para atender los requerimientos de seguridad que demandan este tipo de misiones. Al mismo tiempo, la Unión Europea ha celebrado alrededor de 18 acuerdos marco de participación con otras naciones que comparten valores comunes, relacionados con la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional".[12]

En tercer lugar, la entidad hace una descripción de cada uno de los artículos del Acuerdo. Reitera que la suscripción de este tratado obedece a la ejecución de la estrategia internacional de Colombia en materia de defensa y seguridad y a su consolidación como participante en escenarios internacionales en los que la Fuerza Pública contribuya con sus capacidades y profesionalismo. Aclara que el Acuerdo se celebra sin perjuicio de la autonomía y soberanía del Estado de Colombia, el cual puede decidir si participar o no en determinada operación. Aduce que en el instrumento objeto de estudio "se plasman disposiciones relativas al despliegue de personal militar y civil en las diferentes misiones que comanda la Unión Europea, regulando aspectos como el estatus del personal en cada misión, la cadena de mando, el manejo de información clasificada y otros aspectos financieros y administrativos propios de cada operación".[13]

Finalmente expresa que el tratado cumple con los requisitos legales y constitucionales para ser aprobado por la Corte Constitucional. Concluye que el Acuerdo es relevante por las siguientes razones:[14] (1) "Colombia podrá decidir el tipo de participación en cada misión, después de recibir las respectivas invitaciones de la UE", (2) "la decisión de participar en cada misión será una decisión autónoma y discrecional del Gobierno de Colombia, sin estar obligada a participar, si no lo considera necesario", (3) "el despliegue efectivo de unidades o contribuciones de Colombia en operaciones de mantenimiento de la paz serán acordadas mediante arreglos posteriores de implementación, que constituyen acuerdos simplificados que el Gobierno podrá suscribir para garantizar la implementación del Acuerdo Marco", (4) "la República de Colombia mantiene la jurisdicción penal, civil y disciplinaria del personal civil o militar enviado a cada misión", (5) "el personal desplegado en cada operación gozará de los mismos privilegios e inmunidades que el resto de personal europeo en cada operación específica" y (6) "se determina que la autoridad competente es el Ministerio de Defensa Nacional. No obstante, para la firma de los acuerdos de implementación serán el Presidente de la República, la Ministra de Relaciones Exteriores o la persona a quien se le haya otorgado los respectivos plenos poderes, los facultados para manifestar la voluntad del Estado colombiano".

IV. CONCEPTOS ALLEGADOS EN VIRTUD DEL AUTO 063 DE 2019

Ministerio de Relaciones Exteriores – Asuntos Jurídicos Internacionales

Mediante respuesta allegada a la Secretaría General de la Corte Constitucional el 15 de marzo de 2019, la entidad emitió las siguientes respuestas:

Afirmó que el concepto de "gestión de crisis" "fue desarrollado por la Unión Europea mediante documento denominado Estrategia de Seguridad Europea´del 12 de diciembre de 2003. Esta definición abarca una amplia gama de situaciones y actividades, como por ejemplo la gestión de cambio climático, ataques terroristas y cibernéticos, e incluso fallas en infraestructura de los Estados. Se trata entonces de un concepto concebido para hacer frente a cualquier riesgo a las dificultades que se presentan en los escenarios de trabajo de la Unión".[15] Aclaró que desde su fundación la Unión Europea participa en todas las fases del ciclo de crisis, desde las estrategias de prevención, hasta la rehabilitación y la reconstrucción mediante la administración de recursos o creación de programas especializados en el país donde haya sucedido el contexto de crisis.

Manifestó que el concepto de "operaciones de gestión de crisis" "emana directamente del numeral 1º del artículo 42 y es complementado por el numeral 1º del artículo 43 del Tratado de la Unión Europea".[16] Advirtió que las "operaciones de gestión de crisis" son operaciones con objetivos específicos, concretamente "están encaminadas a (i) el mantenimiento de la paz, (ii) la prevención de conflictos y (iii) el fortalecimiento de la seguridad internacional. Para tales efectos, se pueden desplegar un amplio catálogo de actividades, como son: actuaciones conjuntas en materia de desarme, asesoramiento y asistencia en cuestiones militares, protección de fronteras, lucha contra la piratería, entre otros".[17] Expresó que las operaciones están amparadas en las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas e incluyen muchos ámbitos de actuación, como reformas en lo policial, judicial y aduanas; facilitan acuerdos que ponen fin a las hostilidades y velan por su cumplimiento; garantizan las seguridad de civiles, refugiados, trabajadores humanitarios y personal de la ONU; prestan vigilancia de las fronteras, etc.

Operaciones civiles de gestión de crisis: "la UE despliega expertos legales desarmados, policías expertos, oficiales de aduanas y fronterizos a terceros Estados, con miras a contribuir a la consolidación del o estabilización del Estado de Derecho, monitorear fronteras, construir capacidad y entrenar en fortalecimiento de la ley. Las operaciones civiles son ejecutadas en tres ámbitos diferentes: (a) Ámbito policial: asesoramiento, asistencia y formación para reformar a las fuerzas de policía locales. (b) Fortalecimiento del Estado de Derecho y Administración Civil: enfocado al fortalecimiento del sistema judicial y penitenciario del país receptor. (c) Protección civil: tareas de apoyo con personal policial de los estados miembros al país receptor".[18]

Operaciones militares de gestión de crisis: "La UE despliega fuerzas armadas para brindar capacidades a países terceros para detectar, prevenir y reprimir la piratería, interceptar el tráfico ilegal de humanos y armas, actividades de vigilancia, entrenar las fuerzas armadas de los países aliados y contribuir a ambientes seguros".[19]

El Ministerio de Relaciones Exteriores dio una respuesta conjunta a estas dos preguntas. Aseguró que las operaciones de gestión de crisis que puede adelantar la Unión Europea están sometidas siempre a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la cual en su numeral segundo proscribe el uso de la fuerza en el escenario internacional y consagra las excepciones legalmente permitidas de esta prohibición general. Adicionalmente el Consejo de Seguridad, como órgano responsable de cumplir con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, tiene la facultad de adoptar las medidas que considere necesarias para la adopción de aquellos objetivos. De tal forma afirmó que "la figura de las operaciones de gestión de crisis no está diseñada para permitir a la UE, ni a ninguno de sus Estados miembros o socios estratégicos, emprender acciones militares en persecución de sus intereses particulares y de manera ajena al derecho internacional, sino que, por el contrario, ofrece claridad frente a la razón de ser de esta figura".[20] Resaltó que el mismo Acuerdo entre Colombia y la Unión Europea que ahora se estudia, también establece una cláusula de observancia de los principios de la Carta de Naciones Unidas.

En relación concreta con los conceptos de conflicto armado interno e internacional y las operaciones de gestión de crisis, el Ministerio adujo lo siguiente:

"(...) mediante la ratificación de este tratado, la República de Colombia efectivamente podría intervenir en situaciones que el derecho internacional podría considerar como conflictos armados.

Sin embargo, es necesario dejar en claro que dicha participación solamente podrá realizarse cuando la operación desplegada esté en estricto apego a las disposiciones de las Naciones Unidas para emprender actividades de tal calibre. Esto, igualmente, quiere decir que, al momento de emprender una actividad de tal envergadura, se tiene que respetar todo los principios consagrados en la Carta, particularmente aquellos consagrados en su artículo 2, los cuales incluyen, además de la prohibición al uso de la fuerza, el respeto por la libre determinación de los pueblos, el respeto por la soberanía de los demás Estados y la obligación de no intervención en asuntos internos. (...)

Por tanto, si bien sí existe la posibilidad que el Estado participe en una operación que pudiera darse en el marco de un conflicto armado en el sentido previsto por el Derecho Internacional Humanitario, sea interno o internacional, dicha participación siempre tendrá que darse respetando la obligación del Estado de velar por el mantenimiento de la paz no solo en el territorio colombiano sino también en el escenario internacional, exactamente atendiendo los mismos parámetros que ya reconoció la Corte al declarar exequible el "Acuerdo Marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de Colombia relativo a las contribuciones al sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de las Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la paz", suscrito en la ciudad de Nueva York el 26 de enero de 2015.

Esta misma reflexión es esencial para entender el alcance de la posible participación de Colombia en una operación de gestión de crisis. En efecto, la participación de Colombia en este tipo de operaciones también podría implicar un hipotético escenario en el cual el Estado colombiano interviniera en un conflicto armado en favor de una de las partes del conflicto.

Sin embargo, nuevamente es imprescindible resaltar que tal intervención tendría que darse de acuerdo a los preceptos de la Carta de Naciones Unidas. En términos concretos, esto implicaría que solamente cuando se esté actuando en atención a una resolución de carácter vinculante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que se haya decidido intervenir a favor de una parte en conflicto o cuando se esté actuando en desarrollo de la legítima defensa colectiva, podría materializarse un escenario como el que plantea la Honorable Corte".[21]

Ministerio de Defensa Nacional

"Gestión de crisis": se encuentra en la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea y es un concepto que hace referencia "a la gestión basada en planes y respuestas para las crisis internacionales. La UE entiende como gestión de crisis, construir capacidades en sus aliados y proteger a Europa y contribuir a la seguridad global a través de diferentes acciones militares y civiles. Este término se refiere a una herramienta que puede ser fundamental en proveer apoyo en una situación de estabilización y de desarrollo".[22] Aclaró que las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea atienden a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y se adelantan en todas las etapas del ciclo de crisis, desde la prevención hasta la rehabilitación y reconstrucción.

"Operaciones de gestión de crisis": se refirió a las misiones establecidas en los artículos 42 y 43 del Tratado de la Unión Europea y precisó que estas operaciones "se conducen con el fin de promover, desarrollar y fortalecer los intereses mutuos de paz y seguridad mundial. Estas se ejecutan en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea fundamentada en el Tratado de la Unión Europea".[23] Señaló que la decisión de adelantar una operación de gestión de crisis requiere de la aprobación de todos los Estados miembros a través de una decisión del Consejo. Además, adujo que estas operaciones pueden contar con las contribuciones de terceros Estados. Actualmente la Unión Europea adelanta 6 operaciones militares y 10 operaciones civiles de gestión de crisis. En el caso de Colombia, el Acuerdo bajo estudio prevé la realización de arreglos posteriores de implementación, los cuales requieren de una aprobación previa del Estado colombiano a través de una invitación remitida por la UE, y la consecuente aceptación y propuesta de la República de Colombia.

"Operaciones civiles de gestión de crisis": "la UE despliega expertos legales, policiales, oficiales de aduanas y fronterizos a países terceros a contribuir al Estado de derecho, monitorear fronteras, construir capacidad y entrenar en el fortalecimiento de la ley".[24] Incluyen tres ámbitos de actuación: (i) policial, (ii) fortalecimiento del Estado de Derecho y Administración Civil y (iii) protección civil.

"Operaciones militares de gestión de crisis": "la UE despliega fuerzas armadas para brindar capacidades a países terceros para detectar, prevenir y reprimir la piratería, interceptar el tráfico ilegal de humanos y armas, actividades de vigilancia, entrenar las fuerzas militares de los países aliados y contribuir a ambientes seguros".[25] La entidad hizo referencia a todas las operaciones que se están adelantando actualmente y resaltó que todas ellas se encuentran amparadas por resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Respecto de las diferencias entre los conceptos de "operaciones civiles de gestión de crisis" y de "operaciones militares de gestión de crisis", el Ministerio de Defensa afirmó que la principal es la relativa a la composición de unas y otras. Mientras que las civiles se componen de personal meramente civil que apoya actividades legales, policiales, de frontera, aduanas, etc., en el caso de las otras, la composición es de personal militar.

El Ministerio de Defensa respondió a los dos interrogantes de manera conjunta. Citó los artículos 42 y 43 del Tratado de la Unión Europea (firmado en Maastricht), disposiciones que consagran las operaciones de gestión de crisis. Sobre su contenido resaltó que (i) son operaciones con objetivos específicos, concretamente, están encaminadas al mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional. Para tales efectos, pueden desplegar un amplio catálogo de actividades, como lo son las actuaciones conjuntas en materia de desarme, asesoramiento y asistencia en cuestiones militares; y (ii) son operaciones que se ejecutan en el marco de las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas. Advirtió que todas las operaciones de gestión de crisis deben observar los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y en ese orden, el Estado colombiano al ser invitado a participar en alguna de estas operaciones debe obedecer a la prohibición del uso de la fuerza, el respeto por la libre autodeterminación de los pueblos, el respeto por la soberanía de los demás Estados y la obligación de no intervención en asuntos internos. Conforme a lo anterior, y dando respuesta a los interrogantes formulados por la Sala Plena de la Corte Constitucional, precisó:

"(...) la participación de Colombia en este tipo de operaciones también podría implicar un hipotético escenario en el cual el Estado colombiano se vea en la necesidad de aplicar el uso de la fuerza. Por lo tanto, nuevamente es imprescindible resaltar que tal intervención tendría que darse de acuerdo a los preceptos de la Carta de Naciones Unidas. En términos concretos, esto implicaría que solamente cuando se esté actuando en atención a una resolución de carácter vinculante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se podría actuar con la posibilidad del uso de las fuerza. Como ya ha sido señalado anteriormente, las operaciones de gestión de crisis que maneja la Unión Europea, y solo para las operaciones militares, cumplen con las siguientes características: - se ejecutan en cumplimiento de los principios establecidos por la Carta de Naciones Unidas, de la cual es parte el Estado colombiano, - se ejecutan en cumplimiento y con el respaldo de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y – ejecutan actividades de apoyo en seguridad en materias como capacitación, entrenamiento, vigilancia y contribuir a ambientes seguros. Es importante señalar que el Acuerdo sobre Gestión de Crisis con la Unión Europea incluye una disposición diseñada para proteger la soberanía nacional, en el sentido de indicar que la decisión final respecto a cualquier despliegue efectivo de recursos colombianos siempre recaerá en el Gobierno Nacional, que siempre contará con la posibilidad de negarse a participar en dicha operación".

Delegación de la Unión Europea

La Delegación remitió respuestas a las preguntas formuladas por la Sala Plena. Afirmó que el concepto de "gestión de crisis" ("crisis manegement") se enmarca en la estrategia global de política exterior y de seguridad de la Unión Europea presentada por el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Política de Seguridad en el año 2016. Aclaró que esta estrategia implica la capacidad de los Estados miembros de protegerse y mantener una seguridad global. Lo anterior implica la asistencia y solidaridad permanente entre los Estados y enfrentar diversos retos o amenazas del exterior como lo son el terrorismo, el crimen organizado, entre otras amenazas.

En lo referente a las "operaciones de gestión de crisis" ("crisis management operations"), hizo referencia a lo establecido en el segundo parágrafo del artículo 38 del Tratado de la Unión Europea, en el que se consagra que el Comité de política y seguridad puede ejercer, bajo la autorización del Consejo y el Alto Representante, la dirección de la estrategia de las operaciones de gestión de crisis. Entre las operaciones de gestión de crisis se pueden incluir las operaciones de desarme, las humanitarias, las de rescate, las de asistencia y apoyo militar, la prevención de conflictos, el mantenimiento de la paz y la estabilización en periodos de posconflicto.

Sobre las "operaciones civiles de gestión de crisis y las "operaciones militares de gestión de crisis" y sus diferencias, manifestó lo siguiente. Las primeras se componen de personal civil y realizan tareas en el ámbito de este sector. Además cuentan con una cadena de mando de naturaleza civil y son financiadas por la Política común de asuntos exteriores y la política de seguridad de la Unión Europea. Las operaciones militares, por su parte, se encuentran enmarcadas en una cadena de mando militar y son financiadas por los Estados miembros de la Unión Europea a través de mecanismos específicos.

Hizo referencia al artículo 21 del Tratado de la Unión Europea en el cual se señala que las operaciones de gestión de crisis deben respetar los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional y contribuir a construcción de soluciones multilaterales. Además estas operaciones deben tener como objetivos la consolidación y fortalecimiento de la democracia, el Estado de Derecho, el mantenimiento de la paz, la prevención de los conflictos y la preservación de la seguridad internacional. De tal forma, adujo que las misiones y operaciones de la Unión Europea se implementan en concordancia con el derecho internacional, incluyéndose el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cuando es aplicable. El uso de la fuerza en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea será solo permitida cuando (i) se tenga la autorización del gobierno receptor/anfitrión, (ii) la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y (iii) se encuentre dentro de las normas del derecho internacional.

Resaltó que la implementación de operaciones de gestión de crisis por parte de la Unión Europea atiende a una naturaleza imparcial de los conflictos. De tal forma, para dar respuesta a este interrogante, aseguró que la participación en un conflicto armado no necesariamente convierte al organismo en una parte del conflicto. Precisó que para que las operaciones puedan implicar el apoyo militar a una de las partes enfrentadas en un conflicto armado, se debe revisar el mandato de la operación específica, la resolución del Consejo de Seguridad y la autorización del gobierno involucrado. Si el mandato de una operación de gestión de crisis contempla un apoyo militar a una de las partes en conflicto, se requerirá la autorización expresa del Consejo de Seguridad de conformidad con el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas y la autorización del Gobierno involucrado.

V. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

El Ministerio Público solicita a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad de la Ley 1925 de 2018 "Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia y se crea un marco para la participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea suscrito en la ciudad de Bogotá D.C., el 5 de agosto de 2014". El Procurador General realiza un análisis formal de la etapa preparlamentaria y luego de la etapa parlamentaria y concluye que se cumplieron con todos los requisitos constitucionales y legales.

En relación con el estudio material del Acuerdo, el Ministerio Público manifiesta que las disposiciones consagradas en el tratado encuentran sustento en los artículos 9º, 226 y 227 de la Constitución Política que disponen, respectivamente, que la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia son la base de las relaciones exteriores del Estado; que es deber del Estado la internacionalización de las relaciones políticas, de manera recíproca, equitativa, por motivos de conveniencia nacional y de integración, así como en el mantenimiento de la paz, como presupuesto democrático, como derecho y como un fin primordial del Estado. Menciona que el Acuerdo hace parte de una estrategia de la Unión Europea para alcanzar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, la cual se ha venido adelantando con otros Estados no miembros de la UE y con otros organismos multilaterales como lo son las Naciones Unidas y la Unión Africana.

Resalta que "el instrumento internacional bajo análisis es un acuerdo marco, que por naturaleza contiene parámetros generales y lineamientos básicos que permiten determinar las obligaciones, deberes, derechos y condiciones que regirán las relaciones de las partes, en este caso, en lo relativo a las operaciones de gestión de crisis. Esto quiere decir que en cualquier caso, las partes podrán acordar compromisos más específicos que respondan a necesidades particulares que puedan generarse a partir de este Acuerdo, los cuales deberán ser aprobados por el órgano legislativo y revisados por la Corte Constitucional".[26] Con base en ello, realiza una descripción breve de cada uno de los artículos del Acuerdo y concluye que guardan una coherencia y armonía con las disposiciones constitucionales. Sobre este punto, subraya que las operaciones de gestión de crisis están amparadas por los principios de la Carta de las Naciones Unidas que es un instrumento vinculante para Colombia y cuyos contenidos se encuentran sustentados en normas constitucionales.

V.CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

COMPETENCIA

De acuerdo a lo establecido en el numeral 10º del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para ejercer el control integral de constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben.

La Ley 1925 de 2018 "Por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la Unión Europea y Colombia, por el que se crea un marco para la participación de este último en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea" suscrito en la ciudad de Bogotá D.C., el 5 de Agosto de 2014, es aprobatoria de un tratado público, por lo que tanto desde el punto de vista material como formal, esta Corporación es competente para adelantar su estudio de constitucionalidad.

Según lo ha establecido reiterada jurisprudencia de esta Corporación, el control que ejerce la Corte Constitucional sobre los tratados públicos y sus leyes aprobatorias, se caracteriza por ser:

"(i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano."[27]

En igual sentido, cabe resaltar que el control constitucional que realiza este Tribunal es de carácter definitivo, es decir, la sentencia hace tránsito a cosa juzgada constitucional, lo que significa que "impide un nuevo juicio constitucional a la Corte y cierra cualquier posibilidad de adelantar un nuevo examen. Si la inconstitucionalidad es consecuencia de la existencia de un vicio material, estará prohibida la reproducción del contenido normativo declarado inexequible (Constitución, art. 243); si declara inexequible la ley aprobatoria por vicios de procedimiento, no se impide su nueva tramitación y posterior examen".[28]

La revisión del aspecto formal del tratado internacional y de su ley aprobatoria se dirige a examinar dos aspectos: i) la validez de la representación del Estado Colombiano en las fases de negociación, celebración y firma del Acuerdo internacional; y ii) el cumplimiento de las reglas de trámite legislativo en la formación de la ley aprobatoria.

Por su parte, en cuanto al examen de fondo, éste consiste en confrontar las disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa y su ley aprobatoria, con la totalidad del texto constitucional, para de esta manera determinar si se ajustan o no al ordenamiento superior. Lo anterior implica que se excluye cualquier análisis de conveniencia política, pues esto le corresponde al gobierno nacional en el ejercicio de su facultad de negociar tratados de derecho internacional.

Hechas las anteriores precisiones, pasa la Corte a examinar la constitucionalidad del tratado internacional objeto de estudio y de su ley aprobatoria, tanto en su aspecto formal como material.

ANÁLISIS FORMAL DE LA SUSCRIPCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACUERDO

Suscripción del Acuerdo

Según lo ha manifestado esta Corporación, el control formal de constitucionalidad de los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias incluye el examen de las facultades del representante del Estado colombiano para negociar, adoptar el articulado mediante su voto y autenticar el instrumento internacional respectivo.

La anterior verificación ha sido realizada por la Corte de acuerdo con lo previsto en los artículos 7º a 10º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969, incorporada al ordenamiento interno por la Ley 32 de 1985, por remisión que hace el artículo 9º de la Carta en el sentido de que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el reconocimiento de los principios aceptados por Colombia.

De esta manera, el artículo 7º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, señala lo siguiente:

"1. Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado, o para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado:

a) Si presenta los adecuados plenos poderes, o

b) Si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados, o de otras circunstancias, que la intención de esos Estados han sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes.

2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado:

a) Los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado;

b) Los jefes de misión diplomática, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados;

c) Los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u órgano." (Subrayado fuera de texto original).

En el presente caso, el "Acuerdo entre la Unión Europea y Colombia, por el que se crea un marco para la participación de este último en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea", fue suscrito el día cinco (05) de agosto de dos mil catorce (2014), por el señor Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón Bueno teniendo en cuenta lo consagrado en el literal a) del numeral 1º del artículo 7 precitado, por lo que se hacía necesaria la presentación de Plenos Poderes para la efectiva celebración de dicho acuerdo, poder que fue otorgado por el entonces Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, el día once (11) de julio de dos mil catorce (2014).[29]

Todo lo anterior, según constancia enviada a esta Corporación, con los respectivos anexos, el veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciocho (2018), por la Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería de Colombia.

Adicionalmente, se adjuntó a la Corte copia auténtica de la Aprobación Ejecutiva del tres (03) de diciembre de dos mil catorce (2014), por medio de la cual el señor presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón autorizó someter a consideración del Congreso de la República el "Acuerdo entre la Unión Europea y Colombia, por el que se crea un marco para la participación de este último en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea", acto que contó con la firma de la Ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín Cuellar.[30]

De tales precisiones se concluye que la adopción del instrumento internacional satisface el requisito de forma, respecto a la calidad de la persona que debió suscribirlo, pues al habérsele otorgado plenos poderes al Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón Bueno, se dio cumplimiento de lo requerido.

Asunto previo: necesidad y realización de consulta previa como expresión del derecho fundamental a la participación de los grupos étnicos

La Constitución Política de Colombia de 1991 reconoce y garantiza la pluralidad de etnias y su derecho fundamental a la libre determinación. De esta manera, el artículo 1º superior define al Estado colombiano como democrático, participativo, y pluralista. Por su parte, el artículo 7º señala que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural.

A su vez, el artículo 8º constitucional indica que es obligación del Estado y de todas las personas proteger las riquezas culturales de la Nación, mientras el artículo 10º establece que pese a que el castellano es el idioma oficial del país, las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios.

A su turno, el artículo 70 de la Carta Política señala que la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad y el artículo 72 llama la atención sobre la obligación del Estado de proteger el patrimonio cultural.

Con fundamento en estas disposiciones, entre otras, este Tribunal ha considerado que el pluralismo étnico debe ser objeto de especial protección y reconocimiento constitucional, toda vez que en Colombia existe una diversidad de identidades étnicas y culturales que deben ser tratadas con el mismo respeto que la colectividad mayoritaria, con los mismos derechos de reproducirse y perpetuarse en el territorio nacional durante el paso del tiempo.

Parte del desarrollo de estas disposiciones constitucionales se encuentra también en la Ley 21 de 1991 mediante la cual se incorporó en nuestro ordenamiento jurídico el Convenio 169 de la OIT, instrumento internacional que establece el derecho de las comunidades étnicas de participar de todas las decisiones que las afecten directamente. El artículo 6º del Convenio consagra la obligación de los Estados de consultar a los pueblos interesados, a través de sus instituciones u órganos representativos, sobre las medidas administrativas o legislativas o de cualquier otro carácter que puedan afectarlos directamente.

El derecho fundamental a la consulta previa de las leyes aprobatorias de tratados internacionales.

En relación con el requisito de consulta previa a comunidades indígenas y tribales, exigida por el Convenio 169 de la OIT, esta Corporación ha distinguido dos aspectos: i) para qué tipo de normas es obligatorio realizar la consulta previa, y ii) en caso de ser obligatorio, en qué momento debe llevarse a cabo la consulta.[31] Respecto del primer punto, en la sentencia C-030 de 2008[32] la Corte determinó que la consulta previa frente a la adopción de medidas legislativas, debe realizarse exclusivamente en “aquellas que puedan afectarlas directamente, siendo uno de los parámetros para identificar las medidas legislativas susceptibles de consulta, su relación con las materias reguladas por el Convenio 169 de la OIT”, e igualmente señaló que hay incidencia directa en las comunidades indígenas y tribales “cuando la ley altera el status de la persona o comunidad bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o por el contrario le confiere beneficio”; criterio que fue igualmente adoptado al efectuar el control de las disposiciones normativas que se integran al orden interno mediante la aprobación de tratados internacionales.

En la sentencia C-214 de 2017 la Corte sintetizó las reglas que deben observarse para definir si una ley aprobatoria de tratado requiere ser consultada previamente con comunidades indígenas o étnicas: " (i) las leyes aprobatorias de tratados deben ser objeto de consulta previa cuando el texto afecte de forma directa a las comunidades étnicas; (ii) las medidas legislativas o administrativas que se adopten en el desarrollo del tratado que involucren directamente a una población étnica, deben someterse al proceso de consulta antes de que se presente la norma para su aprobación en el Congreso de la República; y (iii) prima facie no es necesario someter el instrumento internacional a dicho procedimiento, si éste se refiere a creación de zonas de libre comercio, sin embargo se debe hacer consulta cuando las medidas que se tomen en desarrollo del tratado afecten de forma directa a una comunidad étnica".[34] Del mismo modo, precisó que existen materias reguladas en tratados internacionales que la Corte ya ha identificado que deben cumplir con el procedimiento de consulta, "(...) por ejemplo: la definición o alteración de su territorio, la explotación de recursos naturales y los temas relacionados con las entidades locales de las unidades territoriales de dichos pueblos".

Acorde con estas subreglas jurisprudenciales una ley aprobatoria de un tratado internacional deberá cumplir con el procedimiento de consulta con las comunidades indígenas y étnicas cuando su implementación pueda generar una afectación directa a la vida y costumbres de estos pueblos. Para el efecto, deben analizarse los contenidos, objetivos y alcance del tratado para identificar esta eventual afectación.

Análisis sobre la obligatoriedad de la consulta previa en el asunto de la referencia

La Sala Plena de la Corte Constitucional considera que en el caso del "Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia por el que se crea un marco para la participación de la República de Colombia en las Operaciones de Gestión de Crisis de la Unión Europea", no era obligatorio adelantar el proceso de consulta previa por las siguientes razones. En primer lugar, el objeto y fin del tratado se limita a establecer un marco a través del cual se formulan las disposiciones generales para que Colombia pueda participar de operaciones de gestión de crisis adelantadas por la Unión Europea, las cuales tienen lugar por fuera del territorio colombiano. En segundo lugar, porque el contenido material del tratado en ningún aspecto involucra a pueblos indígenas o étnicos o sus costumbres tradicionales.

Trámite de aprobación del proyecto de ley en el Congreso de la República

De conformidad con la documentación que obra en el expediente legislativo, se logró establecer que el Proyecto de Ley radicado bajo los números 153 de 2016 Senado y 137 de 2017 Cámara, agotó el siguiente trámite en el Congreso de la República:

Trámite en el Senado de la República.

El Proyecto de Ley 153 fue radicado en el Senado de la República por el Gobierno Nacional, el 04 de octubre de 2016, a través de los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional. El texto original con la respectiva exposición de motivos radicados en el Senado, aparecen publicados en la Gaceta del Congreso No. 839 del 5 de octubre de 2016[36], cumpliéndose así, con los requisitos referentes a la iniciación de esta clase de asuntos en el Senado de la República (artículo 154 Constitucional), y la publicación del proyecto de ley antes de darle curso en la comisión respectiva (numeral 1° del artículo 157 de la Carta Política).

Advertida la publicación oficial del proyecto de ley se tiene por cumplido el requisito formal de publicidad previsto en el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992.

Publicación de la ponencia para primer debate:

La ponencia para primer debate fue repartida en la Comisión Segunda del Senado de la República y presentada en forma favorable por la Senadora designada Paola Holguín Moreno. La ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 216 del 6 de abril de 2017 [37]en cumplimiento del artículo 157 de la Ley 5ª de 1992.

Anuncio y aprobación en primer debate:

El Proyecto de Ley 153 de 2016 Senado fue anunciado para primer debate en el Senado de la República el 19 de abril de 2017, tal como consta en el Acta No. 18 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 448 del 07 de junio de 2017 en los siguientes términos:

(…) Por favor haga los anuncios de los proyectos de ley.

El Secretario, doctor Diego Alejandro González González, hace los anuncios de los proyectos de ley.

Por instrucciones del Presidente, me permito leer los anuncios de proyectos para la próxima sesión de Comisión:

- Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado, “por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia por el que se crea un marco para la participación de la República de Colombia en las Operaciones de Gestión de Crisis de la Unión Europea”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 5 de agosto de 2014. Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional. Ponente: honorable Senadora Paola Andrea Holguín Moreno. Publicaciones: Texto del Proyecto de ley: Gaceta del Congreso número 839 de 2016. Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso número 216 de 2017.

Le informo, señor Presidente, han sido anunciados los proyectos de ley para discutir y votar en la próxima sesión.

Se levanta la sesión a las 12:43. Se convoca para el próximo miércoles siguiente.[38]

El proyecto fue discutido y aprobado en la sesión del día 02 de mayo de 2017, según consta en el Acta No. 19 de esta fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 448 del 07 de junio de 2017conforme al siguiente texto:

(…) Siendo las 10:30 a. m. del día martes dos (2) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), previa convocatoria hecha por el señor Secretario de la Comisión Segunda, doctor Diego Alejandro González González se reunieron los honorables Senadores para sesionar en la Comisión.

(…)

II. Discusión y Votación de Proyectos de ley anunciados en sesión anterior

(…)

6. Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado, “por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia por el que se crea un marco para la participación de la República de Colombia en las Operaciones de Gestión de Crisis de la Unión Europea”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 5 de agosto de 2014.

Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional.

Ponente: honorable Senadora Paola Andrea Holguín Moreno.

Publicaciones: Texto del Proyecto de ley: Gaceta del Congreso número 839 de 2016. Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso número 216 de 2017.

(…)

El señor Presidente, honorable Senador Jaime Enrique Durán Barrera, informa:

Como se trata de un Tratado, vamos a hacer la votación nominal, sírvase señor Secretario leer el informe con que termina la ponencia.

El Secretario, doctor Diego Alejandro González González, da lectura al informe de ponencia.

Proposición Final

Por las anteriores consideraciones, nos permitimos solicitar a los honorables Senadores de la República, dar trámite en primer debate al Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado, “por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia, por el que se crea un marco para la participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 5 de agosto de 2014”. De los honorables Senadores, Paola Andrea Holguín Moreno, Senadora ponente. Está leída la proposición, señor Presidente.

El señor Presidente, honorable Senador Jaime Enrique Durán Barrera:

Le solicita al Secretario se sirva llamar a lista para la votación nominal al informe final de ponencia del Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado.

El señor Secretario, doctor Diego Alejandro González González:

Realiza el llamado a lista para la votación nominal al informe final de ponencia del Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado:

Avirama Avirama Marco Aníbal Vota Sí

Barón Neira León Rigoberto Vota Sí

Cepeda Castro Iván

Chamorro Cruz William Jimmy Vota Sí

Durán Barrera Jaime Enrique Vota Sí

Galán Pachón Carlos Fernando Vota Sí

Holguín Moreno Paola Andrea Vota Sí

Lizcano Arango Óscar Mauricio

Name Cardozo José David

Name Vásquez Iván Leonidas

Osorio Salgado Nidia Marcela Vota Sí

Vega de Plazas Thania Vota Sí

Velasco Chaves Luis Fernando Vota Sí

El señor Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González:

Le informo señor Presidente que han votado por el sí nueve (9) honorables Senadores; por el no, no hubo ningún voto, en consecuencia, ha sido aprobada la proposición final con que termina el informe ponencia del Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado

El señor Presidente, honorable Senador Jaime Enrique Durán Barrera:

Informa a los Senadores: vamos a votar la omisión de la lectura del articulado y el articulado del Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado.

El señor Secretario, doctor Diego Alejandro González González:

Realiza el llamado a lista para la votación de la omisión de lectura del articulado y el articulado del Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado.

Avirama Avirama Marco Aníbal Vota Sí

Barón Neira León Rigoberto Vota Sí

Cepeda Castro Iván

Chamorro Cruz William Jimmy Vota Sí

Durán Barrera Jaime Enrique Vota Sí

Galán Pachón Carlos Fernando Vota Sí

Holguín Moreno Paola Andrea Vota Sí

Lizcano Arango Óscar Mauricio

Name Cardozo José David

Name Vásquez Iván Leonidas

Osorio Salgado Nidia Marcela Vota Sí

Vega de Plazas Thania Vota Sí

Velasco Chaves Luis Fernando Vota Sí

Señor Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González:

Le informo señor Presidente, han votado por el sí nueve (9) honorables Senadores, por el no ninguno; en consecuencia, ha sido aprobada la omisión de la lectura del articulado y el articulado del Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado

El señor Presidente, honorable Senador Jaime Enrique Durán Barrera:

Solicita al Secretario, leer el título del proyecto y votamos el mismo, señor Secretario.

El señor Secretario, doctor Diego Alejandro González González:

Da lectura al título: Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado, “por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia, por el que se crea un marco para la participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 5 de agosto de 2014”. Está leído el título del proyecto.

El señor Presidente, honorable Senador Jaime Enrique Durán Barrera, informa a los Senadores de la Comisión: vamos a votar el título del Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado, y el querer de la Comisión para que tenga segundo debate este Tratado.

El señor Secretario, doctor Diego Alejandro González González:

Realiza el llamado a lista a los Senadores para la votación del título del Proyecto de ley número 153 de 2016 y el querer de la Comisión de que tenga segundo debate este Tratado:

Avirama Avirama Marco Aníbal Vota Sí

Barón Neira León Rigoberto Vota Sí

Cepeda Castro Iván

Chamorro Cruz William Jimmy Vota Sí

Durán Barrera Jaime Enrique Vota Sí

Galán Pachón Carlos Fernando Vota Sí

Holguín Moreno Paola Andrea Vota Sí

Lizcano Arango Óscar Mauricio

Name Cardozo José David

Name Vásquez Iván Leonidas

Osorio Salgado Nidia Marcela Vota Sí

Vega de Plazas Thania Vota Sí

Velasco Chaves Luis Fernando Vota Sí

El señor Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González:

Le informo señor Presidente que han votado por el sí nueve (9) honorables Senadores; por el no ninguno, en consecuencia, ha sido aprobado el título del Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado y el querer de los honorables Senadores que este proyecto tenga segundo debate.

El señor Presidente, honorable Senador Jaime Enrique Durán Barrera, informa: Se designa a la Senadora Paola Holguín, como ponente para segundo debate ante la Plenaria del Senado. Continúe señor Secretario con el siguiente proyecto del Orden del Día (…)”[39]

Ponencia para segundo debate

La ponencia positiva para segundo debate al proyecto de ley de la referencia fue presentada por la Senadora Paola Andrea Holguín y publicada en la Gaceta del Congreso No. 294 del 03 de mayo de 2017.[40]

Anuncio y aprobación del proyecto en segundo debate

El proyecto de ley fue anunciado para segundo debate en el Senado de la República el 29 de Agosto de 2017, como consta en el Acta No. 12 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 1172 del 11 de diciembre de 2017. El anuncio se realizó así:

(...)

“Por Secretaría se informa que se ha registrado quórum deliberatorio.

Siendo las 3:32 p. m., la Presidencia manifiesta:

Ábrase la sesión y proceda el señor Secretario a dar lectura al Orden del Día, para la presente reunión. Por Secretaría se da lectura al Orden del Día para la presente sesión.

(...)

III. Lectura de ponencias y consideración de proyectos en segundo debate

1. Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia por el que se crea un marco para la participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 5 de agosto de 2014. Ponente para Segundo Debate: honorable Senadora, Paola Andrea Holguín Moreno. Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso número 839 de 2016 Ponencia para primer debate: publicada en la Gaceta del Congreso número 216 de 2017. Ponencia para segundo debate: publicada en la Gaceta del Congreso número 294 de 2017. Autores: Ministros de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín Cuéllar y Defensa Nacional, doctor Luis Carlos Villegas Echeverri.

(...)

Anuncio de proyectos

Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión

(...)

- Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia por el que se crea un marco para la participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 5 de agosto de 2014.[41]

De acuerdo con la certificación expedida por el Secretario General del Senado[42], el proyecto en mención fue aprobado a través del sistema de votación nominal, con un total de votos por el 55 votos por el SI, 06 votos por el NO, para un total final de 61 votos, tal y como consta en el Acta No. 13 del 30 de agosto de 2017, publicada en la Gaceta del Congreso No. 1022 del 07 de noviembre de 2017. El texto de aprobación es el siguiente:

(...)

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a la proposición con que termina la ponencia.

Por Secretaría se da lectura a la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado.

La Presidencia somete a consideración de la plenaria la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado y, cerrada su discusión, abre la votación e indica a la Secretaría abrir el registro electrónico para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el resultado de la votación.

Por Secretaría se informa el siguiente resultado:

Por el Sí: 57

Por el No: 10

TOTAL: 57 Votos

Votación Nominal a la Proposición Positiva con que termina el Informe de Ponencia del Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado

por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia por el que se crea un Marco para la Participación de la República de Colombia en las Operaciones de Gestión de Crisis de la Unión Europea, suscrito en la ciudad de Bogotá, C. D., el 5 de agosto de 2014.

Honorables Senadores

Por el Sí

Acuña Díaz Laureano Augusto

Amín Escaf Miguel

Araújo Rumié Fernando Nicolás

Ashton Giraldo Álvaro Antonio

Avirama Avirama Marco Aníbal

Barón Neira León Rigoberto

Bustamante García Éverth

Cabrales Castillo Daniel Alberto

Cabrera Báez Ángel Custodio

Casado de López Arleth Patricia

Castañeda Serrano Orlando

Celis Carrillo Bernabé

Cepeda Sarabia Efraín José

Chamorro Cruz William Jimmy

Correa Borrero Susana

Correa Jiménez Antonio José

Duque Márquez Iván

Durán Barrera Jaime Enrique

Enríquez Rosero Manuel

Fernández Alcocer Mario Alberto

Galán Pachón Juan Manuel

García Burgos Nora María

García Realce Guillermo

García Romero Teresita

García Turbay Lidio Arturo

García Zuccardi Andrés Felipe

Gaviria Vélez José Obdulio

Géchem Turbay Jorge Eduardo

Gerléin Echeverría Roberto Víctor

Gómez Jiménez Juan Diego

Guerra de la Espriella María del Rosario

Guerra Sotto Julio Miguel

Henríquez Pinedo Honorio Miguel

Holguín Moreno Paola Andrea

López Hernández Claudia Nayibe

Macías Tovar Ernesto

Martínez Rosales Rosmery

Mejía Mejía Carlos Felipe

Merheg Marún Juan Samy

Mora Jaramillo Manuel Guillermo

Name Cardozo José David

Name Vásquez Iván Leonidas

Navarro Wolff Antonio José

Ortiz Urueña Roberto

Osorio Salgado Nidia Marcela

Paredes Aguirre Myriam Alicia

Pestana Rojas Yamina del Carmen

Ramos Maya Alfredo

Rangel Suárez Alfredo

Restrepo Escobar Juan Carlos

Rodríguez Rengifo Roosvelt

Serpa Uribe Horacio

Sierra Grajales Luis Emilio

Tovar Rey Nora Stella

Uribe Vélez Álvaro

Vega de Plazas Ruby Thania

Villadiego Sandra Elena.

Honorables Senadores

Por el No

Álvarez Montenegro Javier Tato

Andrade Casamá Luis Évelis

Castilla Salazar Jesús Alberto

Cepeda Castro Iván D

elgado Ruiz Édinson

López Maya Alexánder

Morales Hoyos Viviane Aleyda

Niño Avendaño Segundo Senén

Robledo Castillo Jorge Enrique

Santos Marín Guillermo Antonio.

30. VIII. 2017

En consecuencia, ha sido aprobada la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado.

Se abre segundo debate

(…)

La Presidencia somete a consideración de la plenaria el articulado en bloque del proyecto y, cerrada su discusión, pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado propuesto?

La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del proyecto. Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia por el que se crea un marco para la participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el 5 de agosto de 2014.

Leído este, la Presidencia lo somete a consideración de la plenaria, y cerrada su discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación el título leído?

Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado surta su trámite en la Cámara de Representantes?

La Presidencia abre la votación de la omisión de la lectura del articulado, el articulado en bloque, título y que surta su tránsito el Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado e indica a la Secretaría abrir el registro electrónico para proceder en forma nominal.

La Presidencia cierra la votación, e indica a la Secretaría cerrar el registro electrónico e informar el resultado de la votación. Por Secretaría se informa el siguiente resultado:

Por el Sí: 55

Por el No: 06

TOTAL: 61

Votos Votación Nominal a la Omisión de la Lectura el Articulado, Bloque del Artículo, Título y Tránsito a la otra Cámara del Proyecto de ley número 153 de 2016 Senado

(…)

En consecuencia, ha sido aprobada la omisión de la lectura del articulado, el articulado en bloque, título y que surta su tránsito a la otra cámara el Proyecto de ley número 153 de 2015 Senado”.[43]

Publicación del texto aprobado

El texto definitivo aprobado en segundo debate en la Plenaria del Senado fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 760 del 05 de septiembre de 2017.[44]

Trámite en la Cámara de Representantes

Ponencia para primer debate:

Radicado el proyecto de ley de la referencia en la Cámara de Representantes con el número 137 de 2017, fue repartido a la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes, y se designó como ponentes a los Representantes Alirio Uribe Muñoz, Vanessa Alexandra Mendoza y Jaime Armando Yepes Martínez. La ponencia favorable para primer debate se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso No. 1006 del 1 de noviembre de 2017.[45]

Anuncio y aprobación en primer debate:

De conformidad con el texto del Acta No. 20 del 4 de abril de 2018, publicada en la Gaceta del Congreso No. 269 del 16 de mayo de 2018 y el Acta Nº 22 del 18 de abril de 2018, en la Gaceta del Congreso Nº. 271 del 16 de mayo de 2018, el anuncio de la aprobación del proyecto de ley se realizó en los siguientes términos:

Hace uso de la palabra el Secretario de la Comisión Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:

Si señora Presidenta. Me permito anunciar los proyectos de ley para la próxima sesión de Comisión donde se sometan a discusión y votación, dando cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003.

Proyecto de ley número 156 de 2017 Cámara, 247 de 2017 Senado

Proyecto de ley número 323 de 2017 Cámara, 90 de 2016 Senado

Proyecto de ley número 158 de 2017 Cámara

Proyecto de ley número 137 de 2017 Cámara, 153 de 2016 Senado

Proyecto de ley número 029 de 2017 Cámara

Proyecto de ley número 148 de 2017 Cámara

Proyecto de ley número 175 de 2017 Cámara

Proyecto de ley número 192 de 2017 Cámara

Proyecto de ley número 193 de 2017 Cámara

Han sido anunciados los proyectos de ley señora Presidenta[46]

25. En efecto, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes discutió y aprobó el proyecto de ley de la referencia en la siguiente sesión del 24 de abril de 2018, según consta en el Acta No. 23 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 399 del 8 de junio de 2018, conforme al siguiente texto:

(…)

Hace uso de la palabra el Presidente (e) de la Comisión Segunda, honorable Representante José Luis Pérez Oyuela:

Una vez negada la proposición de archivo, vamos a abocar ese punto del Orden del Día, para lo cual, le solicito, señor Secretario, dar lectura a la proposición con la que termina la ponencia para primer debate del proyecto de ley. Hace uso de la palabra el Secretario de la Comisión Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez: Sí, señor Presidente. El informe de Ponencia es el siguiente:

Proposición

Por las anteriores, nos permitimos solicitar a los honorables Representantes a la Cámara, dar trámite en primer debate al Proyecto de ley número 137 de 2017 Cámara, 153 de 2016 Senado, “por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Colombia, por el que se crea un marco para la participación de la República de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C, el 5 de agosto de 2014. Firma el informe de ponencia el doctor Jaime Armando Yepes Martínez.

Ha sido leído el Informe de Ponencia, señor Presidente, puede usted someterlo a consideración.

Hace uso de la palabra el Presidente (e) de la Comisión Segunda, honorable Representante José Luis Pérez Oyuela:

Está en consideración la proposición leída, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿La aprueba la Comisión? Sírvase llamar a lista, señor Secretario, para la votación.