Sentencia C-375/22

INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Incumplimiento del requisito de certeza en los cargos

INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Incumplimiento de requisitos de especificidad, pertinencia y suficiencia

INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-No estructuración de un verdadero cargo de inconstitucionalidad

Expediente: D-14758

Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el literal c) del artículo 6º y el literal d) del artículo 17 de la Ley 84 de 1989, “por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia”.

Demandantes: Diana Marcela Santacruz Ordóñez, Laura Yasmín Ríos Grisales y Jhaslen Ricardo Ramírez Lemus.

Magistrado sustanciador:

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintidós (2022)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de las facultades constitucionales y legales, en especial de la prevista por el artículo 241.4 de la Constitución Política, profiere la siguiente

SENTENCIA

ANTECEDENTES

El 28 de marzo de 2022 las ciudadanas Diana Marcela Santacruz Ordóñez y Laura Yasmín Ríos Grisales, y el ciudadano Jhaslen Ricardo Ramírez Lemus (“Demandantes”) presentaron demanda de inconstitucionalidad en contra del literal c) del artículo 6 (“Primer Cargo”); y el literal d) del artículo 17 de la Ley 84 de 1989 (“Segundo Cargo”), “por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia”.

El 7 de abril de 2022 fue repartida la demanda al despacho de la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien profirió auto admisorio de la demanda el 2 de mayo de 2022, en relación con el presunto desconocimiento del artículo 79 de la Constitución bajo el Primer Cargo y, en el Segundo Cargo, de los artículos 29 y 79 de la Constitución.

Mediante el auto del 2 de mayo de 2022 se: (i) corrió traslado de la demanda a la Procuraduría General de la Nación, para que dicha autoridad rindiera el concepto de su competencia (CP arts. 278.5 y 242.4); y, además, (ii) se ordenó comunicar el inicio de este proceso al presidente del Congreso, al presidente de la República, al ministro de justicia y del derecho, y a al Director Nacional de Planeación, para que, si lo estimaban conveniente, y en desarrollo de lo previsto en el artículo 244 del Texto Superior, indicaran las razones para justificar la declaratoria de exequibilidad o inexequibilidad de las norma demandadas. Por último, por su experticia en la materia, (iii) se invitó a participar en este juicio a varias entidades, asociaciones y universidades[1], con el fin de que presentaran su opinión sobre la materia objeto de controversia[2].

En sesión de Sala Plena del 26 de octubre de 2022 el proyecto de sentencia presentado por la magistrada Diana Fajardo Rivera en el asunto de la referencia no alcanzó la mayoría requerida para su aprobación. Por esta razón, el expediente fue rotado al magistrado Alejandro Linares Cantillo[3], para la sustanciación de la presente sentencia. No obstante, el acápite de 'Antecedentes' y el análisis frente al 'Segundo Cargo' de la demanda incorporan en gran parte los valiosos insumos de la ponencia inicial.

Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a decidir sobre la demanda
de la referencia.

DISPOSICIÓN DEMANDADA

A continuación, se transcribe el contenido de la disposición acusada, en la que se subraya y resalta los apartes demandados:

“LEY 84 DE 1989

(Diciembre 27)

Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

[…]

Artículo 6. El que cause daño a un animal o realice cualquiera de las conductas consideradas como crueles para con los mismos por esta Ley, será sancionado con la pena prevista para cada caso. Se presumen hechos dañinos y actos de crueldad para con los animales los siguientes: […]

c) Remover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro, órgano o apéndice de un animal vivo, sin que medie razón técnica, científica, zooprofiláctica, estética o se ejecute por piedad para con el mismo; […]

Artículo 17. El sacrificio de un animal no destinado al consumo humano sólo podrá realizarse mediante procedimientos no sancionados por esta Ley en el capítulo anterior y que no entrañen crueldad, sufrimiento o prolongación de la agonía y únicamente en razón de las siguientes circunstancias: […]

d) Cuando se obre en legítima defensa actual o inminente, propia o de un tercero; […]”[4].

LA DEMANDA

Primer Cargo: Para los demandantes, el literal c) parcial del artículo 6º de la Ley 84 de 1989 es inconstitucional, pues desconoce el artículo 79 de la Constitución Política, así como la jurisprudencia de esta corporación sobre la protección de los animales[5], el concepto de 'constitución verde o ecológica' y el deber moral y solidario que tienen los humanos de mantener un trato digno hacia los animales. Dicho desconocimiento tendría lugar pues la disposición acusada establece – en criterio de los Demandantes – una excepción al maltrato animal cuya finalidad es estética, sin que exista justificación constitucional que la soporte.

Segundo Cargo: Los Demandantes argumentaron que el literal d) parcial del artículo 17 de la Ley 84 de 1989 es inconstitucional, toda vez que contraría los artículos 29 y 79 de la Constitución Política.

Plantearon que el Código Penal (Ley 599 de 2000) se encarga de definir los delitos a través de los tipos penales, lo que resulta necesario para la comprensión de la legítima defensa. Este código establece que la legítima defensa puede ser ejercida por quien rechaza a un extraño que irrumpe de manera indebida en su habitación, o bien, cuando se obra en defensa de un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual e inminente, y siempre que la respuesta sea proporcionada (Art. 32 Código Penal y Sentencia C-899 de 2003). Ese sería, entonces, el supuesto que contempla la disposición demandada.

No obstante, para los Demandantes, la “injusta agresión” a la que se refiere la legítima defensa en el Código Penal supone un actuar antijurídico y deliberado de quien comete el ataque al que responde la defensa del sujeto pasivo, y una agresión de semejante naturaleza no puede ser atribuida a los animales no humanos. Sostuvieron que, en la medida en que la persona que responde a la agresión del animal no puede saber cuándo considerarla injusta, la disposición genera una grave lesión a la seguridad jurídica, lo que viola el debido proceso, pues las personas podrían sacrificar al animal considerando erróneamente que están amparadas por la legítima defensa.

Adicionalmente, la disposición demandada – señalaron – atenta contra el artículo 79 de la Constitución, pues da carta libre a los ciudadanos para evadir su deber de solidaridad hacia los animales, establecido en la Ley 1774 de 2016 (Art. 3º, literal c), permitiéndoles atentar contra la vida e integridad de los animales, bajo la creencia equivocada de estar amparados por la legítima defensa.

INTERVENCIONES

La Corte Constitucional recibió ocho intervenciones dentro del presente trámite, además del concepto del Ministerio Público. A continuación se sintetizan los principales argumentos presentados en cada intervención[6]:

CONCEPTO DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN

En escrito del 23 de junio de 2022, la procuradora general de la nación rindió el concepto a su cargo. Le solicitó a la Corte declarar la inexequibilidad del literal c) del artículo 6 de la Ley 84 de 1989 (Primer Cargo), e inhibirse de proferir una decisión de fondo en relación con el literal d) del artículo 17 de la misma ley (Segundo Cargo).

Respecto al Primer Cargo, señaló que no supera el juicio de proporcionalidad, pues las acciones de remover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro, órgano o apéndice de un animal vivo por una razón estética no persiguen ningún fin legítimo, y sí suponen el maltrato de un ser sintiente solo por satisfacer el ideal de belleza del ser humano:

“Al respecto, se advierte que el aparte normativo demandado concibe a los animales como cosas que se encuentran a disposición de los humanos, ignorando su condición de seres sintientes cuyo sufrimiento debe ser evitado en la mayor medida de lo posible y que, por ende, no puede justificarse en la mera satisfacción de las necesidades o caprichos de las personas que no se corresponden con el núcleo esencial de sus derechos fundamentales”[7].

Sostuvo que ante la ausencia de una finalidad legítima era innecesario avanzar en el examen de proporcionalidad.

En relación con el Segundo Cargo, planteó que el cargo no resulta apto, pues carece de: (i) certeza, en la medida en que los actores limitan subjetivamente el alcance de la norma a eventos en que las personas sacrifican a un animal para defenderse, y dejan de lado las ocasiones en que el animal es utilizado como un instrumento por parte de su dueño para agredir a otros; (ii) pertinencia, pues la norma no se contrasta con otra, de jerarquía constitucional, sino con el Código Penal; y (iii) especificidad, en tanto las razones de inconstitucionalidad que exponen son vagas y genéricas, dado que los accionantes no precisan cómo se presenta la infracción al deber de precaver el maltrato animal, en especial, cuando la norma acusada exige, además de los presupuestos de la legítima defensa, que los procedimientos de sacrificio no “entrañen crueldad, sufrimiento o prolongación de la agonía” del animal.

Asimismo, (iv) argumentó que tampoco cumple el cargo de suficiencia, pues, mientras la jurisprudencia constitucional ha considerado que el examen de proporcionalidad es adecuado para evaluar qué conductas que afectan a los animales son inconstitucionales, los actores no adelantan un examen de este tipo, en función de la integridad personal y la vida de las personas, fines subyacentes a la norma demandada.

CONSIDERACIONES

COMPETENCIA

La Corte Constitucional es competente para resolver la controversia planteada según lo dispuesto por el artículo 241.4 del Texto Superior, en cuanto se trata de una acción promovida por un ciudadano en contra de una disposición de rango legal, que se ajusta en su expedición a la atribución consagrada en el numeral primero del artículo 150 de la Constitución.

EXAMEN DE CUESTIONES PREVIAS – APTITUD DE LA DEMANDA

Reiteración de jurisprudencia sobre la aptitud de la demanda[8]

El artículo 241 de la Constitución Política establece que a la Corte Constitucional se le confía la guarda de su integridad y supremacía y, en los numerales 4 y 5, le atribuye la función de decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes y los decretos con fuerza de ley, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.

El Decreto 2067 de 1991, que contiene el régimen de los juicios y actuaciones que deben surtirse ante la Corte Constitucional, en el artículo 2°, precisa que las demandas de inconstitucionalidad deben presentarse por escrito, en duplicado, y deben cumplir con los siguientes requisitos: (i) señalar las normas que se cuestionan y transcribir literalmente su contenido o aportar un ejemplar de su publicación oficial; (ii) especificar los preceptos constitucionales que se consideran infringidos; (iii) presentar las razones por las cuales dichos textos se estiman violados; (iv) si la acusación se basa en un vicio en el proceso de formación de la norma demandada, se debe establecer el trámite fijado en la Constitución para expedirlo y la forma en que éste fue quebrantado; y (v) la razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.

Frente al tercer requisito, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la acusación debe responder a criterios de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia. No se trata de requisitos adicionales de la demanda de inconstitucionalidad, sino de características que debe reunir el concepto de la violación, para permitir un control de constitucionalidad de fondo no oficioso, a partir de un contraste verificable entre la Constitución y una norma de rango legal. Como lo precisó la sentencia C-1052 de 2001, reiterada recientemente en la sentencia C-348 de 2021, cada una de dichas características de la argumentación tiene fundamento en la Constitución Política, particularmente, en el carácter estricto y preciso de las competencias de esta corporación, así:

Estas características de la argumentación del concepto de la violación no persiguen dificultar o tecnificar el acceso al juez constitucional, sino preservar el carácter limitado y rogado de las funciones jurisdiccionales atribuidas a la Corte Constitucional, “en los estrictos y precisos términos” del artículo 241 de la Constitución. Es por esta razón y en atención del carácter público de la acción de inconstitucionalidad, así como la efectividad del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y el mandato de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, que el análisis de la aptitud de la demanda debe guiarse por el principio pro actione, según el cual, la labor de los jueces no debe ser la de impedir el acceso a la justicia, sino administrarla adecuadamente, en cuanto la demanda lo permita[14].

Aunque el análisis de los requisitos de procedibilidad de la demanda se debe realizar, en primer lugar, en la etapa de admisión, se trata de un examen preliminar, que no obsta para que el asunto deba ser reexaminado luego de las intervenciones oficiales y ciudadanas. En ese sentido, esta Corporación ha precisado que la evaluación que sobre la aptitud del cargo se adelanta en la etapa inicial del trámite de constitucionalidad "no impide que la Sala Plena analice con mayor detenimiento y profundidad los cargos propuestos"[15]. Con fundamento en ese examen, en el que concurre un proceso deliberativo, la Sala Plena puede concluir que el cargo no cumple las condiciones de aptitud e inhibirse para emitir un pronunciamiento de fondo[16].

Por lo demás, no sobra recordar que un fallo inhibitorio, lejos de afectar la garantía de acceso a la administración justicia (CP art. 229), constituye una herramienta idónea para preservar el derecho político y fundamental que tienen los ciudadanos de interponer acciones públicas en defensa de la Constitución (CP arts. 40.6 y 241), al tiempo que evita que la presunción de constitucionalidad que acompaña al ordenamiento jurídico sea objeto de reproche a partir de argumentos que no suscitan una verdadera controversia constitucional. En estos casos, como se expuso en la sentencia C-1298 de 2001, lo procedente es "[...] adoptar una decisión inhibitoria que no impide que los textos acusados puedan ser nuevamente objeto de estudio a partir de una demanda que satisfaga cabalmente las exigencias de ley".

Con base en estas consideraciones, pasa entonces la Corte a examinar la aptitud de la demanda.

Examen de aptitud de la demanda – Primer Cargo

La Sala anticipa que el Primer Cargo de la demanda es inepto, por cuanto no cumple con el requisito de certeza de la demanda.

Los Demandantes consideran que la disposición demandada establece "una excepción al maltrato animal, asociada a razones estéticas"[17]. Así, en criterio de los Demandantes, la disposición "relaciona una serie de excepciones en la que remover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro, órgano o apéndice de un animal vivo [...], cuando medie razón 'estética', estaría exenta de sanción"[18] (subrayas fuera del texto original). Además, concluyen que "es evidente que se presenta un déficit de protección a la fauna [...] pues no existe justificación constitucional alguna para excepcionar de sanción las conductas de maltrato animal cuando se invoquen fines estéticos antropocéntricos"[19].

Como se pasa a demostrar, la disposición acusada no tiene como propósito frente a la excepción a la prohibición de maltrato animal, excluir de la sanción a unas determinadas conductas o validar la realización de cualquier tipo de mutilación por razones estéticas. Por ello, el alcance endilgado por los demandantes a la norma resulta contrario a su verdadero alcance, incumpliéndose el requisito de certeza, e invalidando los presupuestos sobre los cuales se construye el Primer Cargo.

En síntesis, el error en la interpretación planteada por los Demandantes proviene de una lectura del literal c) que no integra lo señalado en el inciso primero del mismo artículo acusado parcialmente. Al realizar una interpretación sistemática del artículo 6 de la Ley 84 de 1989 se genera una proposición jurídica que difiere de lo planteado en la demanda. Contrario a lo sostenido por los Demandantes, el artículo 6 de la Ley 84 de 1989 tiene una estructura en la cual, a la par de establecer la sanción administrativa para la comisión de hechos dañinos y actos de crueldad contra los animales, enlista una serie de conductas que deben presumirse como crueles y dañinas.

Al analizar la estructura global del artículo, se reconoce que la disposición: (i) establece un tipo contravencional. En él, se identifica que hay dos conductas rectoras (causar daño y realizar conductas crueles), y establece la activación de la sanción por su comisión. A renglón seguido, (ii) se señala la existencia de un listado de presunciones de existencia de hechos dañinos y actos de crueldad. La presunción establecida en el literal c), demandado, se refiere a "[r]emover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro, órgano o apéndice de un animal vivo", pero exige que tales conductas sean cometidas sin razones técnicas, científicas, zoo profilácticas, estéticas o se ejecute por piedad. Así, cuando las conductas se cometen, en lo más relevante para el presente caso, por razones estéticas, lo único que ocurre es que la presunción de maltrato desaparece, pero no así la posibilidad de que, luego de un procedimiento en el que se determine la responsabilidad subjetiva del agente, este sea sancionado por la mutilación.

En este punto es relevante recordar que las presunciones son una figura jurídica de naturaleza probatoria, en virtud de la cual "de un hecho conocido se deduce un hecho desconocido que guarda con el primero una relación de necesidad física o lógica"[20]. Según el grado de certeza sobre el hecho desconocido que se deduce, las presunciones admitirán prueba en contrario (presunción legal) o no (presunción de derecho). En ese orden de ideas, para que opere una presunción – y se deduzca el hecho desconocido o la consecuencia establecida – será necesario que quien alegue su ocurrencia demuestre el supuesto de hecho exigido. De ocurrir lo anterior, quien se beneficie de la presunción se encontrará exento de la carga probatoria respecto de aquel hecho desconocido o consecuencia que se deduce del hecho cierto y probado. Este tribunal lo ha explicado en el siguiente sentido:

"Por medio de las presunciones ocurre una de dos posibilidades: o bien que quien alega la presunción para fundar su derecho desplace la carga de la prueba en cabeza de su adversario o bien que quien alega la presunción le niegue a su adversario por entero la facultad de acudir a prueba alguna que demuestre la no existencia del hecho decisivo.

De esta suerte, las presunciones relevan de la carga probatoria a los sujetos a favor de quienes operan. Una vez demostrado aquello sobre lo cual se apoyan, ya no es preciso mostrar valiéndose de otros medios de prueba lo presumido por la ley. En virtud de la presunción legal, se tiene una prueba completa desde el punto de vista procesal y es esa exactamente la finalidad jurídica que cumplen las presunciones y sin la cual carecerían de sentido. [...]

En realidad, cuando se analiza bien cuál es el propósito de las presunciones es factible llegar a la conclusión que las presunciones no son medio de prueba sino que, más bien, son un razonamiento orientado a eximir de la prueba. Se podría decir, en suma, que las presunciones no son un medio de prueba pero sí tienen que ver con la verdad procesal.

Tal como se había mencionado, la presunción exime a quien la alega, de la actividad probatoria. Basta con caer en el supuesto del hecho indicador establecido por la norma para que opere la presunción. En el caso de las presunciones iuris tantum, lo que se deduce a partir del hecho indicador del hecho presumido no necesita ser mostrado. Se puede, sin embargo, desvirtuar el hecho indicador. Se admite, por tanto, la actividad orientada a destruir el hecho a partir del cual se configura la presunción"[21].

Descendiendo al caso concreto, se reitera, la norma cuestionada bajo el Primer Cargo consagra unas conductas (literales a-z) que de ocurrir se presumirán como dañinas o actos de crueldad frente a los animales (inciso segundo). De ello se sigue que si se comete alguna de dichas conductas, habrá lugar a la sanción que la ley imponga para cada caso (inciso primero). En otras palabras y de conformidad con lo antes explicado, las conductas son los 'hechos ciertos' que deben ser probados para que opere la presunción y se tenga como 'hecho incierto' o 'consecuencia' que la conducta era de una naturaleza dañina o un acto de crueldad.

Visto lo anterior, se colige que el artículo 6 no tiene como consecuencia: (i) que quien cometa una de dichas conductas no tenga la posibilidad y desvirtuar la presunción consagrada; (ii) que existan otras conductas que puedan ser sancionadas por ser dañinas y/o crueles con los animales; y, en particular respecto al literal c); y el término demandado (iii) que en aquellos casos que la norma excluya la activación de la presunción de daño o crueldad se prive de sanción un determinado acto.

Por consiguiente, lo único que ocurre en este caso (iii) es que la desventaja que ello representaría para quien eventualmente sea responsable del acto de maltrato desaparece, y deberá adelantarse un ejercicio a cargo del Estado en el que se demuestre no solo la existencia de la conducta castigadas, sino de la responsabilidad del acusado de cometerla. Contrario a lo sostenido por los Demandantes, la única finalidad de la disposición es delimitar el alcance de una presunción, que no se activa en caso de mutilaciones por razones estéticas, pero que no excluye su sanción administrativa, si el Estado logra demostrar lo dañoso o cruel de la intervención. En suma, el alcance real de la norma consistió en dejar una determinada conducta por fuera de una presunción legal en los términos del artículo 166 del Código General del Proceso[22], pero no excluirla de las conductas sancionables.

Por otra parte, se debe señalar que esta corporación ha examinado la constitucionalidad de normas que, a diferencia de la cuestionada en este caso, sí son excepciones a la prohibición de maltrato. Así, por ejemplo mediante la sentencia C-666 de 2010 la Corte decidió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7 de la Ley 84 de 1989, que consagra:

"Artículo 7. Quedan exceptuados de los expuestos en el inciso 1º. y en los literales a), d), e), f) y g) del artículo anterior, el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos"[23].

A la Corte le correspondió decidir en dicha oportunidad sí:

"i. Si la excepción del artículo 7º de la ley 84 de 1989 encuentra fundamento en la consideración de hechos o manifestaciones culturales y sociales de las actividades en ella incluidas; y de ser así,

ii. Si, partiendo de que en Colombia está prohibido el maltrato animal y los actos de crueldad contra animales porque desconocen el deber constitucional de protección a los mismos, las actividades incluidas en el artículo 7º de la ley 84 de 1989 resultan acordes a la Constitución en cuanto son manifestaciones culturales y expresiones del pluralismo que se deriva de una interpretación incluyente de la misma. [...]

El problema jurídico que afronta la Sala consiste en determinar si con la excepción prevista en el artículo 7º del Estatuto de Protección Animal se desconoce, sin justificación legítima, el deber constitucional de protección animal incluido en la Constitución, verdadero parámetro de control constitucional en este caso. [...]

Partiendo de este presupuesto, se analizará si las excepciones contenidas en el artículo 7º de la ley 84 de 1989 encuentran justificación de rango constitucional que avale su consagración en la disposición demandada".

En ese orden de ideas, es evidente como en el caso que dio lugar a la sentencia C-666 de 2010 la Corte no estaba analizando la constitucionalidad alguna de las presunciones de maltrato animal contenidas en el artículo 6 de la Ley 84 de 1989, ni tampoco estaba analizando si eliminar alguna de las excepciones a dichas presunciones resultaba constitucional. El caso, como lo precisó adecuadamente este tribunal, se circunscribía a determinar si eran constitucionales las excepciones listadas en el artículo 7 de dicha ley, a pesar de la prohibición del maltrato animal y actos de crueldad contra los animales. Bajo dicho panorama, concluyó que dicho artículo 7 acusado era exequible condicionalmente[24].

Esta corporación recientemente se pronunció sobre algunas excepciones al artículo 6 de la Ley 84 de 1989 contenidas en el artículo 8 de dicha ley. Puntualmente, en lo relacionado con las excepciones a la caza y pesca 'deportiva'. Mediante sentencia C-045 de 2019, la Corte encontró que la excepción al maltrato animal bajo la actividad de caza deportiva era contraria a la Constitución, por lo cual procedió a declarar la inconstitucionalidad de dichas prácticas en los siguientes términos:

"[E]s procedente excluir de la disposición bajo análisis, esto es, del artículo 8º, el contenido normativo que resulta inconstitucional. El mencionado artículo 8º de la Ley 84 de 1989 regula un grupo de excepciones al artículo 6º de la misma Ley que versa sobre las conductas que causan daño a los animales, o que se consideran como crueles, e incluye entonces la caza deportiva como una de las excepciones a las conductas de maltrato animal. Como se ha visto, dicha excepción es inconstitucional porque la caza deportiva constituye una modalidad de maltrato animal no admisible constitucionalmente, por lo que no se puede exceptuar como conducta cruel o que causa daño.

Encuentra la Corte entonces que la inconstitucionalidad planteada recae sobre una interpretación de la regla establecida en el artículo 8º, esto es, aquella según la cual la caza deportiva es una excepción a lo dispuesto en los literales a), c), d) y f) del artículo 6 de la Ley. Por consiguiente, se procederá a declarar la constitucionalidad del artículo 8º demandado, únicamente en relación con los cargos estudiados en esta demanda y bajo el entendido de que la caza deportiva no constituye una excepción a lo dispuesto en los literales a), c), d) y f) del artículo 6º de la misma Ley, sino que encuadra en las conductas descritas en dicho artículo 6º y, por consiguiente, se encuentra prohibida"[25].

Asimismo, en la sentencia C-148 de 2022 resolvió que la pesca deportiva era también contraria a la Constitución, disponiendo:

"En consecuencia, declarará inconstitucional el numeral 4 del artículo 273 del Decreto Ley 2811 de 1974 y el literal c) del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 13 de 1990 al incluir como una categoría la pesca deportiva y condicionalmente exequible el vocablo "deportiva" contenido en el artículo 8 de la Ley 84 de 1989, bajo el entendido de que la pesca deportiva no constituye una excepción a lo dispuesto en los literales a), c), d) y r) del artículo 6º de la misma ley, pues no pueden avalarse excepciones al maltrato animal cuando se trata de la práctica de la pesca deportiva"[26].

Visto lo anterior, es clara la diferencia de los casos señalados en los numerales 35 a  con lo argumentado por los Demandantes bajo el Primer Cargo. El verdadero alcance de la norma demandada en esta oportunidad no se encuentra en establecer una excepción al régimen sancionatorio, como sí lo era en los anteriores casos. Tampoco se trata de excluir la mutilación estética del alcance del ius puniendi administrativo del Estado, en caso de acreditarse el maltrato animal. Por ello, la premisa de la demanda carece del requisito de certeza menos, pues el excluir una conducta de la presunción, más no de la sanción o la prohibición de maltrato, no hay lugar a un pronunciamiento sobre un posible menoscabo al mandato de protección de los animales ni genera el déficit de protección alegado.

Al contrario de lo señalado por los Demandantes, el legislador en este caso mantiene la posibilidad de sancionar la conducta de mutilación por razones estéticas, cuando compruebe que tiene origen en una intención cruel o de daño contra el animal. Agotada esa verificación por parte de la autoridad, se deberá imponer la sanción correspondiente. Esto marca un contraste con las actividades exceptuadas de sanción, como la caza y la pesca deportiva, en las que no importaba acreditar la crueldad, la sanción estaba fuera de las posibilidades de la autoridad. Por lo tanto, el Primer Cargo supone un contenido normativo que, en realidad, no tiene la disposición acusada.

Conclusiones respecto al Primer Cargo. Visto lo anterior, la Sala Plena considera que la disposición acusada no tiene como propósito la excepción a la prohibición de maltrato animal, excluir de la sanción a unas determinadas conductas, o validar la realización de cualquier tipo de mutilación por razones estéticas. Por ello, el alcance endilgado por los demandantes a la norma resulta contrario a su verdadero alcance, incumpliéndose el requisito de certeza, e invalidando los presupuestos sobre los cuales se construye el Primer Cargo. Contrario a lo sostenido por los demandantes, la única finalidad de la disposición es delimitar el alcance de una presunción, que no se activa en caso de mutilaciones por razones estéticas, pero que no excluye su sanción administrativa, si el Estado logra demostrar lo dañoso o cruel de la intervención. En consecuencia, en el presente caso se impone la inhibición de la Corte frente al Primer Cargo, como habrá de decidirse en la parte resolutiva de este pronunciamiento.

Examen de aptitud de la demanda – Segundo Cargo

El Segundo Cargo de la demanda propone que, al incorporar la causal de legítima defensa como excepción a la prohibición de sacrificio de animales (literal d, artículo 17 de la Ley 84 de 1989), se desconoce el debido proceso constitucional y el mandato de protección a los animales. Los accionantes sostienen que la institución de la legítima defensa, establecida en el Código Penal, consiste en una respuesta del agente a una agresión injustificada. Como no puede predicarse el concepto de justificación al actuar de los animales, la norma demandada resulta indeterminada, lo que desconoce el debido proceso y puede llevar a la transgresión de la prohibición de maltrato de los animales.

Sobre el particular, coincide la Sala Plena con el concepto de la Procuraduría General de la Nación, en el sentido que el cargo es inepto. Aunque las razones de la demanda son claras, pues es posible comprender el sentido de la acusación; y ciertas, pues, en efecto, la disposición prevé una excepción a la prohibición de sacrificio (injustificado) de animales basada en la legítima defensa, el Segundo Cargo no cumple los requisitos argumentativos de pertinencia, especificidad y suficiencia.

Primero, la demanda incumple el requisito de pertinencia pues, aunque los Demandantes invocan como violentadas dos normas constitucionales (artículos 29 y 79 de la Constitución), la argumentación se circunscribe a un alegado desconocimiento del sentido, significado y características de la legítima defensa, como ha sido concebida en el Código Penal y por la doctrina especializada. De ello se colige que el problema planteado por los Demandantes bajo el segundo cargo es un problema de una eventual contradicción normativa de carácter legal, más no constitucional. Conflicto el cual no le corresponde resolver a esta corporación, sino a la justicia ordinaria.

Segundo, el Segundo Cargo tampoco cumple con el requisito de especificidad. De acuerdo con lo señalado, lo argumentado por los Demandantes se refiere a una alegada contradicción normativa de rango legal, sin que se demuestre cómo la disposición atacada puede resultar contraria a la Constitución. Aunque la indeterminación excesiva de una disposición sancionatoria puede ser analizada en el marco de la acción pública de inconstitucionalidad, es necesario señalar que en este caso tal indeterminación no recaería sobre la definición de la conducta prohibida, sino sobre una causal de justificación, supuesto en el que la exigencia de tipicidad se hace menos intensa. Extraña entonces este tribunal un argumento que explique por qué esa vaguedad puede conducir a la violación de mandatos constitucionales o, en otros términos, por qué sería exigible también allí el principio de legalidad estricta o tipicidad.

En esa dirección, diversas intervenciones (en especial, la Universidad Externado de Colombia y la Asociación de Defensa de los Animales, ADA) plantean que en el caso hipotético en que una persona le quite la vida a un animal para evitar una lesión a su vida e integridad, antes que de legítima defensa habría que hablar de estado de necesidad, posibilidad que también se encuentra establecida en el literal e) del artículo 17 de la Ley 84 de 1989. Estas posiciones demuestran que, más allá de su complejidad, este es un problema de interpretación legal, doctrinal o dogmático, pero no un asunto asociado a la defensa de la Carta Política.

Conforme a lo explicado en el numeral , la suficiencia de la demanda implica que la demanda despierte una mínima duda sobre la constitucionalidad de la disposición acusada. El Segundo Cargo no supera este umbral por cuanto:

Respecto a la violación al debido proceso solamente indican que se trata de una norma vaga, lo que no resulta suficiente para comprender por qué ello desconoce la Constitución.

Frente a la alegada vulneración al artículo 79 de la Constitución (fundamento del mandato de protección a los animales), la Sala encontró que el supuesto del que parten los accionantes es razonable. La protección a los animales en el ordenamiento jurídico ha tenido como base mínima su capacidad de sentir, así como la relevancia de la Constitución ecológica y los deberes que surgen en cabeza del ser humano. Sin embargo, de esa premisa no se sigue la conclusión: la imposibilidad de que se configure la legítima defensa en el escenario objeto de estudio no conduce, en los términos que lo propone la demanda, a la desprotección de los animales o a su maltrato. En consecuencia, el argumento es insuficiente.

Conclusiones respecto al Segundo Cargo. Por las razones expuestas en los numerales  a , , la Corte se declarará inhibida en relación con el Segundo Cargo por incumplir los requisitos de especificidad, pertinencia y suficiencia.

SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

En el caso bajo examen, le correspondió a la Corte estudiar una demanda de inconstitucionalidad presentada contra dos disposiciones del Estatuto Nacional de Protección de los Animales (Ley 84 de 1989).

Los Demandantes argumentaron, de un lado, que la expresión "estética" del literal c) del artículo 6° de la Ley 84 de 1989 desconocía el deber de protección de los animales al, supuestamente, eximir de sanción una conducta constitutiva de maltrato animal (Primer Cargo). En este sentido, manifestaron que "[r]emover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro, órgano o apéndice de un animal vivo"[27] bajo una consideración estética, exceptuaba la prohibición constitucional de maltrato animal y dejaba dicha conducta "exenta de sanción"[28]. Señalaron, además, que la exclusión de sanción por razones estéticas implicaba la imposición de una visión claramente antropocéntrica, que en nada contribuía al bienestar animal, no les reconocía valor intrínseco a los animales, e implicaba un déficit de protección por carecer la medida de una justificación relevante desde el punto de vista constitucional.

El Segundo Cargo analizado señalaba la supuesta inconstitucionalidad del literal d) del artículo 17 de la Ley 84 de 1989 por lesionar la seguridad jurídica, violar el debido proceso y desconocer el deber de protección de los animales, al permitir a las personas sacrificarlos para fines distintos al consumo, considerando erróneamente que estarían amparadas por la legítima defensa. Destacaron los Demandantes que el concepto de legítima defensa supone una injusta agresión y esto, a su vez, implica un actuar antijurídico y deliberado de quien comete el ataque. Tal conducta no podría atribuirse a un animal, en la medida en que la persona que responde a la agresión no puede saber cuándo aquel actúa de manera injusta y cuando no.

Frente al Primer Cargo, la Sala Plena concluyó que este era inepto pues carecía del requisito de certeza en tanto se propuso un alcance de la norma que no correspondía con su verdadero contenido normativo. Así, solo a partir de una interpretación irrazonable y meramente subjetiva de la disposición podía considerarse que la expresión "estética" sustraía de sanción una conducta constitutiva de maltrato animal. Por el contrario, la Sala Plena determinó que la finalidad del dispositivo demandado sería delimitar el alcance de una presunción legal, lo cual no excluye del ius puniendi administrativo una conducta que pudiese resultar cruel o dañina. Así, en el literal c) del artículo 6° del Estatuto Nacional de Protección de los Animales, que interesa en esta oportunidad, se señaló que la presunción de maltrato no comprendía el "[r]emover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro, órgano o apéndice de un animal vivo" por razones estéticas.

Esa sola manifestación legislativa, sin embargo, no supone que la conducta esté excluida de la facultad sancionatoria, pues lo único que hace la expresión es no permitir la aplicación de una presunción legal en torno a la crueldad o daño que pueda acarrear la actividad. En este escenario corresponderá a la autoridad demostrar la responsabilidad subjetiva del agente en la comisión de un acto cruel o dañino y, solo entonces, el responsable podrá ser sancionado por la mutilación. En suma, el alcance real de la norma consistió en dejar una determinada conducta por fuera de una presunción legal en los términos del artículo 166 del Código General del Proceso, pero no de las conductas sancionables.

Por lo anterior, la Sala determinó que la exclusión de la activación de la presunción de daño o crueldad por aquellas mutilaciones o alteraciones con una motivación estética, no implicaba privar de sanción a un determinado acto de maltrato contra los animales. Con ello se reconoce que la disposición acusada no exceptúa la prohibición de maltrato como equivocadamente lo interpretaron los Demandantes. La premisa de del Primer Cargo se construyó a partir de un error en la interpretación de la disposición. En este sentido, la carga de certeza en la formulación resultó ausente y ameritará abstenerse de pronunciamiento de fondo respecto del Primer Cargo, llamando a la inhibición en el caso concreto.

Frente al Segundo Cargo también concluyó la Corte que resultaba inepto. En efecto, a pesar de que la formulación del cargo se encontró clara y cierta, no se cumplieron los requisitos de pertinencia, especificidad y suficiencia. Esto, pues la argumentación desarrollada en la demanda se orientó a plantear un desconocimiento del sentido, significado y características de la legítima defensa, como ha sido concebida en el Código Penal y por la doctrina especializada. Por ello, lo argumentado por los Demandantes se refería a un problema derivado de una eventual contradicción normativa de carácter legal, y no a una contrastación de rango constitucional. Como resultado de lo anterior, la alegada contradicción con la norma superior fue indicada solo de manera vaga y general, por lo que el cargo no aportó suficientes elementos para comprender por qué el literal d) del artículo 17 de la Ley 84 de 1989 desconocía la Constitución. Por el incumplimiento de los referidos requisitos argumentales, la Sala Plena también decidirá inhibirse de realizar un pronunciamiento de fondo respecto del Segundo Cargo propuesto.

DECISIÓN

La Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

Declararse INHIBIDA de emitir un pronunciamiento de fondo en relación con los cargos formulados en contra de la expresión "estética" del literal c) del artículo 6° y contra el literal d) del artículo 17 de la Ley 84 de 1989, "[p]or la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia", por ineptitud sustantiva de la demanda.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Presidenta

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

Con salvamento de voto

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

Con salvamento parcial de voto

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

Con salvamento de voto

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

HERNÁN CORREA CARDOZO

Magistrado (E)

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

Con salvamento de voto

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

A LA SENTENCIA C-375/22

En la Sentencia C-375 de 2022 la Sala Plena de la Corte Constitucional se declaró inhibida para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del literal c) del artículo 6º y el literal d) del artículo 17 de la Ley 84 de 1989, "por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia", por ineptitud sustantiva de la demanda.

Expreso a continuación las razones por las cuales me aparto de la decisión adoptada por la mayoría con fundamento en dos razones principales. Primero, porque la demanda cumplía con los presupuestos para emitir un pronunciamiento de fondo. Segundo, porque la Corte debió condicionar la exequibilidad de la expresión demandada.

Sobre la aptitud de la demanda

Comparto la ineptitud del segundo cargo -demanda contra el literal d) parcial del artículo 17 de la Ley 84 de 1989 por contraría los artículos 29 y 79 de la Constitución Política-, porque sugiere un tema de aplicación de la norma mas no un asunto de constitucionalidad -si los animales tienen o no la capacidad para ejercer una injusta agresión y, en consecuencia, si procede o no la legítima defensa es un asunto a resolver en cada caso concreto-. Además de ello, es claro en la dogmática penal, que en frente de un animal no se ejerce defensa alguna pues el concepto agredir solo es propio de las personas. En esas situaciones-límite se habla de estado de necesidad, en cuanto al sujeto que destruye el bien jurídico, no le es exigible una conducta conforme a derecho pues, no está obligado a sacrificios heroicos. El asunto no es baladí porque impacta en la responsabilidad civil, pero es un asunto extraño al debate constitucional.

No obstante, el primer cargo sí era apto. El artículo 6º de la Ley 84 de 1989 establece que el que "cause daño a un animal o realice cualquiera de las conductas consideradas como crueles para con los mismos por esta Ley, será sancionado con la pena prevista para cada caso". Además, contiene un listado taxativo de los hechos dañinos y actos de crueldad que se presumen atentan contra los animales, entre ellos, "[r]emover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro, órgano o apéndice de un animal vivo, sin que medie razón técnica, científica, zooprofiláctica, estética o se ejecute por piedad para con el mismo" (negrilla no original).

Los demandantes aseguran que excluir como presunción al maltrato animal aquellas conductas cuya finalidad sea estética es inconstitucional, pues desconoce el artículo 79 de la Constitución Política, así como la jurisprudencia de esta corporación sobre la protección de los animales, el concepto de 'constitución verde o ecológica' y el deber moral y solidario que tienen los humanos de mantener un trato digno hacia los animales.

La Sala Plena concluyó que este cargo no cumplía con el requisito de certeza, porque "la disposición acusada no tiene como propósito frente a la excepción a la prohibición de maltrato animal, excluir de la sanción a unas determinadas conductas o validar la realización de cualquier tipo de mutilación por razones estéticas".

En mi concepto, la literalidad de la norma acusada si avala el entendimiento del cual parte la demanda. Por lo tanto, el cargo era (i) claro, pues su argumentación era comprensible y permitía entender que el demandante proponía la inexequibilidad de una norma que excluía la presunción del maltrato animal en casos estéticos. (ii) Cierto, porque identificaba razonablemente el contenido normativo de la expresión demandada, en efecto, la norma establece que no se presume acto cruel cuando, por razones estéticas, se remueva, destruya, mutile o altere cualquier miembro, órgano o apéndice de un animal vivo. (iii) Específico, dado que explicaba que la violación a la prohibición de maltrato injustificado a los animales surge precisamente al excepcionar la prohibición a partir de razones estéticas. (iv) Pertinente, pues precisaba los fundamentos constitucionales de la prohibición de maltrato animal, a partir del artículo 79 de la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional relacionada con la defensa de los intereses de los animales y (v) suficiente porque, sin lugar a dudas, una norma que permita el maltrato animal por razones estéticas genera una duda de inconstitucionalidad. En consecuencia, la Sala Plena debió analizar el fondo del asunto.

La Corte Constitucional debió condicionar la norma acusada

Reconozco el valor intrínseco de los animales como consecuencia de su capacidad de sentir. Es precisamente por ello que los animales silvestres son objeto de protección jurídica "no sólo en función de su aporte ecosistémico, sino en tanto seres sintientes, individualmente considerados"[29]. Por ello, considero que en la agenda del constitucionalismo contemporáneo deben tener lugar los efectos jurídicos que se siguen de la capacidad de sentir y sufrir de los animales, cuestión difícil que exige adoptar nuevos instrumentos jurídicos para su protección.

Recientemente, en la aclaración de voto presentada a la Sentencia C-148 de 2022, me referí a la necesidad de abordar la sintiencia de los animales. Considero que en este caso donde se pondera el sacrificio del dolor animal -maltrato- para lograr lo estético -desde la óptica del humano-; era necesario ahondar sobre la sintiencia animal. En dicha aclaración se dejaron planteadas las siguientes ideas:

Desde la fenomenología se ha abordado la pregunta ¿pueden los animales sentir dolor? Al respecto, se ha indicado que "en tanto el dolor parece no formar parte del registro vital del animal, él se revela –no como la experiencia del límite del cuerpo (como en el caso del hombre)–, sino como una irrupción en el equilibrio de su condición: el dolor parece impedir totalmente el desenvolvimiento normal de la conducta del animal. (...)  Se trata así de un padecer mucho más profundo que el del hombre. Si en el dolor el hombre se ve confrontado explícitamente al límite de su propio cuerpo, el animal ve amenazada, en el dolor, la totalidad de su equilibrio. No parece haber sentir más radical: si en el dolor humano el mundo aparece como una amenaza, el ambiente vital del animal es atravesado por el  dolor (al  punto  que todo el orden que el animal había articulado parece destruido). (...) Tal vez esta caracterización del estado animal frente al dolor nos sirva, a su vez, para recuperar el sentido ínclito de la palabra animal, a saber: "lo que tiene alma" (Bateson, 1993)"[30].

Otros teóricos y filósofos exponen variados fundamentos éticos y de la teoría y práctica del derecho, desde la perspectiva de un déficit de protección a favor de la evolución del enfoque y, con ello, la mejora del destino de los animales[31]. Particularmente, el neoconstitucionalismo andino desde la judicatura ha abierto el camino a la capacidad de sentir como criterio válido para la protección de los intereses vitales de los animales, redefiniendo, como ha acaecido en Colombia, la clasificación legal de antaño de los animales como simplemente cosas.

Bajo este contexto, en mi concepto, la sintiencia ligada a lo ambiental por su relevancia ética abona el camino a una protección jurídica fortalecida de los animales. A partir del principio de razón suficiente -defensa razonada de la protección de los animales-, es posible llegar a comprender a cabalidad sus reales dimensiones, los litigios generados y hallar las mejores soluciones.

Este asunto enfrenta a la Corte con la determinación de las implicaciones reales de los seres sintientes como sus fuentes de intereses, capacidades y preferencias[32], dado que en términos generales la jurisprudencia constitucional se ha volcado a una comprensión limitada al dolor físico, que termina por generar una visión reducida del bienestar y protección animal. En esa medida, la teoría del status moral debería ofrecer algo más y, por tanto, propender por una lente más integral de su verdadero alcance con repercusiones jurídicas.  

A partir de las sentencias T-760 de 2007, C-666 de 2010, C-283 de 2014, C-045 de 2019 y C-148 de 2022 es posible advertir la existencia de un deber de protección a los animales y una prohibición de maltrato injustificado en la Constitución Política a través de tres pilares: la constitución ecológica, la función social y ecológica de la propiedad y la dignidad humana, derivados de los artículos 8 y 79 superiores. Bajo esta regla se debió analizar el fondo del asunto.

El análisis de constitucionalidad del artículo 6º de la Ley 84 de 1989 proponía a la Sala Plena dos opciones. Primero, concluir que todos los procedimientos estéticos que constituyen trato cruel o daño a los animales deben ser prohibidos. La segunda, que pueden considerarse constitucionales aquellas conductas que constituyan trato cruel o daño a los animales cuando, entre otras cosas, se fundamentan en razones adicionales a lo estético.

Es una realidad indiscutible que existen actividades estéticas sobre los animales que les producen dolor y sufrimiento, no solo por su impacto inmediato en el bienestar del animal, sino por las posibles complicaciones en la etapa recuperatoria y la afectación de su sociabilidad (mutilación de orejas, colas e incluso cuerdas vocales en caninos; la pica de la cola en caballos, la extirpación definitiva de las uñas en gatos, entre otras). Considero que la Corte debió erradicar la lectura que avala la permisión de dichas conductas con fines estéticos.

Lo pertinente entonces era declarar la exequibilidad condicionada de la norma en el sentido de que los procedimientos estéticos para que no constituyan trato cruel o daño, deben fundarse en razones que disten de buscar la simple variación de la apariencia exterior (v.gr. cortar el pelo a los animales para mantenerlo dentro de su naturalidad, marcar ganado por razones de su explotación o esquilar ovejas, etc.), comportamientos que si bien pueden estimarse estéticos en criterio profesional -veterinarios, zootecnistas, etólogos- podrían tener un sentido funcional subyacente.

En los anteriores términos dejo consignada mi salvamento de voto.

Fecha ut supra,

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA

DIANA FAJARDO RIVERA

 A LA SENTENCIA C-375/22

Referencia: Expediente D-14758

Demanda de inconstitucionalidad contra el literal c (parcial) del artículo 6º de la Ley 84 de 1989 (Estatuto Nacional de Protección de los Animales).

Magistrado ponente:

Alejandro Linares Cantillo

Belleza o crueldad

El maltrato animal asociado a razones estéticas

1. Presentación

En la Sentencia C-375 de 2022,[33] la Corte Constitucional debía estudiar una demanda presentada contra la norma que excepciona la prohibición de maltrato a los animales[34] cuando este ocurra por razones estéticas, contenida en el Estatuto de Protección de los Animales de 1989 (Ley 84 de 1989). La Sala Plena, por decisión mayoritaria, se abstuvo de abordar el fondo del asunto. Consideró que la demanda se basó en una interpretación puramente subjetiva e incluso caprichosa de la disposición demandada, debido a que esta no define una excepción a la prohibición de maltrato, sino una presunción acerca de actos que comportan -o no- maltrato a los animales, presunción que puede ser desvirtuada.[35]

En mi criterio, esta decisión no es acertada, pues en el contexto normativo de la Ley 84 de 1989 y en el marco de la jurisprudencia constitucional, la aproximación de los accionantes resultaba plausible y razonable. En consecuencia, satisfacía la carga argumentativa necesaria para provocar un pronunciamiento de fondo.

2. La norma demandada y la Ley 84 de 1989

El artículo 6º de la Ley 84 de 1989 (Estatuto Nacional de Protección de los Animales) establece: "el que cause daño a un animal o realice cualquiera de las conductas consideradas como crueles para con los mismos por esta Ley, será sancionado con la pena prevista para cada caso. Se presumen hechos dañinos y actos de crueldad para con los animales los siguientes: (...)", y el literal c, parcialmente demandado, desarrolla algunos supuestos, así: "c) Remover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro, órgano o apéndice de un animal vivo, sin que medie razón técnica, científica, zooprofiláctica, estética o se ejecute por piedad para con el mismo." La palabra demandada era la expresión "estética". Al conjugar esta con el sustantivo "razón" y la condición "sin que medie", el objeto normativo de estudio era la proposición sin que medie razón estética.

Por ello, los accionantes plantearon que se trata de una excepción a la consideración de los actos de remover, destruir, mutilar o alterar miembros, órganos o apéndices de los animales como actos de crueldad contra los animales, una excepción a la prohibición de maltrato por razones estéticas.

El Estatuto de Protección Animal de 1989 es una normativa histórica en la defensa del bienestar animal. En el año de su expedición, el país estaba inmerso en la guerra contra el narcotráfico. Esta había ganado protagonismo entre las distintas violencias que han atravesado la historia del país, entre otras cosas, por su crueldad y el poder económico alcanzado por los capos de la mafia. Una nota editorial reciente, publicada en un diario de circulación nacional, recuerda que si el país era ya duro para la vida humana resultaba un infierno para los animales, lo que llevó a la expedición de la Ley 84 de 1989.[36]

Es cierto que, a cuatro décadas de distancia, las normas de protección animal contenidas en aquella ley parecen incipientes, y las contravenciones y multas que materializaban la prohibición de maltrato se evidencian ineficaces, pues tasaban el valor a pagar en términos absolutos y no en unidades sensibles al cambio de poder adquisitivo del dinero, como el salario mínimo diario o mensual vigente. Sin embargo, su artículo 6º ha sido considerado desde entonces como la base normativa para identificar aquellas conductas que implican un maltrato a los animales. En los literales "a" a "z" del artículo mencionado se desarrolla un compendio asombroso y terrible sobre la capacidad humana para el maltrato, más aún si se toma en cuenta que cada literal se multiplica en una pluralidad de verbos rectores.

El listado comienza con la expresión "se presumen", y ello determinó la posición mayoritaria. Sin embargo, desde una aproximación literal, la norma demandada no es una presunción, sino una excepción a las presunciones establecidas a lo largo de todo el artículo 6º de la Ley 84 de 1989. En ese orden de ideas, no se presume un acto de maltrato y crueldad de los animales la remoción, amputación, mutilación de un órgano o un miembro de un animal cuando obedece a una razón estética (entre otras).

Cabe preguntarse entonces cómo podría desvirtuarse una "no-presunción", según la tesis mayoritaria. La respuesta es que no es posible desvirtuar lo que no existe, de manera que el enunciado demandado implica que las conductas descritas no están prohibidas, tal y como lo proponían los accionantes. Y, eliminada la presunción es necesario considerar que, de acuerdo con la "cláusula de cierre" de los ordenamientos jurídicos, lo que no está prohibido está permitido. Así las cosas, si no-se-presume-cruel el acto de remover, mutilar, alterar o destruir un órgano, miembro o apéndice de un animal por razones estéticas, este está permitido y es una excepción a la prohibición de maltrato y crueldad hacia los animales.

En suma, si todas las conductas de la lista se presumen actos de crueldad contra los animales; y el enunciado del literal c demandado prevé tres motivaciones que excluyen la presunción, es razonable concluir que las conductas pueden realizarse sin temor al castigo contravencional (propio de la Ley 84 de 1989) o penal (iniciado con la reforma al Código Penal contenida en la Ley 1774 de 2016).

Ahora bien, el literal c del artículo 6º de la Ley 84 de 1989, parcialmente demandado, es muy relevante, pues además de la razón estética permite intervenciones inspiradas en razones técnicas, científicas o profilácticas en el organismo de los animales, que pueden ser necesarias por razones de salud, tales como la amputación de una extremidad o la extirpación de un órgano, es decir, cuando el bienestar del sujeto lo exija. La pregunta que debía resolver la Sala, sin embargo, era si las razones estéticas cumplían la misma finalidad de proteger el bienestar de los animales o, al menos si era compatible con este propósito. Pero antes de abordar esta pregunta, considero necesario explicar que la interpretación de los accionantes ha sido acogida -o, al menos admitida- por la jurisprudencia constitucional.

En ese sentido, el artículo 7º de la Ley 84 de 1989 tiene una textura normativa análoga a la de la disposición analizada. Este prescribe que "quedan exceptuados de lo expuesto en el inciso 1o. y en los literales a), d), e), f) y g) del artículo anterior, el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos." Como puede verse, la disposición remite al artículo 6º de la Ley 84, donde se encuentra la expresión "se presumen", para luego definir excepciones en las que se permite el maltrato porque el Legislador ha considerado que estas benefician la cultura humana.[37] Y tanto la Corte constitucional como otros operadores jurídicos, han considerado de manera consistente que se trata de excepciones a la prohibición de maltrato. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha entendido que las demandas que adoptan esa aproximación son aptas para un fallo de fondo; y que el artículo citado contiene una excepción a la prohibición de maltrato.

A manera de ejemplo, en la Sentencia C-666 de 2010, la Corte Constitucional analizó la excepción a la prohibición de maltrato animal contenida en el artículo 7o de la Ley 84 de 1989 y es posible observar que, en los antecedentes de la providencia, sintetizó de esta manera la demanda: "La argumentación del actor parte del presupuesto que el legislador, por medio de la ley 84 de 1989, reconoció a los animales el derecho a no ser tratados cruelmente –folio 4- o a no ser torturados –folio 5-. Este derecho es excepcionado por el artículo 7º de la ley respecto de ciertas actividades en que se incluyen animales como las corridas de toros, las corralejas, las tientas, las becerradas, las novilladas, el coleo y las riñas de gallos."

En 2016, el Congreso de la República decidió actualizar las normas del Estatuto Nacional de Protección Animal y fortalecer el mandato constitucional de protección a los animales al dictar la Ley 1774 de 2016. La Corte Constitucional se ha pronunciado también algunas de sus disposiciones tomando como punto de partida la interpretación propuesta en la demanda que en la Sentencia C-375 de 2022 la mayoría consideró subjetiva y caprichosa.

En esa línea, la Sentencia C-041 de 2017, al resumir una demanda presentada contra la Ley 1774 de 2016, que cuestionaba las excepciones "recreativas" a la tipificación de las conductas de maltrato animal, explicó en estos términos la posición del accionante: "[El demandante] aduce que si bien es cierto la Ley 1774 de 2016 fue proferida con el fin de evitar el maltrato animal dado por los seres humanos, catalogándolos como seres sintientes merecedores de garantías y protección, también lo es que esa disposición es excluyente al dejar por fuera a aquellos que son utilizados para actividades de entretenimiento, tales como el rejoneo, coleo, corridas de toros, novilladas, corralejas, riñas de gallos, becerradas y tientas, y demás animales que son tenidos en cuenta como parte de un espectáculo denominado artístico." La Corte consideró razonable la demanda, a pesar de que esta se dirigía contra una excepción a la prohibición de maltrato y no contra una presunción susceptible de ser desvirtuada.

En este punto, podría pensarse que la Corte Constitucional ha considerado razonable esta interpretación en relación con el artículo 7º, pero no con el 6º de la Ley 84 de 1989. Sin embargo, esta impresión se desvanece al constatar que, en la misma sentencia, la Sala Plena se refirió a la lista del artículo 6º como la fuente para comprender el maltrato animal y así superar la indeterminación relativa del tipo penal en blanco incluido en la Ley 1774 de 2016, como se puede observar en este considerando:

 "(...)  considera la Corte que los actos de maltrato que no producen la muerte de los animales y que se encuentran comprendidos por el tipo penal, pueden ser identificados acudiendo para el efecto a algunos de los comportamientos descritos en el artículo 6º del Estatuto de Protección Animal (Ley 84 de 1989) que, además de ser considerados crueles, reflejan una injerencia intensa y a veces definitiva en la integridad o salud de los animales. Si bien no todos los actos de crueldad suponen al mismo tiempo un "menoscabo grave" de la salud o la integridad, es correcto concluir que quedan comprendidos por dicha descripción los que supongan (i) herir a un animal por golpe, quemadura, cortada o punzada o con arma de fuego -literal a-, (ii) remover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro, órgano o apéndice de un animal vivo, sin que medie razón técnica, científica, zooprofiláctica, estética o se ejecute por piedad para con el mismo -literal c-, (iii) "pelar" o "desplumar" animales vivos -literal k-, (iv) recargar de trabajo a un animal a tal punto que como consecuencia del exceso o esfuerzo superior a su capacidad o resistencia se le cause agotamiento o extenuación manifiesta –literal m-, (v) envenenar o intoxicar a un animal, usando para ello cualquier sustancia venenosa, tóxica, de carácter líquido, sólido, o gaseoso, volátil, mineral u orgánico -literal o- y (vi) hacer con bisturí, aguja o cualquier otro medio susceptible de causar daño o sufrimiento prácticas de destreza manual o practicar la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables y en lugares o por personas que no estén debidamente autorizadas para ello -literal s-."

Así pues, la Corte Constitucional ha entendido que las conductas definidas en el artículo 6º de la Ley 84 de 1989 son definitorias del maltrato y que el literal c -relevante para esta discusión-  opera como una excepción a la prohibición de maltrato animal, lo que coincide con la interpretación asumida en esta demanda por los accionantes.

Retomando la decisión mayoritaria, esta sostuvo que el error fundamental de la demanda se encontraba en la falta de certeza, carga que ha sido definida como la adecuada identificación del contenido normativo demandado. Resulta entonces sorpredente y sorpresivo que la mayoría de la Sala haya negado la aptitud de una demanda que acogió una interpretación ampliamente conocida, admitida y asumida por la Corte en otras decisiones. Y, como la demanda cumplía los requisitos argumentativos exigidos, es necesario indicar también que la excepción al maltrato allí prevista, en efecto, se opone a la Constitución Política.

3. El enunciado normativo demandado debió ser declarada inexequible

Las conductas de maltrato efectuadas por razones estéticas contradicen el mandato constitucional de protección a los animales y afectan intensamente su bienestar.

La expresión "razones estéticas" es vaga y cobija un amplio espectro de posibilidades que van desde la reflexión filosófica en torno a la belleza hasta el uso de animales para la fabricación de productos cosméticos. Sin embargo, a partir de las intervenciones recibidas en el proceso, y de una investigación sobre la manera en que se ha comprendido esta expresión, resultaba claro para la Corte que en el contexto normativo en que se encuentra, una razón estética se concreta en una aspiración de adecuar a los animales a un ideal de belleza humano, el cual opera con independencia y a veces en contra de su bienestar.[38]

Y no es posible considerar que en la disposición demandada las razones estéticas como excepción a la prohibición de maltrato son legítimas, pues en los términos descritos, no pretenden la satisfacción de un interés de los animales, sino uno antropocéntrico y egoísta, que desconoce algunas de las dimensiones relevantes del mandato de protección animal, como la superación de una concepción puramente antropocéntrica sobre las relaciones entre humanos y animales, la decisión de reconocer la relevancia moral y constitucional que se refleja en considerarlos seres sintientes, y la solidaridad y el respeto del ser humano hacia los seres que comparten su entorno, al menos, mediante la consulta de sus intereses en las medidas que los afecten.

Estos mandatos constituyen obligaciones para los seres humanos y, en el marco de la relación con animales domésticos o domesticados, incluyen un imperativo de responsabilidad en la tenencia. La persona que, en ejercicio de su libre desarrollo de la personalidad decide adquirir un animal comprender que la tenencia excluye las conductas que atentan contra la vida, la saludad y la integridad del animal, sin una justificación válida. Que, hoy en día, la tenencia es inescindible de la defensa del interés animal. 

De acuerdo con la práctica veterinaria ilustrada por algunos expertos ante la Corte, las principales intervenciones que se adelantan con base en la excepción prevista en el literal demandado comprenden la mutilación de orejas, colas e incluso cuerdas vocales en caninos; la pica de la cola en caballos y la extirpación definitiva de las uñas en gatos, o desungulación. Todos estos procedimientos son fuente de dolor y sufrimiento. Impactan negativamente el bienestar del animal y pueden generar complicaciones en la etapa recuperatoria (infecciones, mala cicatrización, deformidades), riesgosas para la vida del animal. También pueden afectar su sociabilidad, incluido el modo de comunicación con otros individuos de la especie o con seres humanos.[39]

Las razones estéticas no son comparables a las de carácter profiláctico, científico o técnico, pues el último grupo puede ser compatible con las decisiones adoptadas por los tenedores para beneficiar los intereses de los animales. En consecuencia, debieron ser declaradas inexequibles, pues sin perseguir un fin legítimo (ni ser aptas para alcanzar un fin de esta naturaleza) desconocen que en la Constitución Política de 1991 los animales merecen respeto y bienestar.

Ahora bien, frente a esta conclusión se presentaron objeciones relevantes en el proceso participativo que condujo a la Sentencia C-375 de 2022. Primero, que la norma impediría la realización de intervenciones inocuas y útiles en la relación entre seres humanos y animales, como el corte de pelo de un canino o el corte periódico de uñas de los felinos. Segundo, que impediría la realización de intervenciones necesarias para el animal. Y, tercero, que resultaría inadecuada para la protección de especies salvajes o silvestres. Considero que, aunque ilustrativos para el tema objeto de discusión, no desvirtúan la inconstitucionalidad del enunciado demandado.

La declaración de inexequibilidad de la norma no impediría realizar las conductas de remoción, mutilación, alteración o destrucción de órganos, apéndices o miembros de un animal cuando estas sean necesarias para el beneficio del animal, pues mientras se demuestre que las intervenciones obedecen a la defensa de la salud del animal, se pueden enmarcar en la excepción asociada a motivaciones científicas, profilácticas y técnicas, no demandadas en esta ocasión.

Frente a las intervenciones inocuas, por una parte, cobra relevancia la posibilidad de desvirtuar la presunción (pues, en caso de declarar inexequible la disposición, los actos citados sí se presumirían de maltrato), así como el consenso científico en torno a aquellas de carácter inocuo como el corte de pelo en perros o el corte periódico –no permanente– de las uñas en felinos, que desvirtúa la antijuridicidad material de la conducta o, en términos simples, su capacidad de causar daño. Y, frente a los animales salvajes o silvestres, en el proceso la Sala no recibió información acerca de qué intervenciones motivadas en razones estéticas podrían realizarse, pero, en cualquier caso parece difícil que exista una justificación válida para cometer los actos descritos en animales que no sostienen una relación de compañía con el ser humano, de manera que, con mayor razón o a fortiori, resultaría adecuado que queden incluidas dentro de la prohibición de los actos de maltrato y crueldad que prevé el artículo 6º de la Ley 84 de 1989 (Estatuto Nacional de Protección de los Animales).[40]

En este orden de ideas, en el caso objeto de estudio las motivaciones estéticas se desvanecen en intereses superfluos y no contribuyen a la conservación o protección de la naturaleza sino al privilegio de una visión humana sobre la belleza animal, que no depende ni guarda relación necesaria con el beneficio que podría reportar una intervención para estos seres. Un ideal indiferente entonces al maltrato y al sufrimiento de quienes el mismo ordenamiento jurídico considera capaces de sentir y ser sujetos de una vida valiosa.

 Infortunadamente, al declararse inhibida para fallar, la mayoría decidió frustrar la confianza ciudadana que trajo a su consideración una norma, a partir de una interpretación muchas veces asumida razonable por este Tribunal; y, al hacerlo, defraudó también su deber de eliminar una norma que es fuente de dolor y sufrimiento para los animales.

Fecha ut supra,

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

[1] Lo anterior, conforme con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991.

[2] El listado de invitados a participar en este proceso fue el siguiente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal de Bogotá, Asociación Defensora de Animales

y del Ambiente; así como a las universidades de la Sabana, Libre de Colombia, de Antioquia, de los Andes, Nacional de Colombia, del Rosario, Externado de Colombia e Industrial de Santander (UIS), y al Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.

[3] Auto del 28 de octubre de 2022. M.P.: Diana Fajardo Rivera.

[4] (Énfasis añadido)

[5] Citando, entre otras, las sentencias SU-016 de 2020, C-041 de 2017, C-467 de 2016.

[6] Los argumentos consignados son una síntesis de las intervenciones y respuestas de las intervenciones, luego de haber sido revisados en su totalidad por la Sala.

[7] Concepto de la procuradora general de la nación, página 3.

[8] Este acápite incorpora, en lo pertinente, las consideraciones planteadas en las sentencias C-317 de 2022, C-298 de 2022, C-295 de 2022, C-260 de 2022, C-259 de 2022, C-360 de 2021.

[9] "El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política". Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001.

[10] Corte Constitucional, sentencia C-202 de 2019.

[11] Los requisitos de especificidad de las demandas por omisión legislativa y el juicio para examinar tales demandas, fueron definidos en la sentencia C-352 de 2017, relativa a la suspensión provisional de leyes.

[12] Corte Constitucional, sentencias C-1124 de 2004, C-472 de 2006, C-740 de 2006, C-986 de 2006, C-153 de 2007, C-1058 de 2008, C-968 de 2012 y C-094 de 2017.

[13] "Constituye un error conceptual dirigir el cargo de inconstitucionalidad contra un metalenguaje sin valor normativo y, por tanto, carente de obligatoriedad por no ser parte del ordenamiento jurídico. (...) No existe precepto constitucional alguno que justifique la limitación de la creatividad del pensamiento doctrinal - ámbito ideológico y valorativo por excelencia -, debiendo el demandante concretar la posible antinomia jurídica en el texto de una disposición que permita estructurar un juicio de constitucionalidad sobre extremos comparables". Corte Constitucional, sentencia C-504 de 1993.

[14] "Esto quiere decir que el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo". Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001.

[15] Corte Constitucional, sentencia C-303 de 2021.

[16] Corte Constitucional, sentencias C-559 de 2019, C-105 de 2018.

[17] Demanda de inconstitucionalidad, página 2. (Énfasis añadido)

[18] Ídem., página 4. (Énfasis añadido)

[19] Ídem., página 5. (Énfasis añadido)

[20] Corte Constitucional, sentencia C-669 de 2005.

[21] Corte Constitucional, sentencia C-731 de 2005. En sentido similar, ver también sentencia C-669 de 2005: "La existencia de presunciones, ha señalado así mismo la Corporación, es asunto que toca de lleno con el aspecto probatorio de determinado supuesto de hecho. En efecto, al probarse los antecedentes o circunstancias conocidos, resulta probado el hecho al cual se refiere la presunción. Así pues, a quien favorece una presunción sólo corresponde demostrar estos antecedentes o circunstancias y la ley infiere de ellos la existencia del hecho presumido y del derecho consecuente, correspondiéndole a la parte que se opone demostrar la inexistencia del hecho que se presume o de los antecedentes o circunstancias de donde se infirió, si la presunción es simplemente legal, o solamente la inexistencia de estos últimos, si la presunción es de derecho". Ver, también sentencia C-388 de 2000.

[22] Ley 1564 de 2012, artículo 166: "Artículo 166. Presunciones establecidas por la ley. Las presunciones establecidas por la ley serán procedentes siempre que los hechos en que se funden estén debidamente probados. || El hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en contrario cuando la ley lo autorice".

[23] (Énfasis añadido)

[24] Corte Constitucional, sentencia C-666 de 2010: "RESUELVE: Declarar EXEQUIBLE el artículo 7° de la Ley 84 de 1989 "por la cual se adopta el estatuto nacional de protección de los animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia", en el entendido:

1) Que la excepción allí planteada permite, hasta determinación legislativa en contrario, si ello llegare a ocurrir, la práctica de las actividades de entretenimiento y de expresión cultural con animales allí contenidas, siempre y cuando se entienda que estos deben, en todo caso, recibir protección especial contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de esas actividades. En particular, la excepción del artículo 7 de la ley 84 de 1989 permite la continuación de expresiones humanas culturales y de entretenimiento con animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren en el futuro las conductas especialmente crueles contra ellos en un proceso de adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna. 2) Que únicamente podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que las mismas sean manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que por tanto su realización responda a cierta periodicidad; 3) que sólo podrán desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se han realizado en los respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas; 4) que sean estas las únicas actividades que pueden ser excepcionadas del cumplimiento del deber constitucional de protección a los animales; y 5) que las autoridades municipales en ningún caso podrán destinar dinero público a la construcción de instalaciones para la realización exclusiva de estas actividades".

[25] (Énfasis añadido)

[26] (Énfasis añadido)

[27] Ley 84 de 1989, artículo 6, literal c.

[28] Demanda de inconstitucionalidad, página 4.

[29] Sentencia SU-016 de 2020.

[30] Mujica, Francisco. Can animals feel pains? Reflections from phenomenology. 2019. Ediciones Univeridad de Salamanca. Rev. Filos, 2020. Pp. 25-48. https://revistas.usal.es/index.php/0213-3563/article/view/azafea2020222548/24804

[31] Suárez, Mauricio y otros. La relevancia moral del dolor de animales de experimentación y de producción. En la introducción se sostiene lo siguiente: "Es un hecho que peces, aves y mamíferos tienen similitudes biológicas en la organización y estructura del sistema nervioso, y que serían capaces de sentir dolor. Sin embargo, pueden expresar el dolor de una manera distinta: las aves disimulándolo para no llamar la atención, los peces mediante una alerta de huida (Díaz et al.,2020). Aun así, está en discusión el componente emocional del dolor en estas especies. Se debate si son capaces de experimentar incomodidad, sufrimiento o angustia y no solo el reflejo nociceptivo. (Broom, 2016; Key, 2016; Sneddon et al., 2016; Brown, 2015; Braithwaite & Huntingford, 2004). Sin embargo, el aspecto emocional del dolor no solo es controvertido en aves y peces, sino también en los seres humanos autoconscientes, porque, igual que las demás sensaciones, el dolor se descubre en uno mismo (primera persona) de manera distinta que en los demás (terceras personas). Es decir, la forma en que una persona se atribuye un dolor (u otra sensación) y la forma en que terceros se lo atribuyen son tan diferentes, que las frases ´me duele´ del que siente un dolor y ´le duele´ del que lo observa, si son verdaderas, se basan en distintas evidencias (Strawson, 1959; Shoemaker, 1963; Searle, 1992; Singer, 1993; Seht, 2018)". https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022021000501383

[32] La doctrina, en términos generales, ha inscrito la sintiencia en una concepción amplia (variados y complejos), al expresar sensaciones de dolor y placer, física y emocionalmente; mostrar resistencia ante una dolencia; exponer deseos, preferencias, preocupaciones, alegrías y miedos, entre otras; factores que permiten conocer y a la vez determinar si respecto a los animales se ha actuado con bondad o nocividad, entendiendo por la primera no solo el placer físico sino también otras manifestaciones positivas como la tranquilidad y el bienestar, mientras que la segunda no limitada a una dolencia física sino que involucra experiencias negativas traducidas en angustia, insatisfacción y frustración.

[33] . M.P. Alejandro Linares Cantillo.

[34] . Utilizaré la expresión animales para hacer referencia a los no humanos, en tanto que para referirse a estos últimos utilizaré tanto la expresión humanos, como seres humanos o personas.

[35] . Frente al Primer Cargo, la Sala Plena concluyó que este era inepto pues carecía del requisito de certeza en tanto se propuso un alcance de la norma que no correspondía con su verdadero contenido normativo. Así, solo a partir de una interpretación irrazonable y meramente subjetiva de la disposición podía considerarse que la expresión "estética" sustraía de sanción una conducta constitutiva de maltrato animal. Por el contrario, la Sala Plena determinó que la finalidad del dispositivo demandado sería delimitar el alcance de una presunción legal, lo cual no excluye del ius puniendi administrativo una conducta que pudiese resultar cruel o dañina. Así, en el literal c) del artículo 6° del Estatuto Nacional de Protección de los Animales, que interesa en esta oportunidad, se señaló que la presunción de maltrato no comprendía el "[r]emover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro, órgano o apéndice de un animal vivo" por razones estéticas. Esa sola manifestación legislativa, sin embargo, no supone que la conducta esté excluida de la facultad sancionatoria, pues lo único que hace la expresión es no permitir la aplicación de una presunción legal en torno a la crueldad o daño que pueda acarrear la actividad. En este escenario corresponderá a la autoridad demostrar la  responsabilidad subjetiva del agente en la comisión de un acto cruel o dañino y, solo entonces, el responsable podrá ser sancionado por la mutilación. En suma, el alcance real de la norma consistió en dejar una determinada conducta por fuera de una presunción legal en los términos del artículo 166 del Código General del Proceso, pero no de las conductas sancionables.

[36] https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/el-dia-en-que-colombia-dejo-de-ser-un-infierno-para-los-animales-447244

[37] Está demás señalar que estas excepciones más bien podrían denominarse recreativas y que no resulta comprensible que aún en el estado actual de desarrollo del mandato de protección a los animales, la simple recreación no debería justificar el maltrato, pero esa ha sido discusión de otros procesos.

[38] Otra comprensión relevante de la disposición, admisible desde un punto de vista semántico, sería la del uso de animales para testeo o pruebas para la elaboración de cosméticos. Esta, sin embargo, ha sido regulada recientemente por la Ley 2047 de 2020 ("Por la cual se prohíbe en Colombia la experimentación, importación, fabricación y comercialización de productos cosméticos, sus ingredientes o combinaciones de ellos que sean objeto de pruebas con animales y se dictan otras disposiciones") y, en consecuencia, por el carácter especial de la nueva normativa, no parece que deba subsumirse dentro de la excepción del literal c del artículo 6º de la Ley 84 de 1989.

[39]

[40] Intervenciones quirúrgicas como las descritas, por cierto, también algunas han sido prohibidas en la Unión Europea, a partir del tratado para la protección de especies utilizadas como mascotas, salvo si persiguen una finalidad terapéutica.  https://rm.coe.int/168007a67d. European Convention for the Protection of Pet Animals Strasbourg, 13.XI.1987.

2

Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial S.A.S.©
"Leyes desde 1992 - Vigencia Expresa y Sentencias de Constitucionalidad"
ISSN [1657-6241 (En linea)]
Última actualización: 31 de octubre de 2024 - (Diario Oficial No. 52.908 - 13 de octubre de 2024)

Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.