REPÚBLICA DE COLOMBIA

Corte Constitucional

Sala Plena

SENTENCIA C-251 DE 2026

Referencia: expediente D-17104.

Asunto: demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 6° (parcial) de la Ley 1908 de 2018, que adicionó el artículo 340A de la Ley 599 de 2000.

Actores: Daniel Suárez Madera y Juan Luis Jaramillo Arias

Magistrada ponente:

Natalia Ángel Cabo

Bogotá, D. C., doce (12) agosto de dos mil veintiséis (2026)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y previo cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, profiere la siguiente:

SENTENCIA.

Síntesis de la decisión

La Corte Constitucional estudió una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 6° (parcial) de la Ley 1908 de 2018, que adicionó el artículo 340A de la Ley 599 de 2000. Para los accionantes, la expresión “sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen lícito de los honorarios”, contenida en dicha disposición, vulneró el artículo 29 de la Constitución. Según la demanda, la exigencia de acreditar el origen lícito de los honorarios, para los abogados que prestan defensa técnica a personas presuntamente vinculadas a grupos delictivos organizados, viola el debido proceso y la presunción de inocencia.

Para resolver el asunto, como cuestión previa, la Corte analizó la configuración de la cosa juzgada constitucional. Con ese fin, esta sentencia reiteró la jurisprudencia sobre el fenómeno de la cosa juzgada y se refirió al contenido de la Sentencia C-035 de 2026, que estudió la constitucionalidad de la expresión acusada respecto del mismo cargo planteado en esta oportunidad. Al respecto, la Corte recordó que en esa sentencia se declaró la inexequibilidad de la expresión “deber de acreditar sumariamente el”, por encontrarla contraria al debido proceso y la presunción de inocencia.

A partir de esas consideraciones, la Corte resolvió estarse a lo resuelto en la Sentencia C-035 de 2026 ante la configuración de la cosa juzgada formal y absoluta. Ello pues, mediante esa decisión, la Corte expulsó de forma definitiva la norma demandada del ordenamiento jurídico.

ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, los ciudadanos Daniel Suárez Madera y Juan Luis Jaramillo Arias presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6° (parcial) de la Ley 1908 de 2018, que adicionó el artículo 340A de la Ley 599 de 200. Los actores plantearon que la disposición acusada desconocía los artículos 29, 83 y 250 de la Constitución. En concreto, la demanda planteó tres cargos: (i) la violación del derecho al debido proceso y el principio de la presunción de inocencia, (ii) la transgresión del principio de buena fe y (iii) el desconocimiento de la función investigativa asignada, de forma exclusiva, a la Fiscalía General de la Nació.

Mediante un auto del 20 de enero de 2026, la magistrada sustanciadora admitió únicamente el cargo por violación del artículo 29 de la Constitución e inadmitió los cargos por la violación de los artículos 83 y 250 constitucionales. Luego de la corrección de la demanda, mediante auto del 11 de febrero de 2026, la magistrada ponente rechazó los cargos inadmitidos y, respecto del cargo por violación del artículo 29 de la Constitución admitido, dispuso: (i) la fijación en lista del proceso para la recepción de intervenciones ciudadanas; (ii) el traslado a la Procuraduría General de la Nación; (iii) la comunicación del inicio del trámite al presidente de la República; al presidente del Congreso de la República y al Ministerio de Justicia y del Derecho; y (iv) la invitación a diversas entidades y universidades para participar en la presente actuació.

Norma demandada

A continuación, se transcribe y subraya el aparte correspondiente a la disposición acusada:

“Ley 1908 de 201

(Julio 09)

Por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones

criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones.

(…)

Artículo 6. Adiciónese el artículo 340A de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 340A. Asesoramiento a Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados. El que ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos o científicos, ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados, incurrirá por esta sola conducta en· prisión de seis (6) a diez (10) años e inhabilidad para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio por veinte (20) años.

No se incurrirá en la pena prevista en este artículo cuando los servicios consistan en la defensa técnica, sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen lícito de los honorarios. En todo caso el Estado garantizará la defensa técnica”.

La demandD0017104-Presentación Demanda-(2025-12-09 20-58-20).pdf

Para los actores la disposición acusada desconoce la presunción de inocencia y el debido proceso, en la medida en que exige al defensor acreditar sumariamente el origen lícito de sus honorarios para no incurrir en responsabilidad penal por el delito de asesoramiento a grupos delictivos y armados organizados. En criterio de los demandantes, ello implica una inversión de la carga de la prueba y la imposición de una presunción de culpabilidad. Esto porque el defensor estaría en la obligación de demostrar “su inocencia mediante la acreditación de […]: la no colaboración con fines de continuidad de las conductas ilícitas, con grupos armados y el origen lícito de sus honorarios”. Según señalaron, esta exigencia transforma el ejercicio de la defensa técnica en un factor de riesgo pena y desconoce el principio según el cual corresponde al Estado desvirtuar la presunción de inocenci.

Intervenciones

En el trámite de constitucionalidad se recibieron cinco intervenciones. El Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia solicitó que se declarara la inexequibilidad de la norma mientras los demás intervinientes solicitaron a la Corte “estarse a lo resuelto en la Sentencia C-035 de 2026”. Las posturas de los intervinientes se sintetizan así:

Por su parte, en la siguiente tabla se exponen los argumentos desarrollados por cada uno de los intervinientes en los escritos remitidos a la Corte:

Concepto del procurador general de la Nación

El procurador general de la Nación solicitó a la Corte “estarse a lo resuelto en la Sentencia C-035 de 2026”. Preliminarmente, el funcionario formuló una “declaración de transparenciaD0017104-Concepto del Procurador General de la Nación-(2026-04-07 15-23-13).pdf en la que indicó si bien realizó actuaciones formales en el proceso legislativo que dio origen a la disposición demandada, en su calidad de secretario del Senado de la República, no se encuentra inmerso en una causal de impedimento porque el cargo admitido en este caso está relacionado con cuestiones de fondo. Al respecto, precisó que en el proceso de constitucionalidad surtido bajo el radicado D-16487, frente a la misma norma y por un cargo similar, la Sala Plena rechazó su manifestación de impedimento mediante el Auto 1171 de 2025.

Respecto al caso concreto, el jefe del Ministerio Público recordó que, conforme al artículo 243 de la Carta Política, las decisiones de la Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, de suerte que adquieren el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Así, insistió en que esta figura busca asegurar la supremacía de la Constitución y garantizar los principios de seguridad jurídica, igualdad y confianza legítima.

Luego de caracterizar las diferentes modalidades de ese fenómeno, el procurador recordó los requisitos que se exigen para la configuración de la cosa juzgada absoluta. En concreto, señaló que para ello se debe identificar: (i) la identidad de objeto, (ii) la existencia de una decisión de constitucionalidad previa con identidad de cargos formulados y (iii) la ausencia de modificación sustancial del contexto legal o del parámetro constitucional que sirvió de fundamento al examen anterior.

A partir de estos planteamientos, el ministerio público sostuvo que se configura el fenómeno de la cosa juzgada respecto de la Sentencia C-035 de 2026 ya que “en dicha providencia la Corte analizó la norma demandada bajo el mismo precepto superior que se pone de presente en el actual expediente. Asimismo, el concepto hizo énfasis en que la sentencia en cuestión declaró la inexequibilidad de la expresión “deber de acreditar sumariamente el”, con fundamento en que “lo que era contrario a la Carta no era exigir que la defensa técnica se asuma con recursos lícitos, sino que dicha circunstancia tuviera que ser demostrada por quien ejerce la defensa técnica, más no por el ente acusador.

Por lo anterior, el procurador general de la Nación solicitó que la Corte declare estarse a lo resuelto en la Sentencia C-035 de 2026 pues, a su juicio, entre aquel y el presente asunto existe: (i) identidad de objeto, (ii) identidad de causa petendi y (iii) identidad de parámetro constitucional. Además, advirtió que no existe ninguna alteración en el contexto normativo ni elementos adicionales que impliquen el debilitamiento de la cosa juzgada constitucional. Sin perjuicio de lo anterior, el ministerio público solicitó que se incorporen en el presente asunto los planteamientos del concepto rendido sobre la constitucionalidad de la norma en el marco del expediente D-16487.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241.4 de la Constitución Política, la Corte es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada en este proceso, dado que en ella se cuestiona una ley de la República.

Cuestión previa: análisis de la cosa juzgada

En el presente proceso de constitucionalidad, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fundación Jurídica Proyecto Inocencia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Semillero en Derecho Penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana y el procurador general de la Nación solicitaron que la Corte se declare estarse a lo resuelto en la Sentencia C-035 de 2026. Ello porque, dentro del expediente D-16487 que finalizó con la citada sentencia, la Corte conoció de una demanda de inconstitucionalidad formulada contra la misma expresión ahora cuestionada.

Ante ese escenario, antes de examinar el fondo del asunto, la Corte debe verificar si se configuró el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Si ello es así, la Corte debe declararse estarse a lo resuelto en la sentencia previ. Con ese fin, este Tribunal, primero, reiterará brevemente su jurisprudencia sobre la cosa juzgada. Segundo, hará referencia al contenido de la Sentencia C-035 de 2026. Finalmente, en una tercera parte, la Sala Plena establecerá si, en este caso, existe cosa juzgada.

La cosa juzgada constitucional. Reiteración de jurisprudenci

El artículo 243 de la Constitución Política establece que “los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”. A continuación, la norma constitucional dispone que “[n]inguna autoridad judicial podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”. En desarrollo de la norma constitucional, los artículos 48 de la Ley Estatutaria 270 de 1996 y 21 del Decreto Ley 2067 de 1991 establecen que todas las sentencias proferidas por la Corte en ejercicio de sus competencias de control abstracto “son definitivas, de obligatorio cumplimiento y tienen efectos [generales]”. Por ello, la Corte Constitucional, por regla general, no puede pronunciarse respecto de un asunto fallado con anterioridad.

La jurisprudencia constitucional reconoce que la configuración de la cosa juzgada solo ocurre cuando se configuran tres parámetros en un caso concret. Primero, que la demanda se dirija contra el mismo contenido normativo de una proposición jurídica estudiada en una sentencia previa. Tal requisito se puede configurar de dos formas: (i) cuando la demanda se dirige contra un mismo enunciado normativo ya evaluado en una sentencia anterior o (ii) cuando el contenido normativo se encuentre en un enunciado diferente, pero con significado equivalent. Segundo, que se presenten los mismos cuestionamientos o argumentos abordados en el fallo anterio; y tercero, que el parámetro normativo de control no haya variado.

Paralelamente, este Tribunal ha identificado los tipos de cosa juzgada constitucional. Así, en primer lugar, la cosa juzgada formal ocurre cuando la Corte ya se pronunció respecto de la disposición demandada, evento en el cual la Sala Plena debe estarse a lo resuelto en la sentencia previa. En segundo lugar, la cosa juzgada material es aquella que ocurre cuando se acusa una disposición que, si bien es formalmente distinta, tiene un contenido normativo idéntico al de otra que fue objeto de control por este Tribuna.

En tercer lugar, la cosa juzgada puede ser absoluta, relativa o aparente. La cosa juzgada absoluta es aquella que se da cuando, en la sentencia previa, la Corte ejerció control sobre la norma de forma integral y definitiva, de acuerdo con el artículo 241 de la Constitución Política. Esto ocurre, por ejemplo, con el control ejercido sobre las leyes estatutarias, los decretos legislativos proferidos en el marco de los estados de excepción y sobre los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias. En esos casos se entiende que el control de constitucionalidad se ejerció respecto de la integralidad de la Constitución. Además, esta modalidad de cosa juzgada también opera en los eventos en que el enunciado legal fue declarado inexequible, es decir, cuando fue expulsado del ordenamiento jurídico. Ahora bien, los efectos de la cosa juzgada absoluta son los de conferir a la decisión el carácter de inmutable, definitiva y vinculante, pues con ella se agotó el debate constitucional sobre la norm.

Sin perjuicio de lo anterior, conviene precisar que la cosa juzgada admite excepciones en eventos precisos y estrictos. En ese orden, el enervamiento de la cosa juzgad puede ocurrir si: (i) se configuró una modificación al parámetro de control constitucional, (ii) se produjo un cambio en la significación material de la Constitución y (iii) hubo una variación del contexto normativo o de aplicación de la disposició. Así, por ejemplo, el fenómeno de la inconstitucionalidad sobreviniente se presenta cuando el vicio de constitucionalidad ocurre con posterioridad al control integral ejercido, pues con ello ha operado un cambio en el referente de control. También puede presentarse la inconstitucionalidad sobrevenida porque el vicio que afecta a la norma juzgada se configuró con posterioridad al pronunciamiento de la Corte y consiste, por ejemplo, en la indebida sanción de la le.

En todo caso, cuando la cosa juzgada absoluta se presenta porque la Corte expulsó del ordenamiento jurídico determinada norma, no es viable realizar un nuevo análisis de fondo respecto de demandas en trámite o futuras acciones contra la misma norma. Ello pues, como ha señalado la Corte, en esos eventos se elimina el objeto mismo de un eventual juicio de constitucionalida. Al respecto, la Sala Plena ha sostenido que:

“el principio de cosa juzgada constitucional absoluta cobra mayor relevancia cuando se trata de decisiones de inexequibilidad, por cuanto en estos casos las normas analizadas y encontradas contrarias a la Carta Política son expulsadas del ordenamiento jurídico, no pudiendo sobre ellas volver a presentarse demanda de inconstitucionalidad o ser objeto de nueva discusión o debate.

En cambio, la cosa juzgada relativa es aquella que ocurre cuando, implícita o explícitamente, la Sala Plena restringió los efectos de su decisión a los cargos analizados. En estos eventos, es posible un nuevo pronunciamiento sobre la disposición si esta es acusada por cargos nuevos, distintos a los ya analizados. Por su parte, la cosa juzgada constitucional aparente se configura cuando una norma fue declarada exequible en la parte resolutiva de la sentencia, pero la parte motiva de la sentencia no contiene, siquiera mínimamente, la argumentación que sustente esa determinación. En esos eventos debe entenderse que la declaratoria de exequibilidad resultó de un descuido o error de transcripción en la resolutiva, por lo cual esa declaración no adquirió la fuerza vinculante de la cosa juzgada. En consecuencia, la disposición puede ser demandada nuevamente para que la Corte Constitucional realice, esta vez de manera real, el respectivo examen de fond.

En la siguiente tabla se resumen las tipologías de cosa juzgada constitucional reseñadas, los supuestos en los que se configuran y sus consecuencias respecto de los procesos en curso:

Fuente: elaboración propia a partir de la Sentencia C-462 de 2024.

En síntesis, la cosa juzgada constitucional es una figura jurídica que confiere carácter definitivo e inalterable a una decisión judicial. De esa forma se busca evitar que la norma analizada sea nuevamente objeto de examen o que sea reproducida en el ordenamiento jurídico. Por su parte, en el caso particular de las sentencias de inexequibilidad, la cosa juzgada tiene carácter absoluto, pues la disposición es expulsada del sistema jurídico. En consecuencia, no es posible realizar un nuevo análisis de fondo respecto de demandas en trámite o frente a futuras acciones contra la misma norma. Por eso, la Corte debe limitarse a acatar lo decidido en la sentencia previa que declaró su inexequibilidad.

La Sentencia C-035 de 2026

En la Sentencia C-035 de 2026, la Corte estudió una demanda de inconstitucionalidad formulada contra la expresión “sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen lícito de los honorarios” contenida en el artículo 6 de la Ley 1908 de 2018, que adicionó el artículo 340A del Código Penal. El apartado demandado hace parte de la norma que tipifica el delito de asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados.

En el mencionado proceso de constitucionalidad, este Tribunal analizó un cargo por la transgresión del derecho a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 29 de la Constitución. En concreto, el demandante sostuvo que la norma le exigía al abogado defensor acreditar el origen lícito de los honorarios percibidos. Esto, pese a que, a su juicio, esa carga le correspondía a la Fiscalía General de la Nación, pues es la entidad que tiene el deber de probar, más allá de toda duda razonable, el origen lícito de los honorarios o que el abogado actuó con el propósito ilícito exigido por el tipo penal.

En el caso concreto, la Corte encontró que la tipificación del delito de asesoramiento a organizaciones delictivas tenía una finalidad constitucional legítima y se enmarcaba en el amplio margen de configuración legislativa en materia penal. Sin embargo, este Tribunal recordó que la potestad legislativa no es absoluta y está sujeta a límites precisos relacionados con el respeto de los valores, principios y derechos definidos en la Constitución y el bloque de constitucionalidad. A partir de esas premisas, la Sala concluyó que la exigencia a los apoderados judiciales de acreditar el origen lícito de los honorarios afecta, de manera injustificada, la presunción de inocencia como núcleo esencial del derecho al debido proceso. Ello en la medida en que invierte la carga probatoria a cargo del Estado de acreditar más allá de toda duda razonable que la defensa técnica se dio con fines ilícitos.

Con fundamento en lo anterior, la Corte precisó que lo que resulta inconstitucional es la exigencia de que sea el abogado quien acredite tal circunstancia, mas no la exigencia de que los honorarios tengan un origen lícito. Por ello, según explicó esta Corporación, la inconstitucionalidad reposa en la inversión de la carga de la prueba para que sea el abogado quien acredite la licitud de los honorarios. Por esa razón, la Sala Plena se decantó por declarar la inexequibilidad solo respecto de la expresión “deber de acreditar sumariamente el”. De esa forma, la Corte Constitucional buscó evitar la afectación de la estructura del tipo penal con el cual se busca la persecución penal de las personas que, a través de su asesoramiento, contribuyen al funcionamiento de las organizaciones delictiva.

Verificación de la cosa juzgada en el caso concreto

En esta oportunidad, los accionantes demandaron la inconstitucionalidad de la expresión “sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen lícito de los honorarios” contenida en el artículo 6 de la Ley 1908 de 2018, que adicionó el artículo 340A del Código Penal, por la transgresión del artículo 29 constitucional. Para los actores, la norma demandada desconoce la presunción de inocencia y el debido proceso, pues supone la inversión de la carga probatoria y la presunción de responsabilidad de los abogados que presten defensa técnica a personas presuntamente vinculadas a estructuras delictivas. Con ello, la norma desconoce el principio según el cual le corresponde al Estado la obligación de desvirtuar la presunción de inocencia.

A partir de lo anterior, la Corte Constitucional encuentra que en este caso se configuró el fenómeno de la cosa juzgada constitucional respecto de la Sentencia C-035 de 2026, decisión que fue proferida mientras el presente trámite se encontraba en curs. Lo anterior porque en dicha sentencia, la Corte expulsó del ordenamiento jurídico la norma objeto de la presente demanda. En concreto, la Sala Plena declaró la inconstitucionalidad de la exigencia, a cargo de los abogados defensores, de demostrar el origen lícito de los honorarios percibidos cuando prestan asesoría técnica a presuntos integrantes de grupos ilegales.

En efecto, tanto en la Sentencia C-035 de 2026 como en esta oportunidad la norma demandada corresponde a la que se deriva de la expresión “sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen lícito de los honorarios” contenida en el artículo 6 de la Ley 1908 de 2018. Al respecto, como quedó explicado en los fundamentos 24 y siguientes de esta providencia, la Corte encontró que la norma que se derivaba de la expresión demandada, que imponía el deber de demostrar la licitud de los honorarios a los abogados defensores, era contraria al artículo 29 constitucional. Ello porque, mediante esta, se desconocía el derecho a la presunción de inocencia de los abogados defensores que prestan asesoría técnica a los presuntos miembros de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. De esa forma, el legislador desconoció el principio según el cual le corresponde al Estado la obligación de desvirtuar la presunción de inocencia.

Por su parte, este Tribunal encontró que el resto de la disposición, estudiada a la luz del cargo planteado, no resultaba contraria a la Constitución. Ello luego de advertir que la exigencia de que los honorarios tengan un origen lícito no transgrede el artículo 29 de la Carta, pues lo que es contrario a la Constitución es la exigencia de que sea el abogado quien esté obligado a demostrar tal licitud.

Conforme a lo anterior, en el presente asunto se configuró el fenómeno de la cosa juzgada formal y absoluta respecto de la expresión “deber de acreditar sumariamente el” que integra la disposición demandada y que constituye el apartado efectivamente expulsado del ordenamiento jurídico. Como se señaló en los fundamentos  y  de esta providencia, esta modalidad de cosa juzgada se presenta cuando la Corte expulsa del ordenamiento jurídico normas de naturaleza legal que contravienen uno o varios preceptos constitucionales. En esa medida, dado que la norma cuestionada en este caso es la misma declarada inconstitucional previamente, la única opción jurídicamente válida es la de estarse a lo resuelto en la Sentencia C-035 de 2026.

Por demás, conviene precisar que el hecho de que la declaratoria de inconstitucionalidad en la sentencia previa no se haya realizado frente a toda la expresión demandada, no descarta la configuración de la cosa juzgada en los términos expuestos. Ello en vista de que aquel pronunciamiento se produjo respecto de la misma norma cuestionada en este caso, esto es: el deber, a cargo del abogado defensor, de acreditar el origen lícito de los honorarios.

Al respecto, como se explicó en el fundamento  de esta decisión, la Corte decidió no expulsar toda la disposición acusada con el fin de no afectar la estructura del tipo penal de asesoramiento a grupos delictivos. De esa forma, aunque no se haya declarado inexequible toda la disposición, la norma objeto de control en este y en aquel caso es la misma y corresponde a la que fue excluida del ordenamiento jurídico. Por otro lado, la ratio decidendi de la C-035 de 2026 ya resolvió, de manera completa, el único cargo constitucional planteado en esta oportunidad. Esa circunstancia impide un nuevo pronunciamiento sobre el apartado que no fue declarado inexequible frente al cargo aquí estudiado.

Por lo tanto, la Sentencia C-035 de 2026 constituye cosa juzgada formal y absoluta frente a la expresión “sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen lícito de los honorarios” por el desconocimiento de la presunción de inocencia y el debido proceso. En consecuencia, como la única opción jurídicamente válida para la Corte en esta ocasión es estarse a lo resuelto en la Sentencia C-035, no procede emitir un pronunciamiento distinto al que previamente profirió.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

Único. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-035 de 2026 que declaró la inexequibilidad de la expresión “deber de acreditar sumariamente el” contenida en el inciso segundo del artículo 340 A de la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 6 de la Ley 1908 de 2018, “por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones”.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

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ISSN [1657-6241 (En linea)]
Última actualización: 15 de octubre de 2026 - (Diario Oficial No. 53.651 - 7 de octubre de 2026)

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